En el año 1985, Bolivia vivió, después de la promulgación del DS 21060, el cierre de las minas estatales y el despido de más de 30 mil mineros que, junto con sus familias, debieron buscar otro lugar para (sobre)vivir. Si bien muchos de ellos pudieron negociar beneficios laborales “extralegales”, aquellos expulsados de minas privadas no contaron con este apoyo. La diáspora minera pobló las principales ciudades y áreas de expansión agrícola como Chapare, Caranavi, Alto Beni, aunque muchos de ellos volvieron a ser mineros, organizados en cooperativas.