Paraguay - Contexto y Gobernanza de la Tierra

^{Gayndah Queensland. Vista panorámica cerca de la ciudad desde el mirador local.}

Paraguay es uno de los primeros países de la región, si no el primero, donde parte de lo indígena se nacionalizó. Desde 1967, el guaraní, junto al español, es constitucionalmente reconocido como lengua oficial. El hecho de que el 90% de la población sea bilingüe y de que sólo el 1,8% de la población sea indígena, según el Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas de 2012, han hecho de Paraguay una excepción en la región respecto al reconocimiento de lo indígena como parte de su cultura. El pueblo guaraní es el más numeroso representando el 54,7% de los indígenas, seguido de la familia lengua maskoy (23,6%), la familia mataco-mataguayo (15,2%), la familia zamuco (4%) y la familia guaicurú (1,7%[1].

Pero este reconocimiento cuesta verse reflejado en la distribución de los recursos. Paraguay es considerado el país de la región con mayor desigualdad en la distribución de la tierra. El problema de la tierra en Paraguay se remonta a la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) librada entre Paraguay y la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, perdiendo Paraguay más de 334.000 km² de territorio en disputa con Brasil. La guerra resultó en la consolidación de un Estado oligárquico y la conformación de grandes latifundios que siguen caracterizando el panorama agrario en la actualidad. Las deficiencias en la implementación de la reforma agraria han llevado a las ocupaciones de tierras por parte de campesinos. Ello ha generado numerosos conflictos, violencia, desalojos forzosos y la criminalización por parte del Estado de la lucha campesina e indígena por la tierra. 

 

Legislación y regulaciones sobre la tierra

Sobre el papel, Paraguay cuenta con un cuerpo legislativo para garantizar el acceso a la propiedad y a la tierra de sus ciudadanos. La Constitución de Paraguay, de 1992, garantiza la propiedad privada de acuerdo con el contenido y límites establecidos por la ley, y atendiendo a su función económica y social con el fin de hacer la propiedad privada accesible para todos (Art. 109). Sólo se admite la expropiación en virtud de sentencia judicial o por causa de utilidad pública o de interés social. En caso de expropiación se garantiza una indemnización salvo en casos de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria (Art. 109). La Constitución también recoge el objetivo de eliminar los latifundios atendiendo a la aptitud de las tierras, las necesidades de la población rural y de las actividades agrícola, forestal e industrial, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y equilibrio ecológico (Art. 116).

La Constitución dedica una sección a la reforma agraria, definida como la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Para ello se plantea adoptar sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; organizar el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria; fomentar la creación de cooperativas agrícolas y asociaciones similares; y promover la producción, industrialización y racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro (Art. 114). 

La reforma agraria se basa, según la Constitución, en estimular la producción a través de medidas como la adopción de un sistema tributario; desalentar el latifundio y garantizar el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural; regularizar el uso de la tierra para impedir su degradación; fomentar la producción agropecuaria intensiva y diversificada; prever la infraestructura necesaria (vialidad, educación y salud) para facilitar los asentamientos campesinos; otorgar créditos agropecuarios a bajo costo y sin intermediarios; defender y preservar el ambiente; y crear un seguro agrícola, entre otros aspectos (Art. 115). 

La puesta en práctica de la reforma agraria es regulada por la Ley 1863, que establece el Estatuto Agrario (2002). Entre sus objetivos está garantizar y estimular la propiedad inmobiliaria rural y su función socioeconómica, promocionando la adecuación de la estructura agraria para el fortalecimiento e incorporación de la agricultura familiar campesina al desarrollo nacional y así contribuir a superar la pobreza rural y sus consecuencias, entre otros [2]. 

Otra ley relativa a la gobernanza de la tierra es la Ley 622 de Colonizaciones y Urbanizaciones de Hecho, de 1960. Según esta ley, las poblaciones estables asentadas en tierras de propiedades privadas, sean rurales o urbanas, por 20 años o más y que no se hayan originado en razón de las actividades de los propietarios ni respondiendo a planes de éstos, se conocerán como colonizadores o urbanizaciones de hecho, y quedan sujetas a las disposiciones de dicha ley.[3] Entre ellas, a cada colonización o urbanización de hecho corresponde una extensión media de tierras de diez hectáreas por familia estable en el caso de las colonizaciones y de 450 m² en el caso de las urbanizaciones, más las superficies indispensables para caminos o calles.

Esta protección normativa para el acceso equitativo a la tierra y el desarrollo igualitario del sector rural no ha tenido un reflejo en la realidad. Desde el inicio de la reforma agraria, la realidad en el campo se ha caracterizado más bien por numerosos casos de desalojos, ocupaciones, represiones violentas y exclusiones. Así lo reflejó el informe de la misión investigadora sobre el estado de la realización de la reforma agraria realizado por las organizaciones FIAN International (Food First Information & Action Network) y La Vía Campesina en 2006.[4] Uno de los problemas encontrados por la misión fue que la falta o tardanza en implementar la normativa de la reforma agraria estaba provocando que familias ejercieran su presión al gobierno mediante la ocupación pacífica de tierras que no cumplen su función económica y social. La respuesta del gobierno a estas ocupaciones ha sido el desalojo forzoso de dichas familias destruyendo sus viviendas, cultivos y demás bienes. Se estima que entre 1990 y 2004 se produjeron 350 casos de desalojo forzoso. [5]

