Honduras - Contexto y Gobernanza de la Tierra

Su población, de alrededor de 10 millones de habitantes, es de origen étnico diverso. La mayoría es blanca o mestiza, la población indígena, miskitu (descendientes de indígenas bawinkas y tawahkas, africanos y europeos) [2] y garífuna (descendientes de africanos e indígenas caribes y arahuacos) conforman el 7% de la población, y hay una minoría de población negra.

Honduras fue uno de los países de Centroamérica, junto con Guatemala, Costa Rica y Panamá, conocidos como “república bananera”. Dicho calificativo tenía un carácter peyorativo al usarse para definir países considerados corruptos, inestables, dependientes de la exportación de productos de bajo valor añadido, y bajo el control que las compañías bananeras tenían sobre los gobiernos. Su origen está en una economía enfocada en la producción de banana en manos extranjeras desde inicios del siglo XX, cuando empresas estadounidenses como United Fruit Company se instalaron, principalmente en la Costa Norte, para la producción y distribución de dicha fruta. La estancia de dichas empresas en el país duró décadas y tuvieron una gran influencia en la economía y política del país. No estuvieron exentas de polémica debido a las condiciones de empleo, provocando las protestas de sus trabajadores(as) que culminaron con la huelga de 1954 [3].

No casualmente, la reforma agraria de los años 60 y 70 tuvo en el norte su mayor impacto. La reforma agraria fue decretada durante un gobierno militar reformista y tuvo lugar en el marco del programa de ayuda económica, política y social Alianza para el Progreso impulsado por Estados Unidos como estrategia para mitigar la expansión del comunismo en América Latina. Hasta los años 90, se entregaron 289.000 hectáreas de las cuales el 66% se distribuyeron en el norte del país [4]. Las tierras abandonadas por la bananeras y devueltas al Estado posibilitó un proceso de colonización organizado por el Estado. En esa parte del país se consolidaron asentamientos campesinos y la formación de cooperativas, y se ampliaron las zonas de frontera agrícola. En los años 90, el sector cooperativo disminuyó por la venta de tierras a multinacionales para la producción de aceite de palma y caña de azúcar, causando numerosos conflictos entre las multinacionales y los(las) campesinos(as).  En ese momento tuvo lugar la llamada “contrarreforma agraria” impulsada por el gobierno como parte de un proceso de ajuste estructural en el que se crea un mercado de tierras en las zonas donde había habido reparto agrario, causando un gran impacto en las poblaciones rurales y los movimientos campesinos [5].

En años recientes, según el Banco Mundial, Honduras ha registrado las segundas tasas de crecimiento económico más altas de Centroamérica, pero sigue siendo uno de los países más pobres y desiguales del hemisferio occidental [6]. Antes del impacto de la pandemia del Covid-19, el 25% de la población vivía en la pobreza extrema y casi la mitad (4,4 millones de personas) en la pobreza [7]. La situación en las áreas rurales es especialmente difícil. Así lo demuestra el hecho de que, desde 2014, la pobreza extrema aumentara en dichas áreas mientras que la pobreza tendía a disminuir en el resto del país. La falta de datos recientes sobre tenencia de la tierra que ayuden a crear políticas eficaces y la débil institucionalidad respecto a la gobernanza de la tierra contribuyen a las dificultades que se viven en el ámbito rural.  

Legislación y regulaciones sobre la tierra

La Constitución de 1982 “reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley” (Art. 103). La Constitución incluye un capítulo sobre la reforma agraria, definida como un proceso integral “destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario” (Art. 344). 

En 1992, la Ley para la Modernización y el Desarrollo Agrícola, también llamada Ley Norton, se aprobó, en teoría, con el fin de modernizar la agricultura y favorecer el aumento de la producción, su comercialización interna y externa y el desarrollo agroindustrial [8]. Dicha modernización implicó la liberalización del mercado de tierras, volviendo a permitir el arrendamiento de tierra, prohibido por la Ley de Reforma Agraria de 1974. Ello hizo que muchos productores directos se transformasen en co-inversionistas o en propietarios de tierra alquilada [9]. La Ley Norton también conllevó la reducción de la ayuda al campesinado al privilegiar las exportaciones por encima de la producción para el mercado interno. También hizo posible la venta de tierras distribuidas por la reforma agraria, bien de manera voluntaria o por la fuerza, llegando a venderse hasta el 70% de las tierras en zonas como el Bajo Aguá [10].

Según la evaluación de la gobernanza de la tierra en Honduras realizada por el Banco Mundial en 2014, las reformas realizadas a través de la elaboración de leyes y la creación de instituciones para regularizar los derechos de propiedad y mejorar el acceso a la tierra hasta entonces produjeron pocos resultados [11]. Una de las dificultades encontradas fue la falta de coordinación y complementariedad entre la diversidad de leyes e instituciones, creando vacíos o superposiciones que impedían una eficaz gobernanza de la tierra. Por ejemplo, la Ley de Municipalidades y la Ley de Ordenamiento Territorial carecían de reglas claras para su correcta implementación [12]. En 2014, como señala el Banco Mundial, al menos diez instituciones gubernamentales tenían competencias de administración de las tierras del Estado.

