por Yvette Sierra Praeli 

• Este año ocurrieron dos asesinatos de líderes indígenas de las comunidades nativas en Puerto Inca, Huánuco, y Puerto Bermúdez, Pasco. A estos hechos de violencia se suman las amenazas de muerte registradas en los últimos meses.
• La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre los casos de líderes indígenas asesinados y amenazados

“Tengo miedo”, repite más de una vez Carla del otro lado del teléfono. Nos pide por seguridad mantener su nombre en reserva. A su esposo, un líder indígena cacataibo que luchaba por la titulación de su territorio, lo mataron este año en Puerto Inca, Huánuco, mientras estaba en el campo concentrado en sus labores de caza y pesca.

La vida de Carla, como la concebía antes del asesinato de su esposo, no existe más. Se ha visto obligada a abandonar su trabajo, su casa y a dejar la comunidad para proteger su vida y la de sus hijos. “Te voy a matar”, le gritaron en la calle el 24 de agosto mientras se dirigía a una diligencia judicial. La amenaza provino de una persona que pasó muy cerca de ella a bordo de una motocicleta. Su voz se quiebra, se queda en silencio, pero unos segundos después retoma la entrevista para denunciar la violencia a la que está expuesta.

“Me dicen que tenga cuidado -dice Carla- porque estoy chocando fuerte con narcotraficantes, invasores de territorios y sicarios. Por eso tengo miedo”. Asegura que, desde la muerte de su esposo, las incursiones de los invasores dedicados al cultivo ilegal de coca han aumentado.

Estos ataques recientes y asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en Perú han llegado hasta Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, quien el 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.

El documento está firmado también por la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay.

Asesinatos en Puerto Inca

Un disparo acabó con la vida de Arbildo Meléndez Grandez el 12 de abril de 2020. Era jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, en la provincia de Puerto Inca, límite entre las regiones Ucayali y Huánuco, y defendía su territorio de la incursión de narcotraficantes.

Sandra Jesús Olivera Lara, asesora legal de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), a cargo del caso de Arbildo Meléndez, señala que el responsable del crimen –quien confesó el delito– forma parte de una organización criminal. “El eje central de este caso es el tráfico de terrenos y el tráfico de drogas. En Puerto Inca se invaden terrenos de zonas alejadas para el cultivo de coca ilegal”, comenta la abogada.

A Olivera le preocupa que el Ministerio Público considere el caso como homicidio culposo y que haya dejado en libertad al acusado tras dictar comparecencia restringida. La abogada sostiene que lo que correspondía era prisión preventiva.

Son varias las voces que apuntan al tráfico de drogas detrás de este asesinato. Uno de los líderes de la comunidad nativa Unipacuyacu, a quien llamaremos José por seguridad, señala que existen grupos organizados que invaden y trafican con las tierras de las comunidades nativas. Llegan a estos territorios, indica, se instalan bajo la apariencia de ser ganaderos o productores de cacao, pero en realidad destinan estos campos al cultivo ilícito de hoja de coca.

“Estamos invadidos por estas personas que se dedican a los cultivos ilícitos. Pero aquí, hablar de narcotráfico es peligroso”, confiesa José, quien también ha recibido amenazas. En Unipacuyacu –narra el indígena cacataibo– tienen la esperanza de que la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayude a combatir la situación de inseguridad que viven en Puerto Inca.

El asesinato de Arbildo Melendez no ha sido el único ocurrido en esta comunidad nativa del pueblo indígena cacataibo. José recuerda el asesinato del agente municipal Segundo José Reátegui Oyos y de su hijo de cuatro años ocurrido en mayo de 2010, así como otros dos crímenes ocurridos en los años siguientes.

Estos episodios de violencia han corrido en paralelo a los esfuerzos de la comunidad por lograr la titulación de su territorio. Han pasado ya dos décadas y aún no lo han conseguido. José cuenta que cada vez que avanzan en el proceso, llegan amenazas y asesinatos que paralizan cualquier trámite. “Ocurrió en el 2010, cuando estaba todo listo y coordinado con las autoridades para hacer un recorrido en nuestro territorio. Luego de varios años logramos nuevamente que accedan a ingresar y sucedió otro asesinato. Así nos mantienen amedrentados para no avanzar en la titulación”, lamenta.

El líder indígena menciona que de las 23 mil hectáreas que corresponden al territorio de la comunidad, por lo menos la mitad han sido invadidas por colonos que se instalan en los bosques aprovechando la falta de título de propiedad de la comunidad.

Según un informe realizado por la ORAU y la organización Amazon Watch –organización dedicada a la protección de la selva tropical y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía–, además del agente municipal asesinado en el 2010, ese mismo año desapareció Manuel Tapullima, testigo del crimen. En junio de 2016 ocurrió otro asesinato, en esa ocasión fue Justo Gonzáles Sangama, abuelo político de Arbildo Meléndez.

Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, asegura que el problema de titulación es clave en las comunidades ubicadas en Puerto Inca, y lamenta que en esta zona se haya incentivado la titulación de predios individuales para colonos. “Los dirigentes indígenas -precisa Pinto- nos cuentan que esta zona de frontera entre Huánuco y Ucayali se está convirtiendo en tierra de nadie”.