A ello se añade la represión contra los movimientos campesinos que ocupan tierras y se defienden de la expansión desenfrenada del cultivo de soja a través de hostigamientos, ataques e incluso asesinatos por parte de la Policía Nacional o de las llamadas comisiones de seguridad ciudadana, organizadas como instrumento de represión y control social. Desde 1989 han sido asesinados 124 campesinos.[6] De 1990 a 2004, 7018 personas fueron detenidas e imputadas por invasión de tierras o por participar en manifestaciones de protesta.[7] El informe de FIAN sitúa la causa de gran parte de estos conflictos agrarios al hecho de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) no llevó a cabo negociaciones de adquisición de tierras. El problema se agrava al considerar la inactividad del Estado para recuperar las “tierras mal habidas” (inmuebles rurales propiedad del Estado adjudicados de forma ilegal a personas no beneficiarias de la reforma agraria o sin derecho a tierras fiscales), y que en 2006 se estimaron en 9 millones de hectáreas, superficie suficiente para asentar a 300 familias. [8]

Paraguay ha sido internacionalmente recriminado en más de una ocasión por las violaciones a los derechos humanos, recogidas en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas rurales, que dichas represiones y desalojos causan a los campesinos.[9] Ejemplo de ello son los casos de los campesinos Ernesto Benítez [10]  y Eulalio Blanco,[11] este fallecido en el conflicto, por la violencia ejercida contra ellos y a causa de los que, en 2008, se establecieron medidas de no repetición. A pesar de ello, los conflictos agrarios y desalojos de la población rural siguen estando a la orden del día.[12] Uno de los casos más recientes es el asalto a tiros en el asentamiento agrícola Rosarino, cerca de la frontera con Brasil, donde varios agricultores resultaron heridos.[13]

A nivel legislativo ha habido intentos opuestos de regular los desalojos. En julio de 2021, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez formalizó una propuesta para modificar y ampliar la Ley 6524, que en 2020 declaró el estado de emergencia en Paraguay por Covid, con el propósito de frenar los desalojos forzosos durante la pandemia.[14] El estudio de dicha propuesta fue postergado. En su lugar, el gobierno ha endurecido las penas contra la invasión a la propiedad privada a través de la aprobación de un proyecto de ley aprobado por el Congreso de Paraguay en septiembre de 2021 que modifica el art. 142 del Código Penal referente al delito de invasión de inmueble ajen.[15] Según dicha ley (Ley No. 6830), las penas por ingresar con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno pueden ascender hasta los seis años de prisión y hasta diez años cuando la invasión se realiza con el objetivo de instalarse en él.[16] Esta modificación provocó la movilización en contra de organizaciones campesinas e indígenas ya que se realizó sin su participación y supondría el desalojo de asentamientos sin regularizar hasta ese momento. [17]

 

Clasificación de la tenencia de la tierra

En el Censo Agropecuario Nacional de 2008 se reconocen los siguientes tipos de tenencia de la tierra: título definitivo, documento provisorio, tierra alquilada o tomada en aparcería, usada como ocupante y otras formas sin especificar. No se han encontrado definiciones oficiales de estas formas de tenencia de la tierra ni en el Censo ni en la legislación correspondiente, lo que da lugar a varias posibles interpretaciones e informalidad en los procesos. Los contratos de aparcería están sometidos a la Ley 1863. Dentro de los contratos rurales, además de la aparcería están los de locación y los de sociedades, regidos por la misma ley.

En la actualidad se está realizando el Censo Agropecuario Nacional 2022 [18] por lo que, de momento, los últimos datos disponibles corresponden al Censo de 2008. En ese tiempo, de un total de 288.875 fincas con tierras, 134.912 tenían título definitivo, 64.619 documento provisorio, 77.878 eran ocupadas, 22.456 eran alquiladas o en régimen de aparcería y 13.854 tenían otra forma de tenencia no definida.[19] Traducido en datos de superficie, de un total de algo más de 31 millones de hectáreas, la mayoría -alrededor de 24.350.000 ha- tenían título de definitivo, 1.280.000 documento provisorio, más de 2.467.000 fueron alquiladas o tomadas en aparcería o mediería, alrededor de 1.409.000 eran ocupadas, y más de 1.579.000 tenían otra forma de tenencia [20] Datos de 2008 indican que el número de fincas con título definitivo disminuyó un 4,8% con respecto a 1991, las de documento provisorio aumentaron un 16,9%, las tierras alquiladas o tomadas en aparcería y las usadas como ocupante disminuyeron (47,4% y 18% respectivamente), y las de otras formas de tenencia sin definir aumentaron el 52%.[21] Si consideramos la superficie, la superficie de las tierras con otras formas de tenencia y las alquiladas o tomadas en aparcería o mediería aumentaron significativamente (567% y 280,4% respectivamente). Algo menos aumentó la superficie de las tierras con documentos provisorios (61,3%) y las usadas como ocupante (56,3%). La que menos aumentó es la superficie de las tierras con título definitivo (14,7%). [22]

En relación al tamaño de las fincas, de 1991 a 2008 las fincas con una superficie de 1 a 5 hectáreas seguían siendo mayoritarias y aumentaron de superar los 90 millares a superar los 100 millares.[23] Según Oxfam, los minifundios de menos de 5 hectáreas representan el 40% de las fincas y ocupan menos del 1% de la superficie.[24] Las segundas más numerosas fueron las de 5-10 hectáreas superando los 65 millares, seguidas de las fincas de 10 a 20 hectáreas disminuyendo por debajo de los 60 millares.[25] Siguiendo a Oxfam, las fincas de agricultura familiar de menos de 20 hectáreas apenas ocupan el 4,3% de la superficie agropecuaria total a pesar de representar más del 83% del total de las propiedades.[26] A nivel de superficie, las fincas de 1 a 5 hectáreas ocuparon menos de 1 millón de hectáreas como superficie total, mientras que las fincas de 10.000 o más hectáreas aumentaron en superficie total superando los 12 millones de hectáreas.[27]