Otros desafíos identificados en la evaluación son la necesidad de poseer un sistema legal flexible para dar cabida a la coexistencia de diferentes regímenes de tierra y reconocer un amplio rango de derechos; reconocer los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y garífunas; crear un inventario de tierras estatales; compensaciones justas por expropiaciones; fomentar el registro de parcelas individuales sin excluir a mujeres y otros grupos vulnerables; vacíos y superposiciones legales e institucionales que aumentan la discrecionalidad de los(las) funcionarios(as); la escasa recaudación del impuesto a la tierra impidiendo proporcionar los servicios públicos a nivel local; y la implementación deficitaria de las leyes como demuestra la pérdida de cobertura forestal [13].

A nivel administrativo, el informe del Banco Mundial también señala desafíos relativos a cuestiones de transparencia, rendición de cuentas y gestión de la administración pública de la tierra, y a la necesidad de proporcionar al público información relevante, precisa y a costos accesibles, al igual que los servicios de administración de tierras sean accesibles y a costos razonables [14]. No se han encontrado estudios recientes que permitan valorar hasta qué punto la gobernanza de la tierra ha mejorado desde 2014, pero sí ha habido algunas iniciativas concretas. Por ejemplo, en 2015, el Instituto Nacional Agrario (INA) anunció su participación en el programa gubernamental para mejorar la transparencia “Tu voz sí cuenta… para la transparencia” [15]. Así el INA creó en su página web un Portal Único de Transparencia con información sobre la estructura orgánica de la institución, planeación y rendición de cuentas, finanzas, regulación, además de permitir al usuario(a) hacer sugerencias [16].

La evaluación del Banco Mundial también señala algunas mejoras, como la proveniente de la Ley de Propiedad que, en 2004, introdujo reformas a los procesos de registro y catastro a través de la introducción de tecnología lo que redujo los costos y tiempos de las transacciones [17]. Además, la Ley de Propiedad introdujo otros cambios como la integración de información catastral y registral para crear una clave única por parcela, la creación del Instituto de la Propiedad como máximo ente rector en el tema, y la creación del sistema nacional de administración de la propiedad como plataforma para integrar y gestionar información sobre la propiedad [18].

En 2019, el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019 otorgó a las Fuerzas Armadas la facultad de administrar fondos millonarios para desarrollar el sector agrícola como parte del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) [19]. Aunque la involucración de las Fuerzas Armadas en labores de reforma agraria fue declarado por el gobierno como amparada por el artículo 274 de la Constitución [20], en 2022 la Sala Constitucional declaró el decreto como inconstitucional oyendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2019 por la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) [21]. En 2020, el Ministerio Público también declaró que el traspaso de funciones agrícolas a las Fuerzas Armadas violaba la Constitución por vulnerar la esfera de competencia del cuerpo castrense en defensa de la integridad y la soberanía como estipula el Artículo 274 y por definir la Constitución en su artículo 344 la reforma agraria como un proceso integral [22].

El involucramiento de las Fuerzas Armadas en el sector agrícola, junto a una situación caracterizada por la desarticulación de la pequeña y mediana producción agrícola, la pobreza y conflictividad en el campo, la importación de alimentos, las migraciones y la crisis ambiental, llevaron a organizaciones campesinas hondureñas a proponer en 2020 una solución a través de la propuesta de Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuaria y Forestal para el Combate de la Pobreza [23]. Con esta ley La Vía Campesina Honduras y el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) proponen: 1) crear un Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal como instancia superior de planificación del agro; 2) crear un inventario de expedientes acumulados pendientes de resolución final para estabilizar a mujeres y jóvenes; 3) reactivar la producción a través de medidas como la construcción y reactivación de riegos masivos; producir, conservar y hacer uso racional del agua; otorgar crédito agrícola a los(las) pequeños(as) y medianos(as) productores(as) al 0% de interés por cinco años consecutivos; 4) un plan masivo de reforestación; 5) cambiar el modelo de producción agrícola por un modelo de pequeña y mediana producción; 6) diseñar y ejecutar una campaña de educación y sensibilización de los impactos de la crisis agraria; 7) implementar un plan de estudios mediante becas vinculadas al sector agrícola, pecuario y forestal; 8) aplicar la Ley de CREDIMUJER [24].

Clasificación de la tenencia de la tierra

Uno de los principales desafíos en Honduras para la gobernanza de la tierra es la falta de datos actualizados sobre la tenencia y uso de la tierra en el país. El último censo agropecuario se realizó en 1992-1993 y la última encuesta agrícola nacional es de 2007-2008. En 2019 se llevó a cabo una prueba piloto para realizar un Censo Agropecuario Nacional con apoyo de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)[25], pero no hay constancia de que el censo se llevará a cabo. La falta de datos impide conocer de manera objetiva las problemáticas que han caracterizado la tenencia de la tierra en Honduras en el pasado como la desigualdad en su acceso, e impide la elaboración de políticas públicas que respondan fiablemente a la realidad actual. En diciembre de 2022 el gobierno anunció que Honduras tendrá un nuevo Censo Agropecuario Nacional, tras 30 años desde el último, para lo que creará la Comisión Interinstitucional del Censo Agropecuario Nacional [26].

