El primer foro anual sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe se realizó en Quito los días 22 y 23 de noviembre de 2022. El foro fue convocado por la CEPAL en calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, en alianza con el PNUMA, el ACNUDH y el Gobierno de Ecuador y con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

El primer foro anual sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe se realizó en Quito los días 22 y 23 de noviembre de 2022. El foro fue convocado por la CEPAL en calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, en alianza con el PNUMA, el ACNUDH y el Gobierno de Ecuador y con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

Este año el informe presta especial atención al impacto del agronegocio en cuatro dimensiones: la alimentación, la salud, el cambio climático y la criminalización. Respecto al primero, se analiza en uno de los artículos el continuo aumen- to de la importación de productos frutihortícolas, propios de la agricultura campesina, ante la inexistencia de una política siquiera de seguridad alimentaria. Los datos del Censo 2022, evidencian que las políticas agrícolas y económicas del país provocan el declive de la producción y economía campesinas.

Este nuevo dossier consta de 10 trabajos, todos basados en la información generada por el relevamiento de los procesos de acaparamiento de tierras promovido por Land Matrix en varios países de América Latina.

Estudio de caso en torno a la minería aurífera en el Bajo Cauca antioqueño en Colombia que hace parte de la serie “Efectos del extractivismo en América Latina”. Se reflexiona sobre las formas corporizadas en las que las mujeres que habitan el Bajo Cauca antioqueño, en Colombia, experimentan los cambios en el territorio que habitan como cambios que también dejan huellas en sus cuerpos.

Este documento examina la relación entre las comunidades y el sector minero energético en Colombia en el siglo XXI, destacando la violencia política y las violaciones de derechos humanos como problemas persistentes. Se enfoca en la victimización de líderes sociales y la impunidad que perpetúa la violencia, especialmente en áreas mineras. Propone el diálogo regional y el desarme de los grupos armados como soluciones para un desarrollo sostenible y respetuoso de los derechos humanos.