Resumen del seminario web : Mercados de carbono y tierras indígenas: la importancia del consentimiento libre, previo e informado | Land Portal

Resumen

En el marco de la serie Diálogos sobre la Tierra, el 14 de septiembre de 2023 se celebró el tercer seminario web de la serie de este año "Mercados de carbono y tierras indígenas: la importancia del consentimiento libre, previo e informado". El seminario web reunió a algo menos de 500 participantes y contó con la participación de panelistas desde líderes indígenas hasta académicos. La serie está organizada por un consorcio de organizaciones, entre ellas la Fundación Land Portal, la Fundación Thomson Reuters, la Fundación Ford y el Tenure Facility.  

El seminario web se organizó en torno a cuatro temas principales

  • Desde un punto de vista jurídico, ¿qué son los mercados de carbono y cuáles son los principales problemas y retos que plantean? 
  • Desde una perspectiva comunitaria, ¿cuáles han sido las experiencias de las comunidades con los mercados de carbono? ¿Han funcionado hasta ahora para las comunidades? 
  • ¿Por qué es importante el consentimiento libre, previo e informado cuando se trata de proyectos que afectan a comunidades indígenas y locales? ¿Su presencia o ausencia ha supuesto una diferencia significativa en los resultados?
  • ¿Cuáles son los retos para las comunidades indígenas y locales, en términos de propiedad de sus propios datos, o de saber para qué se utilizan, cuando se trata de proyectos de compensación de carbono?

Thin-Lei Win, periodista de Sistemas Alimentarios y Cambio Climático, moderó la mesa redonda, en la que intervinieron los siguientes oradores

  • Levi Sucre Romero, Coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB)
  • Marisol García Apagueño, Secretaria de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA)
  • Marco Aurelio Chávez Coyoy, Coordinador del Departamento Jurídico, Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che'
  • Katherine Lofts, Investigadora Asociada Senior, Cátedra de Investigación de Canadá sobre Derechos Humanos, Salud y Medio Ambiente de la Universidad McGill 

 

Acá un breve resumen de cada uno de los cuatro temas principales de la cautivadora conversación. 

 

Desde un punto de vista jurídico, ¿qué son los mercados de carbono y cuáles son los principales problemas y retos que plantean?  

Katherine Lofts: en pocas palabras, un mercado de carbono es un sistema de comercio en el que se venden y compran créditos de carbono. Estos créditos de carbono se generan cuando las entidades (como comunidades, estados u otras jurisdicciones) eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y las empresas, particulares u otras entidades pueden comprarlos a través del mercado de carbono y utilizarlos para compensar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Un crédito de carbono comercializable equivale a una tonelada de dióxido de carbono o a la cantidad equivalente de otro gas de efecto invernadero.

En cuanto a los problemas y desafíos, los créditos de carbono no están haciendo lo que dicen hacer y los mercados de carbono y las prácticas que los rodean están vulnerando los derechos de las comunidades indígenas y locales. Hasta la fecha, la mayoría de estas intervenciones -estas soluciones basadas en la naturaleza o iniciativas de mitigación basadas en la tierra- se han desarrollado en zonas que habitualmente están en manos de pueblos indígenas, comunidades locales y pueblos afrodescendientes. Incluso en los casos en que se reconocen los derechos sobre la tierra, los derechos sobre el carbono almacenado en esas tierras y los derechos sobre las reducciones de emisiones comercializables que se derivan del carbono rara vez se definen explícitamente en la legislación, por lo que no existen los marcos jurídicos necesarios para gestionar y abordar este comercio de carbono. Dado que las comunidades tienen derechos consuetudinarios sobre al menos la mitad de la superficie terrestre del mundo y, por tanto, sobre una proporción significativa del sumidero de carbono terrestre, el hecho de que no se reconozcan adecuadamente sus derechos y el papel que desempeñan en la mitigación del cambio climático plantea grandes riesgos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como para los inversores y los gobiernos. 