En la última Encuesta Agraria de 2008 se establecen como formas de tenencia de la tierra el dominio pleno, el dominio útil, la tierra en proceso de legalización y otras formas sin especificar [27]. La tierra en dominio pleno es la que ha sido legalizada y posee título de propiedad. Según la encuesta de 2008, en aquel momento la tierra en dominio pleno ocupaba el 70,9% de la superficie de la muestra de la encuesta. Las personas con tierra en dominio útil sólo tienen derecho al usufructo de la tierra y en esa época representaba el 16% de la tierra. En “otras formas” de tenencia de la tierra se incluyen las tierras que han sido expropiadas con la reforma agraria y las tierras de propiedad familiar pero que no han pasado por un proceso legal de tenencia. En su conjunto representaban el 5,4% de la tierra [28]. Es importante recalcar que estas cifras son sobre la muestra de la encuesta de 2008, ya que gran parte de las explotaciones agrarias en Honduras no están registradas bajo ninguna modalidad.

Tradicionalmente, la concentración de tierra y la desigualdad en su acceso ha caracterizado la tenencia de la tierra en Honduras. Según datos censales, en 1992 la concentración de la tierra no cambió sustancialmente con respecto al censo anterior en 1974, según el cual las propiedades de 50 hectáreas representaban el 4% de las propiedades y ocupan el 55% del total de la tierra mientras el 63% de las propiedades eran menores de 5 hectáreas y ocupaban el 9% del total [29]. No obstante, la tendencia mostrada por el censo de 1992 fue a una fragmentación de las propiedades menores de 5 hectáreas y una leve reducción de las propiedades mayores de 50 hectáreas [30]. Este cambio coincide con la implementación de la Ley de Reforma Agraria de 1975.  Según los datos disponibles más recientes, provenientes de la Encuesta Agraria 2007-2008, en esos años el 70% de las parcelas de tierra era menor a 5 hectáreas y ocupaban el 8,6% de la superficie [31]. El 24% de las explotaciones era de 5 y 50 hectáreas y ocupaba casi el 30% de la superficie. Se percibe un nivel de concentración en las parcelas entre 50 y 500 hectáreas que son solo el 4,6% y cubrían el 43% de la superficie. Finalmente, las parcelas mayores de 500 hectáreas eran el 2,2% y ocupaban el 18% de la superficie total [32].

La máxima institución rectora en el tema de propiedad es el Instituto de la Propiedad [33]. El Instituto Nacional Agrario (INA) solo tiene potestad sobre las tierras nacionales.

Derechos colectivos a la tierra

La demanda de derechos colectivos a la tierra en Honduras proviene principalmente de los pueblos indígenas y de la población garífuna. Según un estudio de la CEPAL, las demandas territoriales de los pueblos indígenas recae sobre 2 millones de hectáreas aproximadamente (un 17,8% de la superficie nacional) [34]. Hasta la fecha, no existen datos claros sobre qué porcentaje de la superficie demandada por los indígenas ya ha sido titulada. 

A pesar de que Honduras ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [35], y votó a favor de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la legislación nacional para proteger los derechos de estos pueblos es muy limitada. La Constitución de 1982 reconoce en su artículo 346 que es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques donde dichas comunidades estuvieran asentadas. No hay mención en la Constitución a las comunidades afrodescendientes o garífunas. Por el momento, dicho deber se ha traducido en la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH), de 2016 [36]. Esta política pretende dar respuesta a algunas de las demandas de dichos pueblos y a la situación de pobreza que padecen a través de medidas que fomenten su inclusión, pero no hace mención del tema de la tierra, pieza clave para su desarrollo. Por otro lado, el gobierno reconoce a los garífunas como uno de los nueve pueblos étnicos de Honduras, lo cual explica que las y los garífunas formen parte de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) [37].

_{Grupo de Garifunas haciendo una demostración de Punta en una playa hondureña. Foto: Alvaro Dia (CC BY-SA 4.0)}

Los derechos a la tierra de dichos pueblos sigue siendo una demanda no completamente respondida en Honduras. Así lo constató la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz en su visita a Honduras en 2015. Tauli-Corpuz subrayó que un problema fundamental al que se enfrentan estos pueblos es la falta de pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales [38]. En la práctica, una de las principales amenazas es las reclamaciones de terceros en las tierras indígenas, incluso cuando éstas están tituladas, para proyectos extractivos y energéticos, ganadería, turismo y áreas protegidas, incluyendo la venta ilegal de tierras. A menudo, la presencia de terceros en tierras indígenas deriva en conflictos como ocurrió en Auka, en La Muskitia, debido a la presencia de colonos en las tierras comunales de los nativos en 2015 [39].  El conflicto terminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno de Honduras y la comunidad en el que el gobierno acordó investigar lo ocurrido, sancionar a los(las) responsables y sanear la tierra, entre otras cosas, pero no existe constancia de que dicho acuerdo se cumpliera.  