De los datos del Censo de 2008, el informe de Oxfam concluye que el 90% de la tierra está en manos del 5% de los grandes propietarios, y el 10% restante se reparte entre las propiedades pequeñas y medianas que representan más del 95%. [28] Otra característica en Paraguay es que muchos de los latifundios están en manos extranjeras. Se estima que el 15% del territorio paraguayo está ocupado por latifundistas brasileños, localizados especialmente en las regiones fronterizas con Brasil donde ocupan el 35% del territorio. [29]

A esta desigualdad hay que añadir los campesinos sin tierras y el aumento de la pobreza. No se han encontrado datos precisos y oficiales al respecto, pero en 2012 las organizaciones campesinas defendían que había 400.000 familias sin tierras en el país, [30] otras fuentes en 2016 mencionan 300.000. [31] Un problema añadido es que algunas tierras han dejado de ser cultivables debido a que han sido afectadas por el uso masivo de agrotóxicos o por la degradación de la tierra.[32] Ambas situaciones llevan a la migración a las ciudades donde crecen los cinturones de pobreza y las situaciones de precariedad. Por ejemplo, un estudio muestra que en los municipios Limpio y Villa Hayes, en los departamentos Central y Presidente Hayes respectivamente, donde hubo un mayor crecimiento de población entre 2008 y 2017 debido a la profundización de la crisis de la agricultura campesina y persecución a los campesinos sin tierra que hacen ocupaciones, entre el 70-80% trabaja en el sector informal y entre 65-75% de los que tienen un trabajo remunerado no llega al salario mínimo legal.[33]  Datos recientes indican que el cinturón de pobreza urbana en Paraguay aumentó un 34% en los últimos tres años debido principalmente a la falta de oportunidades de empleo digno.[34] Diversos estudios muestran también cómo en diferentes momentos de la historia de Paraguay la pobreza rural y la migración del campo a la ciudad está asociada a un modelo de producción basado en la concentración de grandes extensiones de tierra para la producción agrícola y ganadera.[35] 

Paraguay se considera uno de los países más desiguales de América Latina en cuanto a la tenencia de la tierra. Según datos que utilizan el índice Gini para calcular la desigualdad de la distribución de la tierra indican que, en base a los datos de 2008, de media Paraguay tiene un índice de 0.93 (0 representando total igualdad y 1 máxima desigualdad).[36] La desigualdad es más acuciante en la región Occidental (0,94) que en la Oriental (0,89). [37]

En relación al procedimiento de la titulación de tierras para los beneficiarios de la reforma agraria,  la página web del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra responde a preguntas clave como dónde y en qué horario se puede realizar, cuánto cuesta y cuánto tarda.[38] No obstante, en algunos casos las respuestas no son lo suficientemente precisas -por ejemplo la falta de detalle respecto a la documentación requerida para hacer el trámite-, o la información resulta ambigua como la falta de datos concretos respecto a cuánto cuesta y cuánto tarda el trámite. 

Existe un Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) creado en 2007. Según datos de 2016, en ese momento se habían inscrito el 76,4% de productores de agricultura familiar. [39]

Derechos colectivos a la tierra

Los derechos colectivos a la tierra de los pueblos indígenas están recogidos en la Ley 904 Estatuto de las Comunidades Indígenas de 1981 y en la Constitución de 1992. La Ley 904 aborda el manejo de los asentamientos indígenas en general.[40] Por ejemplo, el artículo 14 indica que el consentimiento libre y expreso de la comunidad indígena es esencial para su asentamiento en sitios distintos al de sus territorios habituales. La adjudicación de tierras fiscales a comunidades indígenas se hará en forma gratuita e indivisa, y no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescripta ni comprometida en garantía de crédito (art. 17). Respecto a la superficie para comunidades indígenas, sea fiscal, expropiada o adquirida en compra, se determinará según el número de pobladores asentados, y se estima, como mínimo, en 20 hectáreas por familia en la Región Oriental y 100 en la Región Occidental (art. 18). Para recibir las tierras de forma gratuita, indivisa y libre de gravamen, la comunidad indígena tiene que tener reconocida su personería jurídica (art. 20). Según datos de 2012, el 86,2% de las comunidades censadas (425 de 493) contaban con personería jurídica. [41]

Dicha ley no da garantías explícitas para los derechos territoriales indígenas. También presenta algunos vacíos como el hecho de que, aunque menciona la autodeterminación de los pueblos indígenas, el tema de la tierra no se aborda como un aspecto de la cultura indígena. Ejemplo de ello es que no establece criterios para la demarcación de las tierras indígenas. De ahí que ésta no se haga conforme al derecho consuetudinario indígena y a su uso tradicional, sino que sus límites siguen líneas rectas arbitrarias determinadas por los límites de propiedades privadas de dueños no-indígenas.[42]

La ley también resulta obsoleta en algunos aspectos. Ejemplo de ello es la provisión sobre la posibilidad de reservar una parte no mayor de 20 hectáreas en la Región Oriental y de 100 en la Región Occidental de su terreno a misiones religiosas (art. 69). Algunas comunidades se quejan de que hay ONGs y misiones religiosas que mantienen parcelas en tierras indígenas y no están conformes con la injerencia de estos actores en la toma de decisiones colectivas de sus comunidades.[43]

La Constitución, por su parte, reconoce la propiedad comunitaria de la tierra a los pueblos indígenas, y explícitamente hace referencia a que su extensión y calidad deben ser suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida (Art. 64). El Estado les proveerá gratuitamente de esas tierras, las cuales se consideran inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas, y exentas de tributo. 

De las comunidades indígenas censadas en 2012, el 72,4% declararon contar con tierra propia y de ellas el 96% poseían título de propiedad.[44] A nivel de superficie, las comunidades con tierra propia y titulada representan 963.953 hectáreas distribuidas el 71,3% en la región Occidental y el 28,7% en la región Oriental.[45] Los que no poseen tierra propia ocupan tierras pertenecientes a instituciones públicas, o a cooperativas, municipalidades, empresas o estancias, entre otras.

