Desde el reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado, el Estado ha ampliado y fortalecido la protección para los derechos de las víctimas. No obstante, las vulnerabilidades asociadas a la situación de desplazamiento se han agudizado. Este escenario da cuenta de una relación paradójica. En este trabajo pretendo mostrar una de las caras de esa situación, la forma en que el Estado ha administrado el asentamiento de la población en situación de desplazamiento como una forma de respuesta a las demandas de las víctimas para la cesación de la situación de desplazamiento.

La Constitución Política de Colombia, consagra en su artículo 58 la garantía a la propiedad privada, y le endosa a esta una función social y al Estado el deber de propender por la protección y promoción de posesiones de tierra bajo formas asociativas y solidarias. En este contexto constitucional y en el de la globalización de la economía y de las teorías del desarrollo, se propone este trabajo determinar si el Estado colombiano, mediante las normas actuales y las políticas públicas vigentes, puede garantizar la pequeña propiedad rural y la supervivencia de las comunidades étnicas.

¿Los mecanismos judiciales creados en el marco de la justicia transicional para la defensa de los solicitantes de restitución de tierras en Colombia, resultan vulneratorios de sus derechos fundamentales en la práctica, producto del inadecuado manejo de la norma interna e internacional que aplican los funcionarios judiciales especializados?