En Honduras, el total del área ocupada por indígenas es área de bosques (3,6 millones de hectáreas) [40]. La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre [41] de 2007, reconoce el derecho sobre las áreas forestales a favor de los pueblos indígenas y afro-hondureños situados en las tierras que tradicionalmente poseen y de conformidad con las leyes nacionales y el Convenio 169 (Art. 45).  Sin embargo, la falta de consulta previa -violando el derecho recogido en el Convenio 169- sobre proyectos como la creación de represas, la otorgación de concesiones madereras y mineras, o proyectos de turismo que afectan a las comunidades indígenas y garífunas también ha derivado en conflictos y violencia. El pueblo Tolupán, por ejemplo, ha sufrido 40 asesinatos en 20 años, acoso judicial y ataques por oponerse a los proyectos madereros y mineros en el departamento de Yoro [42]. Con el fin de asegurar la aplicación del derecho a la consulta, el gobierno hondureño impulsó un proyecto de ley llamado Ley Najera al que, en 2020, se opusieron las comunidades indígenas por, en su opinión, fomentar la actividad extractiva de los recursos por parte de las multinacionales y buscar despojarlos(as) de su territorio [43]. Las críticas indígenas señalan la necesidad de alinear el marco jurídico nacional con los derechos reconocidos a nivel internacional. 

Otro desafío para los pueblos indígenas tiene que ver con el acceso a los recursos en sus tierras y la demarcación de áreas protegidas [44], que en muchos casos coinciden con los territorios ancestrales indígenas [45]. Un aspecto central de la divergencia entre ambos es la diferente manera de entender el territorio y los recursos entre los indígenas y el Estado. Si para los indígenas el territorio es un todo integrado y la integración entre hombre y naturaleza es base del desarrollo, en la concepción estatal la naturaleza se ve como un bien a conservar sin que el ser humano forme parte de ella [46]. La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre prohíbe nuevos asentamientos en áreas protegidas, y aquellos(as) que vivían en ellas antes de la promulgación de la Ley fueron reasentados(as) en “zonas de amortiguamiento”. No obstante, de acuerdo al artículo 133, se exceptúan de dicha disposición los pueblos indígenas y afro hondureños que habitan áreas protegidas. Sin embargo, no está claro si la norma vincula la titularidad de estos recursos con la titularidad de la tierra, por lo que el artículo 133 no aplicaría en los casos en los que la tierra de los pueblos indígenas no esté titulada. 

Una situación similar se puede producir en relación a los territorios REDD+ (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y aumento de las reservas de carbono y el manejo forestal sostenible). Según un informe de USAID, REDD+ en tierras indígenas que no han sido reconocidas podría arriesgar y restringir el acceso al territorio y los recursos, así como incentivar la ocupación de tierras por parte de otros(as) actores(as) [47]. Conscientes de estos riesgos, el Consejo Popular Indígena de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) se opusieron a la implementación de REDD+ [48] por, según COPINH, considerarlos otra forma de privatizar sus bienes naturales [49]. 

Sin olvidar estos desafíos, cabe destacar el progreso en cómo se ha entendido el reconocimiento de los derechos indígenas a la tierra en el caso del pueblo miskitu. Durante dos décadas, el Instituto Nacional Agrario (INA) consideraba a la comunidad indígena como la entidad política y legal para la entrega de títulos de propiedad colectiva y lo hacía sobre áreas relativamente pequeñas, como las tierras agrícolas y ganaderas alrededor de los asentamientos indígenas [50]. Dicho enfoque cambió con la titulación de los 12 consejos territoriales del pueblo miskitu, entre 2012 y 2016. En este caso, los titulares fueron los consejos territoriales, no las comunidades, y se reconoció el derecho al territorio de los pueblos indígenas, entendido como vastas áreas que cubren todo el hábitat funcional de un grupo de comunidades [51]. Así, los once títulos emitidos en el período 2012-2015 miden de media 100,000 hectáreas cada uno, mientras que los emitidos con anterioridad medían un promedio de 590 hectáreas cada uno [52]. Según los últimos datos encontrados, de 2021, el total de títulos entregados a los indígenas de Muskitia es de 1.114.976 hectáreas [53]. Desde los años 80, MASTA, federación que representa a los(las) miskitus de la Muskitia, demandaba la titulación de sus tierras para prevenir la expansión de la frontera agrícola, pero no fue hasta tras el golpe de estado de 2009, y en medio de una crisis de legitimidad, que el gobierno de Porfirio Lobo, aceptó titular el 12% del territorio a nombre de los(las) miskitus. La negociación entre el gobierno, persuadido éste por el Banco Mundial para incluir la regularización de tierras garífunas y miskitas en el Programa de Administración de Tierras (PATH), y MASTA responde, según un estudio, en parte a agendas políticas y relaciones clientelistas entre ambas partes [54]. De acuerdo a dicho estudio, la titulación se realizó en un momento de intensa polarización, y no evitó que el gobierno siguiera ocupando la tierra miskitu en nombre de la guerra contra las drogas y la construcción de proyectos extractivistas e hidroeléctricos. 

Respecto a la población garífuna, sus territorios en la costa caribeña de Honduras son a menudo demandados para proyectos de turismo. Así ocurrió en la comunidad garífuna de Barra Vieja, donde se construyó el proyecto turístico Los Micos Beach and Golf Resort, luego llamado Indura Beach and Golf Resort. Para su construcción las autoridades gubernamentales demandaron a la población local ante los tribunales y ordenaron su desalojo forzado. Algunas fuentes involucran como responsables de esos desalojos a la sociedad mercantil Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT) aunque ellos lo niegan [55]. 

