Aqui se narra el caso del El Pueblo Kamentza, que habita su territorio ancestral en el valle de Sibundoy, gestionando sus derechos ante el Estado, organizando la gestión territorial y defendiéndose de las presiones extranjeras que vienen con los megaproyectos mineros.
Las autoridades campesinas de Zongo en la lucha por la defensa de su territorio demostraron que legítimamente son autoridades para ejercer justicia en sus territorios y en lugares donde la gente quiera acogerse a su jurisdicción, se abrió un camino para practicar su autodeterminación recuperando las tierras que había acaparado un empresario minero.
La experiencia está ubicada cerca a la propuesta de área de conservación regional Señor de la Cumbre – Inambari, en provincia Tambopata, Perú, donde ocurren y se desencuentran diferentes actividades económicas y formas de organización social que se sujetan a los procedimientos oficiales de acceso a la tierra, pero también que ejercen formas de control social y alternativas al extractivismo.
Este caso se centra en un territorio amenazado por la minería a gran escala en donde las comunidades han construido estrategias para proteger su espacio de vida ante la amenaza, entre ellas, la compra de predios con bosque nativo a otros propietarios para manejo comunitario.
Continúa la convulsión en el valle del Tambo, en la región de Arequipa, departamento del sur del Perú, donde los agricultores iniciaron un paro hace casi dos meses, protestando contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú Copper Corporation. El gobierno envió a la zona más de dos millares de policías y un contingente de militares. En el distrito de Cocachacra, hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías con un saldo de tres muertos (dos pobladores y un policía) y centenares de heridos, hasta la fecha.
La ciudadanía boliviana acaba de darle un nuevo y rotundo si a la presidencia de Evo Morales, a través del voto. En ese marco, es oportuno reflexionar sobre algunas de las tensiones que la gestión del mandatario ha tenido en los años anteriores y presumiblemente seguirá enfrentando en los próximos. El autor del presente Diálogos expone las tensiones irresueltas entre la creciente explotación minera y los derechos campesinos indígenas.
El autor, geógrafo alemán trabajando en Perú, nos propone una aproximación a los conflictos mineros en ese país, a partir del caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo y su potencial de la agricultura familiar como alternativa al extractivismo. El trabajo mereció una mención especial en el concurso anual Alimentos y pensamientos, porque contrapone directamente minería con agricultura familiar enfocada en recursos esenciales y a partir de un caso local con argumentación teórica general.
Este artículo (tercer lugar en el Concurso Anual) hace un recuento de los daños que, a nivel ambiental, social y económico, ha generado la multinacional Glencore en Argentina, Colombia y Perú, enfatizando la evasión de impuestos y regalías, a contravía del argumento de “utilidad pública” en el cual se basa la legislación que soporta la minería y el extractivismo en estos países, y de la propia empresa, cuando afirma que “Contribuye al desarrollo económico de los países pobres (…) comprometido con la sostenibilidad” ambiental”.
* Werner Jungbluth Melgar
(*) Federico Tenorio Calderón
La pobreza en el Perú está concentrada en la población rural y sigue siendo un tema pendiente y un desafío para el nuevo gobierno nacional. Recién concluida la segunda vuelta con la elección de Ollanta Humala como nuevo presidente del Perú, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), invitó a Federico Tenorio, especialista en desarrollo, para presentar una visión de los principales desafíos que ese país enfrenta en el área de desarrollo rural.
Discordia y ambigüedad, son las dos palabras que describen la relación entre la minería a gran escala y el desarrollo. “Discordia” porque para la mayoría la minería frecuentemente ha producido efectos sociales, medio ambientales y económicos adversos y, para muy pocos ganancias significativas. Ambigüedad porque entre las poblaciones locales, así como a nivel de los profesionales del desarrollo, existe el sentimiento de que la minería podría contribuir mucho más. Los conflictos sociales y medioambientales producidos por el impacto de la minería surgen dentro de esa ambigüedad y conflicto.