 

Desde una perspectiva comunitaria, ¿cuáles han sido las experiencias de las comunidades con los mercados de carbono? ¿Han funcionado hasta ahora para las comunidades

Levi Sucre Romero: como costarricense, tengo experiencia en mercados de carbono con pueblos indígenas desde 1997, a través del sistema nacional que tiene el gobierno de Costa Rica para el pago de servicios ambientales, con un impuesto que se cobra a los combustibles en el país. Es un poco diferente al mercado global de carbono. En este tenemos la experiencia de haber empezado con la consulta REDD+, que debe crear las condiciones habilitantes para que el país entre en un mercado de carbono. Estas condiciones incluyen la consulta bajo consentimiento libre, previo e informado sobre el plan de distribución de beneficios, basado en que debe ser inclusivo y basado en el monitoreo y evaluación de la inversión realizada en el marco de carbono. Esto se viene haciendo desde hace diez años. Construimos una estrategia nacional REDD+ entre el gobierno de Costa Rica y los Pueblos Indígenas que creó las condiciones habilitantes para el mercado de carbono, pero este es un caso particular en la región, normalmente nadie ha completado todo el proceso que cumpla con estas condiciones. En el contexto centroamericano y mesoamericano donde yo trabajo, hay experiencias muy negativas con el mercado de carbono, porque cuando fracasó REED+, las empresas empezaron a comprar mercados de carbono de dos maneras:  en primer lugar, intentaron cubrir las condiciones de los habitantes mediante una "Certificación de Alta Integridad del Mercado de Carbono" que se queda corta en la identificación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han llegado a las comunidades a través de intermediarios, creando contratos fraudulentos. Es necesario verlo en diferentes dimensiones en Mesoamérica, por lo que podemos decir que Costa Rica es un caso exitoso, siendo una gran excepción en la región.

 

¿Por qué es importante el consentimiento libre, previo e informado cuando se trata de proyectos que afectan a comunidades indígenas y locales? ¿Su presencia o ausencia ha supuesto una diferencia significativa en los resultados?

Marisol García Apagueño: en 2001 se crearon dos áreas protegidas dentro del territorio quechua, pero sin ningún consentimiento previo ni informado. Nos quitaron nuestro territorio ancestral y actualmente no podemos acercarnos a menos de un kilómetro de esa zona. Estamos preocupados porque, por ejemplo, cuando mis hermanos han ido a cazar, la gente les quita la carne que han cogido y la queman. Nos quitan la comida, que necesitamos para alimentar a nuestras familias. Quien ha creado estas zonas preservadas es el gobierno peruano, pero el gobierno peruano no respeta los convenios internacionales ni los acuerdos internacionales. Nos están quitando los derechos a los pueblos indígenas y ahora nos dicen que no podemos tener libre tránsito en esa zona debido a la ley de áreas protegidas, pero no hubo consentimiento libre, previo e informado. Lo único que queremos recuperar es nuestro nivel de vida y queremos que se reconozcan nuestros derechos y que se ponga en primer plano la integridad de los pueblos indígenas. Por ejemplo, yo no puedo entrar en una casa sólo porque quiero. No pueden hacerlo sólo porque representan a este Estado. Tienen que empezar a respetar que somos seres humanos. Los pueblos indígenas somos seres humanos y tenemos derechos en virtud de los derechos humanos internacionales. 

 

¿Cuáles son los retos para las comunidades indígenas y locales, en términos de propiedad de sus propios datos, o de saber para qué se utilizan, cuando se trata de proyectos de compensación de carbono?

Marco Aurelio Chávez Coyoy: esta es una situación que se repite en muchas comunidades y pueblos. Esto se genera por la falta de espacios de participación comunitaria, pero sobre todo la generación de información sin considerar los aspectos culturales de las comunidades como la lengua, se realizan talleres en zonas urbanas, fuera de las comunidades y esto se pretende tomar como un proceso de consulta. Sería fundamental lograr que el acceso a la información y el consentimiento informado sea un derecho para nuestra comunidad. Esto debería ser dentro de un tipo de sistema que nos permitiera sistematizar la información y asegurarnos de que la información está contextualizada, de manera que se pueda dar en nuestro propio idioma nativo de forma que permita a las comunidades tener pleno acceso a esta información. Este tipo de proceso ayudaría a resolver los problemas que surgen cuando los pueblos indígenas no pueden participar plenamente en los procesos que les conciernen. 

 

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