Parte de las dificultades de los(las) garífunas para hacer respetar sus derechos sobre la tierra es que el Estado no los(las) ha reconocido legalmente como pueblo indígena y, por tanto, en su opinión, no procede que el Convenio 169 se aplique a su situación [56]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, ha acusado en varias ocasiones al Estado hondureño de no respetar los derechos colectivos a la tierra y de consulta de los pueblos garífunas. En 2020, por ejemplo, la CIDH llevó a Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección del Estado de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de San Juan y Tornabé, y por las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas [57]. La CIDH concluyó que “la falta de titulación de la totalidad del territorio de la Comunidad San Juan por parte del estado, incluyendo las falencias en asegurar la propiedad y posesión pacíficas y la no injerencia de terceros, así como la falta de adopción de una legislación conforme a los estándares internacionales, violaron el derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad y sus miembros”[58]. También consideró que la falta de consulta previa respecto al otorgamiento de proyectos turísticos en parte de las tierras reivindicadas por la comunidad, violó los derechos de la comunidad a la propiedad colectiva, el acceso a la información y a participar en los asuntos que les afectan, como estipula el Convenio 169. 

_{Cayos Cochinos, Honduras. Foto: Carlos Zacapa (Licencia Unsplash)}

Tendencias en el uso de la tierra

Más de la mitad de la superficie de tierra de Honduras es área selvática (56,8% en 2020), la cual se ha ido progresivamente reduciendo (en 1990 era de 62,5%) [59]. Según un estudio reciente, entre 2000 y 2016 en Honduras el área de bosques intactos se redujo en un 30% [60]. De acuerdo a un estudio de la Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas (MiAmbiente+), las causas de la deforestación, según las percepciones de los actores ligados al bosque, son la falta de cumplimiento de leyes, políticas públicas contradictorias, falta de coordinación y liderazgo, inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra, manejo forestal, tala ilegal, ganadería extensiva, plagas y enfermedades, entre otras [61]. A ello hay que añadir el acaparamiento de tierra relacionado con el narcotráfico en algunas partes de Honduras. Algunos estudios muestran que el narcotráfico está relacionado con la deforestación cuando se desbroza la tierra para la agroindustria con fines de blanqueo de dinero, narco-ganadería, o para establecer control territorial en las rutas de suministro por tierra [62]. 

Datos de 2018 indican que las tierras agrícolas ocupan el 30% de la superficie de Honduras [63]. La tendencia en este sentido ha fluctuado en las últimas décadas desde 26% en 1961 a 31% en 1993, aumento que coincide con la aprobación de Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Pero para 2000 volverá a decrecer a 26% para luego aumentar en 2018 [64]. 

No se han encontrado datos actuales sobre los cultivos en Honduras a nivel nacional, pero en los años 70 se produjeron cuatro cambios importantes en la agricultura hondureña con consecuencias en la actualidad: la modernización de la hacienda ganadera, la ampliación de la producción azucarera, la expansión del cultivo del café la ampliación de la producción de palma africana [65]. La ganadería aumentó en todo el territorio nacional llegando a dedicarse el 53,8% de la tierra a pastos para el ganado en 2008 [66]. En los años 90 se produjo un cambio estructural cuando el sector de exportación pasó de ser mayoritariamente agrícola a ser mayoritariamente de maquila. En 2010 los cultivos de exportación de café, caña y palma, junto con las hortalizas y frutas, llegaron al 45% de la producción agrícola [67]. La producción de granos básicos se redujo un 18% entre 1990 y 2010 lo que, según algunos estudios, causó un problema de seguridad alimentaria al no correlacionarse con el crecimiento de la población [68].  

La migración de la población a las ciudades ha incrementado significativamente en las últimas décadas llegando a pasar del 23% en 1960 a más de la mitad, el 58%, en 2020 [69]. En 2010 el área de tierra urbana era 3.702 km2 [70]. La migración internacional también es significativa y, según algunos estudios, entre sus causas están consecuencias del cambio climático como la sequía de 2018 [71].

_{Fruto de la palmera de aceite apilado en el Valle de Aguán, foto de ICIJ,​ CC BY-NC-ND 2.0}

Inversiones en tierra

Las inversiones en tierra en Honduras son de carácter diverso y se dedican principalmente a las siguientes actividades: proyectos hidroeléctricos, proyectos turísticos, pastizales y monocultivos agrarios. 

