Foto: Francisco Davis Phatterson
El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) recibió la denuncia de parte de miembros del pueblo
indígena Mayangna sobre la masacre ocurrida en horas de la noche del lunes 23 de agosto de 2021 en el cerro
Kiwakumbaih, territorio Mayangna Sauni As. En la masacre resultó asesinado el joven Albert Hernández
Palacio, quien fue sepultado el 26 de agosto a medio día Musawas la capital de la Nación Mayangna, de donde
era originario. También fue asesinado Armando Pérez Medina de 48 años originario de la comunidad Mayangna
de Suniwas; el resto de las víctimas –entre 11 y 16, ya que no se sabe con seguridad cuantas fueron las víctimas–
pertenecen al pueblo indígena Mískitu. Un menor de edad logró huir del lugar y posteriormente fue rescatado;
durante la masacre fueron asaltadas sexualmente –frente a las otras víctimas y dejados desnudos los cadáveres–
dos mujeres indígenas, una de iniciales K.G. de 31 años, cuyo cuerpo además fue desmembrado; y la otra mujer,
de iniciales B.C. de 42 años de edad, cuyo esposo fue asesinado frente a ella.
Aseguran los denunciantes que los atacantes forman parte de la banda Kukalón conformada por entre 40 y 100
hombres no indígenas armados con armas de guerra, liderada por Isabel Meneses -alias Chavelo- banda
delincuencial también señalada de haber perpetrado la masacre de la Comunidad de Alal en enero de 2020 y
que desde hace varios años opera libremente en la Reserva de Bosawás.
Sin embargo esta situación no es nueva, los Mayangna denunciaron como el primero, el asesinato Elías Charly
de 48 años de la Comunidad Musawas el 13 de febrero 2013. Ataques de manera sistemática y reiterada se han
venido realizando desde entonces en contra de los pueblos indígenas Mískitu y Mayangna de la Reserva de la
Biosfera de Bosawás.
Solo durante este año ya se han reportado ataques: el 22 de enero en comunidad de Karah Wilú, en el cerro
Tubuyna, en el que resultaron heridos con armas de fuego de alto calibre 3 guardabosques indígenas; el 4 de
marzo en la comunidad de Kimakwas, dejando como resultado 2 comunitarios heridos; el 10 de mayo en la
Comunidad de Silamwas en el ataque resultaron heridos 2 de los comunitarios que fueron atacados. Estos
ataques son adicionales a otros incidentes de amenazas e intentos de asesinato y de secuestro de parte de colonos
armados en otros territorios indígenas.
Mensajes como el enviado por los colonos en el cerro Kiwakumbaih: “Ningún mayangna debe venir aquí porque
serán asesinados”, son frecuentes, junto a frases racistas y de odio contra los indígenas. Asimismo, los actos de
tortura, tratos inhumanos y degradantes perpetrados en contra de las víctimas y principalmente en contra de las
mujeres indígenas en Kiwakumbaih, muestra el interés de aterrorizar para someter a estos pueblos y así usurpar
sus tierras ancestrales tituladas por el Estado a favor de los indígenas. Estos niveles de violencia y de racismo
son asegurados por medio de la impunidad generada por la discriminación estructural estatal de parte de las
autoridades; al incumplir con su deber legal de investigar los hechos, juzgar a los que resulten culpables, resarcir
a las víctimas y garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad. Ya que en casi una década de
la perpetración de estos ataque no hay ni un solo detenido ni enjuiciado por estos actos.
Lo anterior a pesar que los líderes y autoridades Mayangna en varias ocasiones han acudido a la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentando sus denuncias y pruebas, viajando hasta
Managua –asumiendo grandes costos económicos y altos riesgos– sin que la PDDH se haya pronunciado al
respecto.
El Pueblo Indígena Mayangna exige a la Policía Nacional y a los miembros del Batallón Ecológico del Ejército
de Nicaragua –estacionado en la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS– pronunciarse sobre las investigaciones
realizadas in situ en el cerro Kiwakumbaih; así como al Ministerio Publico, parte del sistema de justicia penal,
y en cumplimiento del ordenamiento jurídico, actuar en representación de las víctimas y de la sociedad
nicaragüense, sin discriminación alguna; y así realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.