por Thelma Gómez Durán

-La doctora en antropología Gabriela Torres Mazuera se ha dedicado a estudiar una parte vital del México rural: los ejidos y comunidades.

-Gran parte de sus estudios los ha desarrollado en la Península de Yucatán, región en donde cada vez hay más conflictos por la tierra y en donde ella ha sumado su trabajo científico a las luchas por la defensa del territorio.

Entrevista a Gabriela Torres

Después de Colombia, Filipinas, Brazil, México y Honduras, Guatemala es el país en el mundo con más casos documentados de violencia mortal contra personas que se dedican a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, según la organización internacional Global Witness.

POR JAVIER ESTRADA TOBAR

Por: Dante Rofi

"Hoy no hay soberanía alimentaria porque la tierra, la agroindustria y el comercio están fuertemente concentrados", dijo Diego Montón

No es de extrañar que algunas de las lenguas a punto de extinguirse coincidan con zonas de devastación biológica”, subraya el catedrático de la Universidad de Cornell Cristopher Dunn, para explicar lo ligados que están los saberes tradicionales indígenas con la salvaguarda del territorio. ¿Recordáis la Conferencia de Cambio Climático que se celebró en Madrid? Parece que fue hace un lustro, el planeta ha cambiado tanto, pero se celebró hace solo cuatro meses.

María Luisa Acosta

Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

Introducción 

El reconocimiento de derechos es crucial para abordar el calentamiento global y el cambio climático

Los pueblos indígenas han tenido durante milenios un historial de gestión sostenible de los paisajes. Sin embargo, las incursiones en sus territorios, a menudo por colonos involucrados en la extracción de recursos naturales o la agricultura, han fracturado sus derechos históricos de tenencia, desmantelando o poniendo en riesgo los medios de vida, la vida silvestre y los ecosistemas.

A conversation with Julie Maldonado, Associate Director at Livelihoods Knowledge Exchange Network (LiKEN), and Co-Director of Rising Voices: Climate Resilience through Indigenous and Earth Sciences.

Por: Joan Carling

Soy una activista de derechos humanos que se ha pasado las últimas dos décadas de su vida luchando por la tierra y los derechos ambientales de los pueblos indígenas. He trabajado con organizaciones de base. He dirigido grandes organizaciones y movimientos indígenas.

Sin embargo, a lo largo de mi vida, nunca he olvidado mis raíces.

La organización Front Line Defenders ha documentado 821 casos de Defensores de Derechos Humanos (DDH) asesinados en los últimos cuatro años, desde que empezó a establecer un listado general a nivel mundial en cooperación con ONG nacionales e internacionales. El 79% de este total se produjo en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. La gran mayoría de estos casos no ha sido debidamente investigada, y sólo unos pocos responsables de estos crímenes han sido llevados ante la justicia.

Much of the world’s rural landscapes are technically managed by national governments with limited recognition of, or support for, the rights and management responsibilities of the rural poor who live in these areas. In an era of large-scale land acquisitions for global commodity production, this has led, in some cases, to governments allocating vast tracts of land and resources to companies with limited or no consultation of the people affected.

For hundreds of years, pastoralists in Ethiopia’s lowlands have relied on strong customary land tenure systems to survive. Historically, legislation has failed to clearly define communal rights to rangelands, and the specific roles and responsibilities for both communities and local government to administer and manage these resources. This legislative deficiency prevented pastoral communities from fully exercising their constitutional rights to land (Ethiopia’s Constitution broadly recognizes pastoral communities’ right to access land and prevents their involuntary displacement).