Honduras posee 19 cuencas hidrográficas compuestas de 45 ríos. Hasta 2017 había 34 centrales hidroeléctricas en el país [72]. Megaproyectos para la construcción de represas hidroeléctricas reciben las concesiones de los ríos y están financiados por capital extranjero. Por ejemplo, el megaproyecto Patuca I, II y III abarca tres departamentos (Olancho, El Paraíso y Colón) y está financiado por el gobierno de China [73]. Hasta el momento solo se ha completado Patuca III situado en Olancho. Dichos proyectos son cuestionados por su impacto medioambiental ya que desvían la totalidad del curso de agua hacia una turbina haciendo que la vida natural del río muera, afectando negativamente al entorno medioambiental y desabasteciendo a las comunidades [74].Ello provoca conflictos con las comunidades. En ocasiones se acusa a las empresas hidroeléctricas de estar detrás de las amenazas de los activistas medioambientalistas. Por ejemplo, en 2021 se condenó a un exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) como coautor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016 [75]. Según Global Witness, Honduras está entre los países más peligrosos para el activismo ambiental como demuestran las 120 muertes por este motivo desde 2010 [76].

_{Hablando por el megáfono: Berta Zúñiga Cáceres (hija de Berta Cáceres). Foto: Daniel Cima (CC BY 2.0)}

El turismo se presenta como una de las principales fuentes de inversión en Honduras. Aporta más del 8% al Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a más de 200.000 familias [77]. La Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2006-2021 impulsó el crecimiento del turismo priorizando la consolidación de los principales destinos turísticos a través de la construcción de infraestructuras y equipamiento turístico [78]. Para 2021 se esperaban entre 30 y 80 millones de dólares para alrededor de 10 proyectos [79]. El objetivo ha sido convertir la Costa Norte, habitada por comunidades garífunas, en el principal motor del turismo en Honduras, lo que ha llevado a conflictos con dichas comunidades. Organizaciones de la sociedad civil, indígenas y negras denuncian que usualmente los proyectos turísticos dan concesiones en áreas protegidas y territorios indígenas y negros violando el artículo 6 del Convenio 160 sobre la obligada protección de los recursos en tierras indígenas, además de los derechos de consulta y participación en los proyectos de inversión en sus tierras [80].

Los principales monocultivos agrarios en los que se ha invertido en Honduras han sido el aceite de palma y la caña de azúcar. Honduras está entre los 10 mayores productores de aceite de palma del mundo [81]. 190.000 hectáreas, principalmente en el litoral atlántico desde Cortés hasta Colón, se dedicaban a este cultivo en 2019 [82]. El acaparamiento de tierras y la deforestación son problemas preocupantes en prácticamente todos los países donde se cultiva la palma de aceite, pero en Honduras adquiere niveles más preocupantes al estar expandiéndose en zonas vinculadas al narcotráfico [83]. También preocupa el apoderamiento de agua de dicho cultivo y su cultivo en áreas protegidas. Por ejemplo, en los parques nacionales Punta Izopo y Jeanette Kawas ha ocupado entre un 20 y 30% de las áreas protegidas [84]. El cultivo de la caña de azúcar se presenta como uno de los pilares de la economía hondureña al dar empleo a más del 40% de la población económicamente activa donde operan los ingenios azucareros y tener una aportación de divisas de cerca de 70 millones de dólares por su exportación [85]. Honduras es el cuarto productor de caña de azúcar en Centroamérica. 

Cabe destacar algunas decisiones recientemente tomadas por el gobierno de Honduras que han cambiado el rumbo de ciertos planes de inversión afectando la tierra. Por un lado, en enero 2022 Honduras se declaró país libre de minería a cielo abierto, y la Secretaría de Energía y Recursos Naturales anunció la revisión, suspensión y cancelación de concesiones y permisos de explotación extractivistas por ser dañinos al país al atentar contra los recursos naturales, la salud pública y limitar el acceso al agua [86]. En Honduras existen 217 concesiones mineras, 42 de las cuales se sitúan en áreas protegidas, abarcando un área de 131.515 hectáreas. La minería ha sido causa de importantes conflictos como el de Guapinol, en Colón, iniciado en 2018 por los proyectos mineros de la compañía Inversiones Los Pinares (ILP) en el Parque Nacional Carlos Escaleras afectando el río Guapinol, y por ignorar en repetidas ocasiones la solicitud del Comité Municipal de Tocoa de mantener una consulta en forma de cabildo abierto al alcalde de dicha localidad [87]. En 2022, la justicia hondureña condenó a seis ambientalistas que se opusieron a dicho proyecto minero tras estar más de dos años en, de acuerdo a Naciones Unidas, “prisión preventiva injustificada” [88].

Por otro lado, en abril de 2022, el Parlamento hondureño derogó la creación de las polémicas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), también conocidas como Ciudad Modelo, por considerar que violan la soberanía del país [89]. Dicho proyecto consistía en crear estas ciudades administrativamente independientes del resto de Honduras, y con su propio sistema político, jurídico y económico, para atraer inversión y generar desarrollo industrial y financiero de acuerdo a un modelo de libre mercado. El proyecto generó mucha polémica en la sociedad hondureña. Una de las críticas fue que su creación conllevaría la expulsión y expropiación de tierras de miles de campesinos(as), indígenas y garífunas.

Adquisiciones de tierra

Las grandes adquisiciones de tierra en Honduras tienen palabras asociadas como violencia, migración y el Valle de Aguán. Se afirma que menos del 5% de los(as) terratenientes en Honduras controlan el 60% del terreno fértil [90]. Pero hay una zona que ha sido especialmente demandada: el Valle de Aguán, situado en el departamento de Colón y Yoro, en la costa Atlántica del país. El Valle de Aguán fue en los años 50 el escenario de las plantaciones de banana de la United Fruit Company, y, posteriormente, durante la reforma agraria sus tierras fueron redistribuidas entre cooperativas de agricultores(as). En los años 90, políticas tolerantes a la compra a gran escala facilitaron la reconcentración de tierra en el valle para el cultivo de palma de aceite.