En la práctica, las comunidades indígenas enfrentan numerosas dificultades para regularizar su situación con la tierra. De las 493 comunidades indígenas censadas en 2012, 47 declararon problemas con relación a la prestación o alquiler de la tierra a terceros (casi el 40% de las comunidades alquila o presta su tierra a terceros para cultivos extensivos, pastura, extracción de madera o producción de carbón), 42 declararon apropiación indebida de empresarios, 31 manifestaron invasión de campesinos, 23 denunciaron superposición de títulos, entre otras dificultades.[46] En la región oriental, los departamentos donde dichas dificultades son más frecuentes son Canindeyú, Caaguazú y Amambay; y en la región occidental son los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón.

Uno de los desafíos que enfrentan los indígenas es la fragmentación de sus territorios tradicionales en parcelas pequeñas. Las comunidades se quejan de que sus títulos de propiedad son sobre tierras muy pequeñas que no suponen una protección ni permiten un acceso comunal a las tierras ancestrales. El tamaño promedio de las parcelas tituladas es de 917 hectáreas, siendo el más pequeño de 23 hectáreas y el mayor de 8.808 hectáreas.[47] Así, la propiedad de los territorios ancestrales está dividida entre los pueblos indígenas y terceros privados, siendo la expropiación de los territorios a estos últimos una de las mayores dificultades para garantizar el derecho de los indígenas a sus tierras.[48] La capacidad de expropiar dichas tierras se ve limitada por un proceso administrativo que prioriza la negociación para la compra de tierras. Otra dificultad para la restitución de las tierras indígenas es la invocación de leyes medioambientales por parte del Estado y los latifundistas para bloquear el traspaso de títulos a las comunidades indígenas. [49]

Estas dificultades han llevado a las comunidades indígenas a denunciar al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso Yakye Axa vs Paraguay, por ejemplo, la CIDH determinó en 2005 que el Estado paraguayo incurrió en responsabilidad internacional por haber violado los derechos a la propiedad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, entre otros, y por no haber garantizado el derecho a la propiedad comunitaria sobre las tierras tradicionales de la comunidad indígena Yakye Axa generando muchas afectaciones a sus miembros.[50] Este caso también muestra que dichas sentencias toman mucho tiempo o no siempre son cumplidas. En la supervisión de cumplimiento de sentencia en 2019, la CIDH identificó que de nueve medidas de reparación establecidas en 2005,[51]el Estado dio cumplimiento total a dos medidas, cumplimiento parcial a una y pendientes de cumplimiento eran seis medidas. [52]

En otro ejemplo, siete años después de recibir en 2006 una sentencia de la CIDH a su favor exigiendo al Estado la restitución de sus tierras,[53] la comunidad Sawhoyamaxa seguía viviendo al costado de la carretera frente a sus tierras ancestrales ocupadas por un terrateniente alemán. En 2014, el Congreso de Paraguay aprobó una ley de expropiación de dichos terrenos para poder devolvérselos a la comunidad.[54]

Tendencias en el uso de la tierra

El sector agropecuario ha sido uno de los que más se han expandido y desarrollado en Paraguay afectando el uso de la tierra. Según datos del Censo de 2008, el área total en producción agrícola o ganadera aumentó más del 30% pasando de 23,8 millones hectáreas a 31 millones de hectáreas. [55]

En particular, destaca la agricultura mecanizada o de exportación, principalmente para el cultivo de soja, producida en rotación con maíz, trigo, arroz y girasol. Según datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, el 66% de la producción de soja en 2020/2021 se destinó a la exportación.[56] Datos del Observatory of Economic Complexity (OEC) indican que las exportaciones de soja y arroz crecieron un 36,2% y un 30,8% respectivamente en el periodo 2019-2020, mientras que las de maíz disminuyeron un 27,8%.[57] La superficie dedicada al cultivo de maíz alcanzó en 2020 alrededor de 1.100.000 millones de hectáreas.[58] En su mayoría, la agricultura industrial se practica en la Región Oriental del país, principalmente en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Caazapa e Itapúa.

La agricultura familiar también se localiza principalmente en la Región Oriental, lo que explica el impacto de la agricultura industrial sobre ella en cuanto a la reducción de su superficie y al retraso en su desarrollo. Entre 2002 y 2017, la agricultura familiar perdió 166.347 hectáreas, estando entre los departamentos más afectados Canindeyú (que perdió 30.000 hectáreas) y Caaguazú (16.214 hectáreas).[59] Respecto al atraso en la agricultura familiar, un estudio señala que los implementos agrícolas son, por lo general, arcaicos, desgastados o deteriorados, y que la posibilidad de mejorar la productividad de la agricultura familiar depende en gran medida del acceso a implementos o equipos ya que la mano de obra está envejecida y es escasa.[60]

Otro desafío que afecta a los pequeños productores causado por algunos sectores empresariales dedicados al agronegocio es el provocado por la fumigación ilegal. En 2019 y 2021 el Estado paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos debido a la falta de control de las fumigaciones ilegales por parte de empresas dedicadas al monocultivo extensivo de soja genéticamente modificada y que afectaron a la comunidad campesina Yerutí Ñu[61] y a la comunidad indígena Campos Aguaé. [62]

Para hacer a la agricultura familiar más competitiva, por ejemplo a través de su tecnificación, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha implementado, en apoyo al gobierno paraguayo, 12 proyectos desde 2014 afectando a 97.225 hectáreas y beneficiando a 77.000 familias en situación de vulnerabilidad.[63] La UNOPS recomienda que dichos proyectos se conviertan en programas más amplios en el marco de una política pública a largo plazo con el fin de que las intervenciones sean sostenibles y su presupuesto sea adecuado a la dimensión y necesidades de las familias necesitadas. [64] Dicha recomendación responde a una realidad caracterizada por inversiones puntuales y escasos y costosos créditos destinados hasta el momento por parte del gobierno para el desarrollo de la agricultura familiar (datos de 2008 indican que sólo el 16,6% de los agricultores recibieron asistencia crediticia); además de a la fragmentación, dispersión y falta de coordinación entre las instituciones que prestan asistencia a la agricultura familiar reduciendo su eficacia.[65]

