Este trabajo analiza la deforestación y la degradación forestal de Bolivia, prestando mayor atención a los desmontes de los años recientes, sus características, causas y consecuencias. Al decir recientes, nos referimos al periodo de implementación de la Agenda Patriótica 2025 inaugurada mediante el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) del año 2016. Privilegiamos el análisis de los últimos seis años (2016-2021), periodo en el que las deforestaciones avanzan con fuerza más allá de la Zona Agroindustrial, expandiéndose la intervención humana hacia nuevos territorios. La deforestación de los últimos años sigue concentrada en el departamento de Santa Cruz, pero con impactos socioambientales diferenciados y novedosos, debido a que afectan con mayor fuerza ecosistemas frágiles, áreas protegidas y hábitats indígenas protegidos por ley. También entre los actores involucrados en los desmontes (y los incendios forestales) —además de las ya conocidas grandes propiedades— ocupan un lugar visible las colonias menonitas, los agropecuarios brasileros y argentinos y las comunidades campesinas e interculturales políticamente vinculadas al partido gobernante (Movimiento Al Socialismo, MAS).
La Ley Nº 741 de 2015 que autoriza desmontes sin mayor trámite de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y comunidades, encarna uno de los cambios normativos más representativos para entender las deforestaciones recientes. También juegan un papel decisivo, desde el 2018, las compras estatales de alcohol anhidro al sector agroindustrial para la producción estatal de etanol, al igual que las autorizaciones para la masificación de cultivos transgénicos. El escenario boliviano se inclina hacia la agricultura comercial con degradación de los suelos en lugar de la intensificación de la agricultura en las áreas existentes. Lo mismo ocurre en el sector ganadero de tipo hacendal y latifundiario, que desmonta nuevas áreas, no solo para ampliar los potreros y pastizales, sino para la agricultura mecanizada.