Los invasores muchas veces aparecen como pequeños agricultores y así es como logran obtener los títulos de propiedad y arrebatarles las tierras a las comunidades, explica el representante de Amazon Watch. “Hay una alerta de que en la zona se están instalando cultivos ilegales y de que los que hacen esta actividad han tenido el apoyo de instituciones públicas para la titulación individual”, indica.

Pinto señala que con el caso de Isaac Huamán –ex director regional de Agricultura de Ucayali, acusado de tener vínculos con una red de tráfico de tierras– se ha evidenciado que los intereses de las mafias han penetrado en instancias de poder.

El representante de Amazon Watch en Perú también recuerda que el último informe de Monitoreo de Cultivo de Coca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), del 2016, indicaba que los cultivos de hoja de coca habían aumentado en Huánuco.

“Las propuestas alternativas no han funcionado en la Amazonía peruana y menos en Huánuco, al punto que en los años 2017, 2018 y 2019 los agricultores de la región exigieron a Devida que cambie su modelo de intervención en la zona”, dice el informe de Amazon Watch y ORAU.

Mongabay Latam consultó a Devida sobre estos temas pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.

Uno de los líderes de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira en Puerto Inca, recuerda el atentado del que fue víctima, en julio del año pasado, y del que también da cuenta el documento enviado por los relatores de las Naciones Unidas al gobierno peruano.

“Dispararon a mi casa”, cuenta, quien luego del atentado, en el que resultó herido su cuñado, tuvo que salir de su comunidad y refugiarse varios meses en Satipo. El dirigente narra como esa mañana de julio llegó muy temprano su cuñado mientras él se iba al campo. Los atacantes llevaban varios días rondando la casa en una moto, y ese día llegaron con la misma movilidad y abrieron fuego contra la casa dejando herido al cuñado a quien confundieron con el líder indígena asháninka. “Al día siguiente me dijeron que en realidad me estaban buscando a mí”.

La comunidad nativa Nueva Austria del Sira está situada en el área de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y fue reconocida por el Gobierno Regional de Huánuco en el año 2004, pero hasta el momento no ha conseguido la titulación de su territorio.

En el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las familias de la comunidad y evitar actos de violencia de parte de terceros”.

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Cultivos de coca en las comunidades nativas

El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre los cultivos de coca en Perú data del año 2018. En ese documento que registra el monitoreo realizado durante el 2017 se reporta 49, 900 hectáreas de sembrío de coca, 14% más que el año anterior.

En ese mismo informe se indica que la superficie cultivada en comunidades nativas se incrementó de 2 757 hectáreas en 2016 a 3366 hectáreas en 2017, un aumento de 22% entre ambos años. Mientras que en las áreas protegidas el aumento fue del 36% entre el 2016 y 2017.

“Desde el año 2018 no se hace público un informe de las Naciones Unidas sobre los cultivos de coca en Perú”, dice Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y temas de narcotráfico, quien explica cómo el narcotráfico se ha extendido desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) hacia los bosques de la selva de Ucayali, Huánuco y Pasco.

“Hasta hace tres años la zona donde había más narcopistas era la zona del VRAEM, alrededor de 180 pistas. Pero desde hace tres años parte de esas pistas se han trasladado a la margen derecha del río Pichis donde está Puerto Bermúdez. Después de la cuarentena deben estar activas más de 100 pistas en esa zona”, dice Yaranga.

El experto en narcotráfico explica que en toda la zona que va desde Puerto Bermúdez hasta Puerto Inca hay producción de coca. “Más que un problema de cultivos ilegales de hoja de coca es un problema de narcopistas”, señala Yaranga.

Explica también que durante la cuarentena el precio de la hoja de coca bajó a menos de 30 soles (alrededor de 10 dólares) la arroba –aproximadamente 12 kilos–, una diferencia abismal con los 150 soles (un poco más 40 dólares) que costaba antes de la llegada de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, apenas se reanudaron las actividades, la arroba de hoja de coca se disparó a 180 soles (aproximadamente 50 dólares).

Son varias las zonas en Perú donde Yaranga asegura existen pistas de aterrizaje dedicadas al narcotráfico: la franja que va de Puerto Bermúdez a Puerto Inca; la selva de Puno; el trapecio Amazónico; el límite entre Cusco y Madre de Dios y el sector de Condorcanqui en la región Amazonas, frontera con Ecuador.

Yaranga recuerda que Arbildo Meléndez no solo reclamaba por la titulación de su territorio, sino que también se enfrentaba al narcotráfico que abría nuevas pistas. “Las pistas de aterrizaje -insiste Yaranga- están en las comunidades nativas, en las áreas naturales protegidas y en las zonas de amortiguamiento”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior sobre estos temas pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.