Los principales rubros de autoconsumo en la agricultura familiar son el maíz, caña de azúcar, poroto, mandioca, maní, sésamo, algodón, tabaco y cultivos frutihortícolas.[66] Pero, las organizaciones campesinas critican que la producción campesina no puede alimentar a la población paraguaya ya que las políticas favorecen la importación de bienes agrícolas haciendo difícil que la producción local pueda competir con la importada.[67] Las deficiencias en el mercado también hace, según las organizaciones campesinas, que no haya salida para la producción local lo que genera inseguridad a los campesinos y pobreza en el campo.[68] Según datos de 2018, el 34,6% de la pobreza en Paraguay es pobreza rural frente al 17,8% de la pobreza urbana. [69]

En agosto de 2020, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para crear un seguro para la agricultura familiar campesina con los objetivos de proteger y garantizar la agricultura familiar, apoyar económicamente a los productores, garantizar condiciones mínimas de supervivencia e impulsar mecanismos de prevención de riesgos.[70] La Cámara de Diputados rechazó el proyecto en marzo de 2021 por ya existir un seguro limitado a 13 departamentos y a cuatro productos agrícolas, y por no considerarse conveniente modificar las normas tributarias. [71]

La actividad ganadera en Paraguay ha tenido una tendencia general de crecimiento en los últimos años. En diez años, desde 2007, el stock ganadero creció un 49%.[72] En 2022, el hato ganadero es de unos 13,5 millones de bovinos.[73] Las exportaciones de carne vacuna también aumentaron, un 15% desde 2021,[74] situando a Paraguay en el octavo exportador de carne vacuna a nivel mundial y el sexto productor de carne bovina del mund.[75] La actividad ganadera se localiza tanto en la Región Oriental como Occidental.

La expansión agrícola y ganadera ha supuesto una amenaza a los bosques. Los satélites de la NASA muestran que de 1987 a 2012 la superficie forestal en Paraguay se redujo 44.000 km² por esa causa.[76] La superficie destinada a tierras forestales en Paraguay en 2020 fue ligeramente superior a los 16 millones de hectáreas, lo que significa una disminución del 18% con respecto a 2010. [77]

Con el fin de reducir la deforestación, el gobierno de Paraguay colaboró con la ONU en la implementación de un REDD+ para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación de los bosques.[78] Dicha colaboración llevó a la creación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal que provee información sobre las áreas boscosas, los cambios en éstas y variaciones en los depósitos de carbono.[79] La reducción de las emisiones en casi un 50% de 2016 al 2018 es otro resultado positivo de dicha colaboración.[80]

Para el manejo de los bosques y regular su posible transformación, el gobierno paraguayo ha puesto en marcha un Plan de Uso de la Tierra (PUT) con el objetivo de manejar la habilitación de la tierra, mantener la calidad del ambiente y promover la conservación de recursos naturales a través de la Reserva Legal de Bosques Naturales, Franjas de separación de bosques entre parcelas a habilitar, Bosques protectores de cauces hídricos, y Bosquetes de Palo Santos.[81] Por ejemplo, en un terreno de más de 20 hectáreas se establecen como parámetros: estar compuesto por el 25% de la reserva legal de bosque natural, mantener 100 metros de bosque de protección en ambos márgenes de los cauces hídricos (en caso de haberlos en propiedad), mantener franjas de bosques de separación entre parcelas alcanzando un ramo promedio de 40-50% de bosque a preservar.[82] Pero el PUT es aplicable solamente a la región Occidental porque en la región Oriental la Ley 6676 de 2020 vigente prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficie con cobertura de bosques. De acuerdo con dicha ley, en la región Oriental se prohíbe la transformación de superficies con bosques en superficies agropecuarias, de asentamientos humanos, o de producción, transporte y comercialización de madera, leña, carbón o cualquier subproducto forestal originado del desmonte.[83] En 2019, el intento de pasar una Ley de Deforestación Cero que también afectaba a la región Occidental fue rechazado por el Senado.[84]

En 2010, se descubrió lo que se consideró el mayor yacimiento de titanio del mundo en Paraguay.[85] En concreto en el Alto Paraná, la compañía estadounidense Uranium Energy está haciendo trabajos de exploración en un área que cubre 70.498 hectáreas.[86]

^{Vista aérea de la laguna Campo María en el Chaco paraguayo, foto de Tetsu Espósito, Yluux, CC BY-NC-ND 4.0}

Inversiones y adquisiciones de tierras

Desde el fin de la Guerra de la Triple Alianza en 1870, la tendencia en Paraguay ha sido poner grandes extensiones de tierras a disposición de capital extranjero. La venta masiva de tierras públicas a finales del siglo XIX facilitó que una sola empresa pudiera adquirir más de 2,5 millones de hectáreas en la región occidental.[87] A partir de los años 50, impulsado por la dictadura militar de Alfredo Stroessner, se produjo una significativa inversión de capital brasileño en tierras paraguayas. Ese fue el inicio de la introducción de los cultivos de soja en Paraguay. En los últimos años, la apertura a inversiones industriales del país vecino ha continuado y ha sido promovida por el gobierno paraguayo ofreciendo ventajas tributarias, por ejemplo, para la instalación de maquilas, y la posibilidad de exportar a Europa sin pagar aranceles, beneficio que Brasil perdió en 2014.[88] Según algunas fuentes, el 14% de las tierras en Paraguay pertenecen a latifundistas brasileños, en particular 16 propietarios y empresas que poseen en su conjunto un total de 454.000 hectáreas. [89]

