El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. En este marco se definen las siguientes categorías de áreas: a) áreas productivas agropecuarias urbanas, que son espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal de extensiones influenciables o colindantes con urbanizaciones; b) áreas rurales de vocación productiva, cuyas características, tengan continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria.

La presente Ley establece los mecanismos y políticas sectoriales para la prevención, protección y fortalecimiento de las naciones y los pueblos indígenas originarios que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Los mecanismos de protección contemplan el impedir cualquier tipo de perturbación en los territorios ocupados por dichas naciones y pueblos, como así también la promoción de iniciativas comunitarias para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, facilitando la rehabilitación de la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos.

La presente Ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. Para ello establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.

La presente Resolución introduce algunas modificaciones a la Resolución Nº 8 de 2008, por la que se estableció el Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores. En primer lugar se sustituye el texto del Anexo, el cual enumera los objetivos generales y específicos del Plan. En cuanto al objetivo general, se establece que el Plan se propone apoyar a los pequeños y medianos productores rurales, por su elevado potencial y su importante papel multiplicador en las economías regionales de las distintas zonas rurales del país.

La presente Ley tiene por objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional.

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades es una estrategia de desarrollo con enfoque de género, de carácter multisectorial y alcance nacional, cuya premisa es el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo del país. Este reconocimiento implica promover igualdad de oportunidades de las mujeres para el acceso a los servicios públicos, su plena participación en espacios de decisión, en la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, y en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género.

La presente Ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. El principio del Vivir Bien está definido como la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza (art. 4º).

La presente Ley regula el régimen de autonomías en base al artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, que dispone que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país.

Por el presente Decreto queda aprobado el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, de observancia obligatoria para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las entidades paraestatales coordinadas por la misma.

La presente Ley provincial establece un Régimen de Protección y Fomento de los Sistemas Socioproductivos de la Agricultura Familiar, mediante políticas públicas de acceso a la tierra, al agua y demás bienes esenciales para la producción, el trabajo y la comercialización. La Ley reconoce en la agricultura familiar un factor imprescindible para el logro de la soberanía alimentaría en la Provincia de Río Negro.

El presente documento establece a nivel nacional el plan de desarrollo humano, que contempla líneas de acción y medidas para erradicar la pobreza, garantizar el respeto de los derechos de las personas a satisfacer sus necesidades básicas (alimento, vivienda, salud, educación y seguridad) y conseguir una vida digna para todos los nicaragüenses. El Plan es de carácter intersectorial y abarca el período comprendido entre el 2012 y el 2016.