Estudios señalan que las cooperativas y pequeños(as) agricultores(as) del valle recibieron coerción y fueron intimidados(as) y manipulados(as) para vender su tierra [91].Este proceso no se libró de los conflictos y la violencia. Se calcula que, entre 2009 y 2012, 56 personas fueron asesinadas en conflictos relacionados con las plantaciones de palma aceitera y la tierra [92]. Desde entonces la violencia no ha cesado. En Julio 2021, Juan Moncada, dirigente de una cooperativa hondureña fue asesinado por la misma razón [93]. 

A la empresa hondureña Grupo Diant , propiedad del ya fallecido Miguel Facusse, se le acusa de estar asociada con más de 100 asesinatos de campesinos(as) y con una campaña de terror para hacerse con el control de la tierra del valle. Lo que además denuncian organizaciones como Friends of Earth es la impunidad con que el sistema de justicia hondureña responde a estas abusos asociados con Grupo Diant, quien, a su vez, recibe financiación de la Corporación de Finanzas Internacional del Banco Mundial y del Mecanismo para el Desarrollo Limpio de Naciones Unidas [94].

Otro desafío desencadenado por las concentraciones de tierra en el Valle de Aguán y por la violencia asociada a ella es el éxodo de migrantes a Estados Unidos. Por ejemplo, la cooperativa a la que pertenecía Juan Moncada pasó de tener 248 familias a tener la mitad debido a la migración [95].  

Derechos de las mujeres a la tierra

La Constitución no posee un lenguaje inclusivo de género respecto al derecho de propiedad o a la tierra. En el contexto de matrimonio, se reconoce la igualdad jurídica de los cónyuges. Una disposición específica para la protección de la mujer en las explotaciones agrícolas figura en el artículo 128, y respecto a los derechos de descanso de la mujer antes y después del parto. En la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, la única referencia de género es que se demandan los mismos requisitos a hombres y mujeres para ser adjudicatario de tierras de la reforma agraria (Art. 79). La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, de 2000, establece la igualdad de oportunidades en la tenencia de la tierra, el crédito y la vivienda [96]. De acuerdo a su artículo 74, la mujer campesina gozará de los beneficios de la Ley de Reforma Agraria en igualdad de condiciones que el hombre. 

En 2022, la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina denunciaron que de los dos millones de mujeres que viven en el área rural, solo el 14% posee títulos de tierras [97]. Las mujeres denuncian que no tienen acceso ni a tierras ni a crédito o asistencia técnica. Esta situación se refleja en las estadísticas que señalan que el 70% de las mujeres rurales viven en condiciones de pobreza y, de éstas, más del 50% vive en extrema pobreza [98]. De los 78.975 títulos de propiedad entregados por INA entre 2011 y 2020, el 37% se entregaron a mujeres y el resto a hombres [99]. Esta diferencia es menor en los departamentos de Valle y Cortés (50.98% para hombres y 49% para mujeres, y 55% para hombres y 44% para mujeres respectivamente) [100]. Sin embargo, esta ventaja desaparece si se mide la extensión de las áreas tituladas: en Valle el 72% del terreno titulado fue para hombres y el 27% para mujeres, y en Cortés la diferencia fue de 44% a 19% respectivamente [101]. Los departamentos con mayor desigualdad fueron Lempira, Ocotepeque y Comayagua. 

Una manera de aumentar la titularidad femenina de tierras es a través de la titularidad mancomunada promovida por la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer al obligar a titular a nombre de la pareja la tierra y otros bienes adquiridos en uniones de hecho, independientemente del status civil (Art. 73). No obstante, dicha posibilidad no siempre se lleva a cabo debido al desconocimiento legal de las mujeres, al predominio de la cultura machista en el ámbito rural o a la falta de voluntad política de los(las) funcionarios(as) gubernamentales para entregar títulos de tierra mancomunadas [102].

Otras barreras para el acceso a la tierra de las mujeres son la falta de coordinación entre las diferentes instituciones, la estructura patriarcal que organiza la sociedad hondureña [103], y la falta de acceso a crédito, lo cual se ha empeorado con la quiebra financiera del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), cuya insolvencia, indican algunos medios, podría estar relacionada con la corrupción [104]. 

El Instituto Nacional de la Mujer es la organización gubernamental encargada de promover la incorporación plena de la mujer en el desarrollo sostenible del país. Iniciativas de apoyo a la mujer como Ciudad Mujer no incluye temas de acceso a la tierra para las mujeres rurales. La Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño (1999-2015) tuvo como fin reducir la brecha de género en el agro pero, estudios indican, que su implementación fue mínima debido a la falta de voluntad política [105]. En 2015 se aprobó la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural dando lugar al programa Credimujer, programa nacional de crédito solidario para la mujer rural, pero, según algunos estudios, es una promesa incumplida por parte del gobierno y, en otros casos, no todas las mujeres rurales lo conocen [106].