A partir de los años 90, el capital extranjero se diversificó, surgiendo una mayor presencia de multinacionales interesadas en cultivar grano y productos agrícolas en tierras paraguayas para la exportación. Ello conllevó la aprobación de semillas transgénicas y un incremento en la importación de agrotóxicos. [90]

En la actualidad, Paraguay se sigue percibiendo como un país atractivo para invertir en tierra por las oportunidades que ofrece, la calidad de la tierra, las condiciones para la producción y su potencial de crecimiento.[91]  Los inversores uruguayos en tierra paraguaya cada vez son más debido a que Paraguay ofrece los precios más competitivos en la región y ofrece mejores condiciones impositivas. En 2014 se estimaba que entre 1,8 y 2 millones de hectáreas en Paraguay pertenecían a propietarios uruguayos. [92]

Pero Paraguay también resulta atractivo para inversiones inmobiliarias. Especialmente en los últimos 10 años, muchos inversores argentinos se ven atraídos a invertir en ladrillo en Paraguay debido a la inflación controlada, un déficit fiscal bajo, un tipo de cambio estable, baja presión tributaria y estímulos a la inversión por parte del gobierno paraguayo. Mientras que alquilar un departamento en Paraguay ofrece entre el 7 y el 9% de retorno, en Argentina ofrece el 1%.[93] Así, 7 de cada 10 departamentos son comprados por argentinos.[94]

A lo largo de su historia, Paraguay ha vivido un intenso proceso de acaparamiento de tierras. Según la base de datos de Land Matrix, donde se incluyen las grandes transacciones de tierras (GTT) en Paraguay desde el 2000 al 2016 (sin contar las GTT destinadas a operaciones mineras, de gas y petróleo), las GTT ocupan 673.259 hectáreas.[95] Dicha superficie representa el 1,6% de la superficie total y el 16,7% de la tierra cultivable siendo cultivable solo el 12,1% de la superficie total. El mayor número de GTT se registró en 2015 y las mayores superficies se registraron en 2000 y 2013.[96] De entre las 33 GTT con contrato concluido en la base de datos de Land Matrix, la de mayor superficie cuenta con 240.000 hectáreas e incluye el pueblo Puerto Casado vendido a la secta del pastor coreano Sun Myung Moon. [97] Esta es una de las transacciones de las 9 en las que no se consultó a las comunidades o éstas expresaron su rechazo a los proyectos. [98]

 

Derechos de las mujeres a la tierra

En Paraguay, las mujeres representan el 48% de la población rural y a menudo viven en una situación económica precaria. El 38,5% de ellas carece de ingresos propios y del 25% de los hogares encabezados por mujeres, el 55% vive en situación de pobreza y el 35% de indigencia. [99] 

El 44% de las mujeres rurales se dedican a la agricultura. De éstas, más de la mitad lo hacen por cuenta propia (53,2%), a menudo en condiciones de vulnerabilidad por carecer de contrato, protección social y de jubilación, o trabajan en la unidad familiar sin recibir remuneración (9,7%).[100] Según los últimos datos disponibles de 2008, las mujeres manejan sobre todo fincas pequeñas (en el 36% de los casos son fincas de menos de una hectárea) y solo el 15% gestiona fincas de más de 1000 hectáreas.[101] Las mujeres son propietarias del 23% de las fincas que representan el 16% de la superficie.[102]

A nivel legislativo, La Constitución paraguaya de 1992 incluye como base de la reforma agraria el apoyo a la mujer campesina, especialmente las mujeres cabeza de familia, y la participación de la mujer campesina en la reforma agraria al mismo nivel que el hombre (art. 115). Las mujeres cabeza de familia también son grupo preferente para la adjudicación de tierras en el Estatuto Agrario de 2002 (art. 49).[103] El Estatuto establece facilidades de pago de tierras para las mujeres, ofreciendo la posibilidad de extender los 10 años establecidos a 15 años (art. 50). Respecto a la titulación de las tierras, el Estatuto reconoce la titularidad conjunta en casos de matrimonio y uniones de hecho de más de un año de duración (art. 57).

Aunque legalmente no existen restricciones para el acceso de las mujeres a la tierra, los hombres han continuado siendo los principales receptores de tierras fiscales y de títulos de propiedad. Entre 2000 y 2009, las mujeres tuvieron acceso al 22% de las tierras fiscales y al 33% de los títulos de propiedad en la Región Oriental, mientras que las cifras en la Región Occidental fueron del 15% al 21% respectivamente.[104] La mayoría de las mujeres ha seguido adquiriendo tierras a través de herencias más que por adjudicación del Estado.[105] En parte, según algunos autores, la explicación puede estar en la incorporación tardía del enfoque de género a las políticas de reforma agraria cuando ya no quedaban tierras por distribuir.[106] Otros obstáculos son un sesgo masculino por el que las mujeres rechazan la herencia en favor de sus hijos varones y la creencia de que la necesidad de tierra por parte de las mujeres es únicamente para satisfacer las necesidades alimenticias del hogar.[107] A nivel de políticas, un estudio señala que las mujeres se vieron favorecidas respecto al acceso a la tierra y a la tenencia del título de propiedad con la transición democrática iniciada en 1989. [108]

La desigualdad entre hombres y mujeres también se manifiesta en la asistencia financiera y técnica recibida. Entre 2012 y 2016, un 12% de los créditos otorgados por el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) benefició a mujeres y un 88% a hombres.[109] Estas cifras no suponen un mejoramiento, más bien al contrario, de las ofrecidas en 2008, según las cuales el 13,4% de las mujeres recibía crédito en comparación con el 86,5% de los hombres.[110] Hasta el 2010, la CAH defendía “neutralidad” en el acceso a créditos explicando la diferencia en las cifras como una falta de demanda.[111] Según CAH, en el último tiempo las líneas de créditos para mujeres han aumentado y en 2020 representaron el 40% de los créditos. [112]

