Muchos de sus habitantes han sido víctimas de despojo. La mayoría de solicitudes están en Antioquia.
De las 726 solicitudes de restitución de tierras que hay en Mutatá, Antioquia, 190 corresponden a Belén de Bajirá. Esto significa que el 26 por ciento de los reclamantes de todo el municipio fueron despojados de predios ubicados en el corregimiento que hace una semana pasó a ser del Chocó.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, en Belén de Bajirá han sido falladas 49 solicitudes, todas a favor de los campesinos reclamantes que demostraron ser desplazados.
Desde la segunda mitad de la década del 90, esa región de Urabá (Belén de Bajirá y las comunidades aledañas) se vio afectada por la llegada de paramilitares. La desmovilización de las autodefensas hace una década no significó que los campesinos pudieran regresar automáticamente a sus predios porque en el entretanto, Belén de Bajirá y sus vecinos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente, de Turbo –que también pasaron a Chocó con la reciente delimitación–, se convirtieron en grandes feudos de ganadería extensiva, cultivos de palma y bananeras.
Hoy, en Urabá y en especial en esa zona confluyen diferentes conflictos. Esto ha llevado a que no solo exista la polémica por la delimitación, sino que el despojo ha causado divisiones: las tierras son reclamadas hasta por cuatro propietarios; los reclamantes han decidido retornar, aunque no medie una decisión judicial. Hay titulación de predios colectivos, por ejemplo el de la Larga-Tumaradó –titulado a una comunidad negra en el año 2000 por el Incora–; también hay títulos individuales dentro de los predios colectivos y proyectos productivos que cambiaron la vocación que antes tenía esa tierra.
La pugna se ha tornado tensa y hasta violenta. Después de formulada la Ley de Restitución en el 2011, los reclamantes esperaban respuestas rápidas para poder regresar, pero con el paso del tiempo han empezado a actuar por sus propios medios, muchos de ellos invadiendo las tierras que reclaman enfrentándose a desalojos violentos y amenazas. Por ejemplo, la hacienda Monteverde, en Macondo, con más de 1.000 hectáreas, es desde el 2015 uno de los escenarios de mayores disputas por la invasión de reclamantes.
Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), desde el 2008 han sido asesinados 73 reclamantes de tierras en Urabá. El último de ellos fue Porfirio Jaramillo, asesinado el 28 de enero pasado en el corregimiento de Nuevo Oriente.
Otro lío es el de los parceleros. En los años de mayor convulsión llegaron campesinos desplazados de otras regiones a repoblar la zona, amparados por el Estado. En el 2001 se constituyó con 164 familias la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), cuya primera representante legal fue Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y quien contó con el apoyo del Incora para ese proyecto. Ellos se instalaron en un predio de 1.100 hectáreas en la vereda Santa María la Nueva del Darién para trabajar en una bananera de exportación.
Hoy, decenas de familias piden que se les restituyan sus predios ubicados en esa tierra, pero los parceleros de la década del 2000 dicen que llegaron legalmente.
La situación es más grave porque, además, los ‘paras’ no solo quitaron la tierra sino que legalizaron los traspasos con ayuda de notarios y registradores, por lo que demostrar si los ocupantes obtuvieron la tierra de mala o de buena fe es una tarea titánica.
De hecho, en la zona nació una asociación de finqueros que se declaró víctima de la Ley de Víctimas y su objetivo es demostrar que llegaron a la región en los 90 para recuperar la tierra que las invasiones del Epl les habían quitado una década antes. La Asociación Colombiana de Propietarios Tierra, Paz y Futuro insiste en que la restitución debe hacerse basándose en las propiedades que había en los 80 y no en la época dura del paramilitarismo.