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En Honduras, con la expedición del Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, empezó un trabajo institucional tendiente a reconocer que en el país, aún después del conflicto armado de 1907 y de 1969, persisten fenómenos de desplazamiento forzado, violencia y dinámicas de despojo de tierras, territorios y viviendas.
La presente consultoría se inscribe en el marco de los análisis y recomendaciones presentadas por el informe del Relator Especial para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas sobre su vista a Honduras en el año 2015; el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras del mismo año y el Informe de la Relatora Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas publicado en julio de 2016. En estos tres informes y en el documento de Caracterización sobre Desplazamiento Interno en Honduras publicado en 2015 por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, se evidencia cómo las situaciones de inseguridad y violencia que se viven en el país, han incidido en el desplazamiento forzado de personas y comunidades, sin que hasta el momento se tenga un marco legal especial ni una política pública que dé respuesta integral a estas violaciones a los derechos humanos.