Respecto a la asistencia técnica, datos de 2008 indican que el 17% de las mujeres productoras recibió asistencia frente al 83% de los hombres,[113] lo que supondría un ligero descenso respecto a la asistencia técnica recibida por las mujeres en 2006-2007 que alcanzó el 19.2% frente al 78.3% de los hombres.[114] Según un estudio del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural y de ONU Mujeres, en 2012 la brecha en la asistencia técnica disminuyó llegando a 41% mujeres y 59% hombres.[115] Un estudio de la FAO sugiere que la diferencia en la asistencia técnica recibida por parte de hombres y mujeres puede deberse a una reducida concepción de la mujer como madre y esposa, y la necesidad de avanzar en la valoración del rol productivo y ciudadano de las mujeres.[116] Otros desafíos son incrementar datos desagregados por sexo que permita un análisis diferenciado del impacto de la asistencia en hombres y en mujeres, así como transparencia y acceso libre a la información sobre la asistencia financiera y técnica recibida por hombres y mujeres para valorar si se han otorgado con criterios de igualdad y equidad. [117]

Línea del tiempo – hitos en la gobernanza de la tierra

1864-1870 – Guerra de la Triple Alianza

Tras las guerra se consolida la formación de grandes latifundios en Paraguay.

1927 - Colonización del Chaco

Los primeros colonos menonitas llegan a las tierras del Chaco regaladas por el gobierno donde comenzaron a cultivar maní, algodón y hortalizas.  

1936 – Ley de Reforma Agraria

El objetivo de la reforma agraria era romper con el sistema latifundista y promover una distribución más equitativa de la tierra. 

1954-1989 – Dictadura militar de Alfredo Stroessner 

Fue una de las dictaduras más longevas de América Latina. Con la llegada de Stroessner al poder, el latifundismo todavía dominante alcanzó una nueva dimensión al instaurar un enfoque capitalista para la explotación del campo y con ello la agricultura para la exportación.  

1970s – Construcción de carretera trans-Chaco

Provocó un fuerte flujo de nuevos colonos en la región, relegando a la población indígena a ser refugiada en sus tierras en otro tiempo.

1990s – Expansión monocultivo de soja transgénica 

El desarrollo de la industria transgénica impulsó el monocultivo de la soja transgénica. Dicha expansión convirtió a Paraguay en el cuarto país exportador de soja del mundo. Ello también llevó a un aceleramiento de la expulsión de los campesinos de sus tierras. 

1994 – Primera gran marcha campesina

La marcha campesina demostró la capacidad organizativa del movimiento campesino y logró colocar sus reclamos en la agenda política. 

2002-2004 – Auge del movimiento campesino

En 2002, las organizaciones populares lideradas por el movimiento campesino lograron detener las políticas de privatización y la ley antiterrorista. En 2003 una protesta multitudinaria de 17 días contra los proyectos de privatización demostró la consolidación del movimiento campesino. Éste acabó conformando el Frente por la Vida y la Soberanía en 2004 y confrontó las políticas neoliberales del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Las organizaciones campesinas retomaron las ocupaciones ante el avance del agronegocio en Paraguay. 

2012 – Crisis política 

Los conflictos por la tierra dieron lugar a una crisis política que llevó a la destitución del presidente Fernando Lugo nueve meses antes de que concluyera su mandato. Un antecedente de este hecho fue la masacre de Curuguaty, en la que el conflicto generado entre las fuerzas policiales y los campesinos, sobre el inmueble calificado como mal habido Marina Kué, a los que habían ido a desalojar en la finca Campos Morumbí se saldó con 17 fallecidos. 

 

Para saber más

Sugerencias de la autora para saber más

El Chaco ocupa el 60% de la superficie de Paraguay (250.000 km²) y en él vive menos del 2% de la población. Sus habitantes originales, los pueblos indígenas, ahora solo poseen una parte pequeña del territorio siendo la mayor parte de propiedad privada, con zonas de áreas protegidas, y grandes superficies para la ganadería. El informe de USAID, Land Rights, Beef Commodity Chains, and Deforestation Dynamics in the Paraguayan Chaco proporciona una evaluación de los riesgos para los derechos de la tierra y la deforestación producidos por la industria ganadera en el Chaco paraguayo, e identifica diferentes maneras de afrontar tales riesgos.[118] La deforestación y la degradación forestal en Paraguay no solo amenazan el sustento de las comunidades que viven de él y la contribución del bosque a la regulación del clima, protección contra la erosión del suelo y el suministro de alimentos, medicinas y otros productos forestales, sino que también pueden aumentar la vulnerabilidad del país al cambio climático. El informe Mapeo de los beneficios múltiples de REED+ en Paraguay: el uso de la información espacial para apoyar la planificación del uso de la tierra contribuye al análisis y aprendizajes de las iniciativas REED+ para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal y aumentar la eliminación del CO2 de la atmósfera a la vez que promueven el desarrollo sostenible.[119] La pobreza rural en Paraguay está relacionada con la vulnerabilidad ante los riesgos en el sector agropecuario. En el informe Análisis de Riesgo del Sector Agropecuario en Paraguay. Identificación, Priorización, Estrategia y Plan de Acción, realizado por el Banco Mundial a petición del Gobierno de Paraguay, se proponen soluciones para reducir la volatilidad del producto sectorial y estabilizar los ingresos de la agricultura familiar.[120] El reciente informe Agricultura Familiar Campesina. Riesgos, Pobreza, Vulnerabilidad y Protección Social, publicado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), profundiza en aspectos de la agricultura familiar en Paraguay como sus características, vulnerabilidades y riesgos, y reflexiona sobre la soberanía alimentaria, las políticas públicas hacia la agricultura familiar y propuestas para avanzar en su promoción.[121]

 

Referencias

[1] General Directorate of Statistics, Surveys and Census (2012). Indigenous Peoples in Paraguay. Final Results of Population and Housing 2012. III National Population and Housing Census for Indigenous Peoples. 

