Colombia, un país con dos guerrillas, bandas criminales, delincuencia común, uno de los ejércitos más grandes de la región, policía militarizada y ocho millones de víctimas del conflicto armado, tiene una gran deuda en derechos humanos y hoy rendirá cuentas de ello.
El mundo conmemora una vez más, como cada año, el Día Internacional de los DD.HH, recordando el momento en el que la Asamblea General de la ONU aprobó su Declaración Universal.
Defensores en riesgo
En medio de esa conmemoración varias organizaciones y entidades públicas entregarán los informes sobre el estado de los derechos humanos en el país y sus regiones, pero precisamente el que más llama la atención es el riesgo en el que están los defensores.
“Aunque la comunidad internacional y gran parte del país celebran la posibilidad de finalizar el conflicto social y armado más largo de los últimos tiempos, son preocupantes las escandalosas cifras del nivel nacional que muestran un incremento en las agresiones y asesinatos contra los defensores y defensoras que por ejercer su labor siguen siendo víctimas de la falta de garantías”, expresa el Informe de defensores de derechos humanos de Antioquia para el año 2016, realizado por la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, para la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos.
Solo en Antioquia se han presentado, en lo que va del 2016, 207 agresiones a defensores, en comparación con las 178 que hubo en 2015, lo que representa un incremento del 16,3 %. Urabá fue la región con más agresiones, sumó un total de 81.
Los casos de asesinatos se han diminuido únicamente en una muerte, con 11 en relación a los 12 del año pasado. La subregión con mayor riesgo es el Bajo Cauca donde se presentaron 6 de los asesinatos.
Óscar Zapata, miembro del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia, Europa, EE. UU., explicó que “la cifra de asesinatos de líderes defensores de derechos humanos en el país se ha venido incrementando, ya estamos hablando de más de 70 casos”.
Para el Cinep, Indepaz, Dejusticia, Codhes y varias comunidades étnicas es urgente que se brinden medidas de protección para los reclamantes de tierras.
Pero el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sostuvo ayer que no hay una “sistematicidad” en los asesinatos a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Atención limitada
El presidente Juan Manuel Santos dijo que está haciéndolo todo para garantizar la seguridad de los defensores; sin embargo, ellos dicen que estas acciones no han sido suficientes para prevenir las agresiones.
Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, explicó: “la Fiscalía rinde un informe con el que se detecta cuáles de los defensores realmente tienen riesgo inminente y cuáles no”, para proporcionarles seguridad se les capacita y “se les da un código que los va a visibilizar ante la Fuerza Pública para que los apoye en la movilización y no haya demoras con el fin de preservar sus vidas, pero no podemos poner un escolta ni poner carros blindados. Ellos reclaman ayudas del orden nacional que al parecer no están llegando”.