Los ataques en Puerto Bermudez

El asesinato de Gonzalo Pio Flores, ocurrido luego de que desapareciera el 17 de mayo de este año, también figura en la carta enviada por las Naciones Unidas al Perú. Gonzalo era líder de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai en el distrito de Puerto Bermúdez, e hijo de uno de los líderes históricos de esta comunidad, Mauro Pío Pena, asesinado en el año 2013.

Gonzalo Pío Flores fue encontrado muerto en la comunidad nativa Alto San Pascual junto con su esposa Maribel Casancho Flores, quien resultó gravemente herida.

Jennrry Foor Zegarra, presidente de la Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Valle Pichis (ANAP), habla de las amenazas de las que han sido víctimas en esta y otras comunidades de la selva central.

El esquema de las invasiones de los territorios indígenas y su uso para cultivos ilícitos se repite en las comunidades ubicadas en Puerto Bermúdez, en la frontera entre Junín, Pasco y Ucayali.

“Hemos denunciado el tráfico de tierras. En Puerto Bermúdez las personas desaparecen por culpa de la hoja de coca”, dice Zegarra, quien recuerda que hasta el año 2016 esta zona estaba libre del narcotráfico. “En el año 2015 el Corah [Proyecto Especial Control Y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga] realizó su programa de erradicación de coca en el distrito de Constitución, y así llegaron a las comunidades de Puerto Bermúdez. Como vieron que eran comunidades alejadas se quedaron en ellas”, indica.

De acuerdo con la respuesta del gobierno peruano a la carta enviada por las Naciones Unidas, el asesinato de Gonzalo Pío Flores fue el resultado de una venganza, pues a la víctima se le acusaba de haber asesinado en el año 2017 al integrante de una familia también del pueblo asháninka.

Rocío Meza, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), a cargo de este caso, señala que los problemas por el territorio están detrás de este crimen, al igual que ocurrió con su padre Maurio Pío, asesinato que hasta hoy no ha sido resuelto.

La abogada de IDL señala que durante la época del conflicto armado en Perú –entre las décadas de 1980 y 2000– los integrantes de esta comunidad tuvieron que abandonar su territorio por la presencia de Sendero Luminoso. Sin embargo, con el proceso de retorno impulsado por el gobierno peruano, la comunidad Nuevo amanecer Hawai regresó a sus tierras.

El problema que surgió entonces fue la entrega de concesiones forestales a colonos que llevó a cabo el Gobierno Regional de Pasco dentro del territorio solicitado por la comunidad.

“La comunidad nativa logró su reconocimiento, pero no ha conseguido su titulación. Hace dos años se presentó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para que resuelva el caso de la titulación y estamos a la espera de este pronunciamiento”, dice Meza. “El Tribunal Constitucional ha confirmado que esta es una vía válida para debatir la titulación”.

También se ha presentado una demanda judicial –señala Meza– en la que se solicita la anulación de las concesiones entregadas por el Gobierno Regional de Pasco. “Hay una presión grande sobre las tierras que no están tituladas”, agrega Meza.

Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas señala que en Perú las personas son asesinadas, amenazadas o discriminadas por defender los derechos de sus comunidades. “La Defensoría del Pueblo -precisa Abanto- ha identificado que una de las principales causas de amenaza que sufren los líderes indígenas son las vinculadas a la protección de sus territorios. La presencia de actividades extractivas ilegales dentro o cerca de sus territorios propicia graves afectaciones y amenazas contra su vida e integridad”.

Abanto señala que el Perú cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos y un Protocolo de Protección de las personas defensoras elaborado por el Ministerio de Justicia. Pero precisa que “urge fortalecer la intervención de las entidades públicas para prevenir hechos de violencia o amenazas en el mismo territorio donde están los líderes. La labor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público debe estar orientada a la prevención de riesgos”.

Abanto considera que la carta enviada por las Naciones Unidas hace “un llamado de atención necesario al Estado” sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Perú.

Mongabay Latam solicitó una respuesta sobre estos casos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Esta comunicación liderada por la relatora Lawlor –dice Vladimor Pinto, de Amazon Watch– es también relevante porque continúa con el trabajo que empezó su predecesor, el relator Michel Forst, que estuvo en Perú a inicios de este año e hizo un informe amplio sobre el tema de tierras, extractivismo y la situación de los defensores indígenas.

El ex relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, visitó de manera oficial el Perú entre el 21 de enero y el 3 de febrero de 2020. Durante su visita se reunió con líderes indígenas entre ellos Arbildo Meléndez.

En su informe final, Forst invocó al presidente y al gobierno peruano para que se comprometan a adoptar un mecanismo multisectorial para la protección de las personas defensoras.

“Las comunidades indígenas, los campesinos, las personas defensoras del derecho a la tierra y del ambiente son los grupos de defensores y defensoras que corren mayor riesgo en Perú. Se enfrentan a campañas de desprestigio, a la exclusión de los foros de toma de decisiones, a la criminalización, incluso con procesamientos falsos, a detenciones ilegales, a vigilancia, a amenazas, a violencia y a asesinatos”, señala en el informe.

Si bien Forst reconoce los esfuerzos del Ministerio de Justicia, lamenta que “un gran número de personas defensores de derechos humanos, y especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio”.

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