Un problema añadido es la criminalización de la lucha por la tierra y la violencia ejercida contra mujeres defensoras de tierras. Según un estudio, entre 2016 y 2019, el 48% de las agresiones sufridas por mujeres en Honduras fueron contra defensoras de tierras y territorios, superando a otros países de la región [107]. Desde el 2016 hasta 2021 dichas agresiones han costado la vida a 8 mujeres [108].  

Para saber más

Sugerencias de la autora para saber más​

El despojo de tierras y viviendas está entre las causas del desplazamiento forzado de la población en Honduras. Los(las) expertos(as) indican que la ausencia de mecanismos de registro, protección y restitución de tierras y viviendas podría causar nuevos y profundos conflictos entre los(las) titulares originales de derechos y quienes ejerzan la posesión de los bienes. In 2017, ACNUR publicó el Informe sobre Tierras, Viviendas y Desplazamiento Forzado en Honduras con el objetivo de profundizar en el despojo como causa del desplazamiento, en la clarificación de los vacíos en el sistema jurídico e institucional que limitan la protección de los derechos, y en la identificación de alternativas que permitan fortalecer los sistemas catastrales y de registro. En Honduras, la migración a las ciudades por la precaria condición en el campo ha sido significativa, pero una vez en las ciudades, la situación no siempre es más fácil. Prindex publicó en 2019 el informe Global perceptions of urban land tenure security donde es posible comparar la percepción sobre la seguridad en la tenencia del suelo urbano en Honduras con la de otros 32 países de América Latina, Europa, África y Asia. Las preguntas a las que trata de responder este estudio son cómo se vincula la seguridad de tenencia de facto con la situación legal en las zonas urbanas, a quién afecta la inseguridad de la tenencia percibida en las zonas urbanas, y si los datos recogidos a través de encuestas revelan alguna consecuencia para el diseño de políticas más eficaces. De entre aquellos(as) que se quedan en el campo, varios estudios subrayan el papel de las mujeres en la defensa de la tierra. El informe Luchas de Alto Riesgo. Las mujeres en primera línea en la defensa de la tierra y el territorio, publicado por la organización We Effect en 2020, describe la relación entre la desigual distribución de la tierra, los procesos de empobrecimiento, los conflictos y la desigualdad social. El estudio centra la atención en mujeres campesinas e indígenas amenazadas por intereses de actores estatales y privados en Honduras, Guatemala y Colombia. 

Línea de tiempo – hitos en la gobernanza de la tierra

1900s – United Fruit Company llega a Honduras

La empresa estadounidense United Fruit Company llega a Honduras primero para exportar banana y más tarde para su producción. Durante esta época los gobiernos hondureños hicieron 71 concesiones a empresas extranjeras, además de la United Fruit Company, como la Tela Railroad Company que operaba con la empresa transnacional Chiquita Brands International dedicada a la producción y distribución de plátanos. Dichas empresas tuvieron una gran influencia en la situación económica y política del país.

1960s-1970s – Reforma Agraria

La Ley de Reforma Agraria de 1962 buscó la erradicación de los latifundios y minifundios. Con este objetivo se creó el Instituto Nacional Agrario encargado de la distribución de tierras. En el Decreto Ley 70 de 1974 se establecen diferentes límites al tamaño máximo de los predios rurales según las zonas del país. Durante los años 70 se distribuyeron más de 400.000 hectáreas beneficiando a 60.000 familias campesinas (representando el 12,3% de la población rural) [109]. En general, la reforma agraria fue más intensa en el Norte del país, desde donde también surgirá el movimiento campesino en el 200 [110]. 

1969 – Conflicto con El Salvador

Conocida como la Guerra del Fútbol o la Guerra de las Cien Horas, las tensiones entre Honduras y El Salvador tuvieron como uno de los detonantes la expropiación por parte del gobierno hondureño de las tierras de los muchos inmigrantes salvadoreños (alrededor de 300.000) que emigraron a Honduras por la falta de acceso a la tierra en su país y para trabajar en los campos bananeros de Honduras desde 1911. 

1990s – Privatización de la tierra y expansión de cultivos para la exportación

La Ley de Modernización y el Desarrollo Agrícola, de 1992, permitió la venta de tierras tras la reforma agraria a propietarios privados. Durante esta década se multiplica la venta de tierras a multinacionales para la producción de aceite de palma y la caña de azúcar.

2004 – Reforma del Sistema de Propiedad

La Ley de Propiedad introduce reformas de registro y catastro reduciendo costes y tiempos entre transacciones. También nace el Instituto de la Propiedad. 

2019 – Fuerzas Armadas involucradas en la administración agrícola

A través de un Decreto Ejecutivo, el gobierno da facultades a las Fuerzas Armadas para que gestionen el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras. Dicha medida despertó las críticas de numerosos sectores. En 2022 el decreto fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional. 

2020 – Propuesta de ley por organizaciones campesinas

Organizaciones campesinas proponen una solución para superar la crisis agraria, alimentaria y ambiental de Honduras a través de la propuesta de Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuaria y Forestal para el Combate de la Pobreza.