Gracias al Acuerdo, campesinos empiezan a ser dueños de su tierra | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos

Por Olga Rendón

 

“¿Usted sabe lo que significa esto?”, pregunta Claudia Cristina Piedrahíta, con el título de propiedad de su parcela en la mano. “Pasé de no tener nada a tenerlo todo. Se acabó la angustia de que algún día alguien quiera sacarme de aquí”, se responde.

Nació en el predio “15 letras”, al borde de la carretera que conduce a Anorí (Antioquia). No hay nada por fuera de él para Piedrahíta. Nunca se fue aunque la guerra arreciara, aunque primero la guerrilla y luego los paramilitares los atormentaran e hicieran ir a la mayoría de sus vecinos.

“Esta fue la tierra que trabajó mi papá, que le quedó a mi mamá y ahora a mí, en ausencia de mis hermanos, pues ya todos murieron. Ahora estoy segura que esta tierra le quedará a mi hija y ojalá a mis nietos”, dice.

Y es que, ¿qué es un campesino sin tierra?, es la pregunta que ronda de boca en boca cuando la Agencia Nacional de Tierras llega a entregar los títulos de propiedad a labriegos que por décadas han estado en la informalidad.

Piedrahíta era una de ellas. Después de que su padre murió, nunca se hizo la sucesión y el predio “15 letras”, de 19 hectáreas, se convirtió en tierra de todos y de nadie. Con el tiempo los hermanos fueron muriendo y el miedo de la ahora propietaria era que alguno de sus sobrinos llegara a reclamar derecho sobre la finca y quedara desamparada con su madre. Juntas siguieron cultivando cacao, café, limones, crían conejos y gallinas y viven de lo que da la tierra.

En medio del proceso, la madre le regaló la parte que le correspondía a la hija, y como no apareció ningún opositor, la Agencia le entregó el título a su nombre.

La historia de muchos

Algo parecido le ocurría a Juan Bautista Arboleda García, de 62 años, nacido en una finca de la vereda La Plancha, en Anorí. Su padre consiguió el terreno supuestamente de manos del Incora, que desde la década del 60 se encargaba de la distribución de la tierra del Estado, ahí se crió y creció.

La finca fue repartida entre los hijos hace más de 30 años, cuando el progenitor falleció, pero al hacer las vueltas ante la Notaría para arreglar la sucesión se dieron cuenta de que el predio nunca estuvo a nombre de su familia. Era una tierra que le pertenecía a la Nación.

“Uno se preocupa mucho si no tiene los papeles de la tierra, siempre piensa que en algún momento lo van a sacar, pero sigue ahí, porque ¿qué más hace uno?”, pregunta como si resultara obvio que no hay otro remedio que quedarse y esperar a que nada pase.

En las 34 hectáreas que le correspondieron como herencia tiene un trapiche y ganado, de donde saca su sustento. Trabaja todo el día en el campo, se nota en en sus manos callosas, botas llenas de pantano y rostro cansado tras un día de faena.

“Aquí los campesinos siempre hemos sufrido, no solo con el trabajo duro, que bendito sea mi Dios, afortunados de tenerlo, sino con la guerra”, hace una pausa como si quisiera que el silencio expresara el dolor que ha sentido, “ya era hora de que se acordaran de nosotros”, sentencia finalmente.

Más del millón de hectáreas

En el país, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado 50.223 predios equivalentes a 1.115.861 hectáreas a población campesina; en Antioquia han sido 1.550 predios que corresponden a 10.440 hectáreas.

Esto en el marco de la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano.

“Lo que buscamos con estas titulaciones es darle legalidad al campo, que ustedes puedan acceder a todos los servicios del Estado, a créditos del Banco Agrario, a asistencia técnica, a proyectos productivos, además de que con estos papeles su tierra tiene verdadero valor en el mercado”, dijo ante los campesinos Andrés Restrepo, director territorial de la Agencia.

Así como ocurrió con 16 predios de Anorí, el presidente Iván Duque hará este martes una entrega masiva de títulos en Valledupar.

Se trata de 1.015 predios que estaban rezagados del Incoder y que serán legalizados en 57 centros poblados de Valledupar (Cesar), San Juan del Cesar y Riohacha (La Guajira) y en la zona bananera de Magdalena. Se beneficiarán 998 familias que llevan hasta una década pidiendo ser propietarios de 936 hectáreas.

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