[2] Law 1863 Establishes the Agrarian Statute (2002).

[3] Law 622 of Colonizations and De Facto Urbanizations (1960).

[4] FIAN, La Via Campesina (2006). Agrarian Reform in Paraguay. Informe de la misión investigadora sobre el estado de la realización de la reforma agraria en tanto obligación de derechos humanos.

[5] Ibid.

[6] Última Hora (2020). "Fueron asesinados 124 campesinos desde caída de dictadura en el 89"

[7] FIAN, La Via Campesina (2006). Agrarian Reform in Paraguay. Informe de la misión investigadora sobre el estado de la realización de la reforma agraria en tanto obligación de derechos humanos.

[8] Ibid.

[9] Areco, A. and Irala, A. (2021). "Desalojo Forzoso como Respuesta a quienes Reivindican Acceso a la Tierra". In Derechos Humanos Paraguay 2021. CODEHUPY.

[10] Communication No. 1829/2008, Human Rights Committee (CCPR/C/104/D/1829/2008), accessed October 14, 2021, https://undocs.org/es/CCPR/C/104/D/1829/2008.

[11] Communication No. 1828/2008, Human Rights Committee (CCPR/C/104/D/1828/2008), accessed October 14,2021,https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/Dictamen%201828.%202008%20Eulalio%20Blanco%20(2012).pdf.

[12] Carneri, S. (2021). "'Ill-gotten' lands: the origin of peasant expulsions in Paraguay". El País.

[13] Ibid.

[14] Areco, A. and Irala, A. (2021). "Desalojo Forzoso como Respuesta a quienes Reivindican Acceso a la Tierra". In Derechos Humanos Paraguay 2021. CODEHUPY.

[15] Europa Press. (2021). "Paraguay Congress approves law that toughens penalties against trespassing".

[16] Law 6830 amending Article 142 of Law 1160/1997 Penal Code, as amended by Law 3440/2008 (2021).

[17] ABC Color (2021). Demonstrators demand veto of the law against invaders: "We give you 24 hours".

[18] Paraguayan Information Agency (2022). "The National Agricultural Census 2022 will start next Monday in four departments of the country".

[19] Republic of Paraguay (2009). National Agricultural Census 2008.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Guereña, A. and Rojas Villagra, L. (2016). Ivy Jára. The owners of the land in Paraguay. Oxfam.

[25] Republic of Paraguay (2009). National Agricultural Census 2008.

[26] Guereña, A. and Rojas Villagra, L. (2016). Ivy Jára. The owners of the land in Paraguay. Oxfam.

[27] Republic of Paraguay (2009). National Agricultural Census 2008.

[28] Guereña, A. and Rojas Villagra, L. (2016). Ivy Jára. The owners of the land in Paraguay. Oxfam.

[29] Carneri, S. (2021). "'Ill-gotten' lands: the origin of peasant expulsions in Paraguay". El País.

[30] La Via Campesina (2012). Paraguay, more than 50% of the rural population lives in misery.

[31] Guereña, A. and Rojas Villagra, L. (2016). Ivy Jára. The owners of the land in Paraguay. Oxfam.

[32] La Via Campesina (2012). Paraguay, more than 50% of the rural population lives in misery.

[33] Riquelme, Q. and Fernández, G. (2021). "The socioeconomic and cultural impact of rural migration in two urban settlements in the municipalities of Limpio and Villa Hayes, period 2008-2017." Kera Yvoty: reflections on the social question 6.

[34] La Nación (2022). "Urban poverty belt grew 34% in the last three years".

[35] Riquelme, Q. and Fernández, G. (2021). "The socioeconomic and cultural impact of rural migration in two urban settlements in the municipalities of Limpio and Villa Hayes, period 2008-2017." Kera Yvoty: reflections on the social question 6.

[36] Guereña, A. and Rojas Villagra, L. (2016). Ivy Jára. The owners of the land in Paraguay. Oxfam.

[37] Ibid.

[38] INDERT. Land Titling.

[39] Imas, V. J. (coord.) (2020). Agricultura Familiar Campesina. Risks, Poverty, Vulnerability and Social Protection. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

[40] Law 904 Statute of Indigenous Communities (1981).

[41] General Directorate of Statistics, Surveys and Censuses (2012). Census of Indigenous Peoples Communities Final Results 2012.

[42] Federation for the Self-Determination of Indigenous Peoples (FAPI). (2015). Territorial Situation of the Indigenous Peoples of Paraguay.

[43] Ibid.

[44] General Directorate of Statistics, Surveys and Censuses (2012). Census of Indigenous Peoples Communities Final Results 2012.

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Federation for the Self-Determination of Indigenous Peoples (FAPI). (2015). Territorial Situation of the Indigenous Peoples of Paraguay.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] Inter-American Court of Human Rights (2019). Resolution in the Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay.

[51] Inter-American Court of Human Rights. Fact Sheet: Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay.

[52] Inter-American Court of Human Rights (2019). Resolution in the Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay.

[53] Inter-American Court of Human Rights (2006). Case of Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay.

[54] BBC. (2014). "Paraguayan Congress approves restitution of indigenous lands".

[55] Guereña, A. and Rojas Villagra, L. (2016). Ivy Jára. The owners of the land in Paraguay. Oxfam.

[56] Paraguayan Chamber of Exporters and Traders of Grains and Oilseeds. Use of Soybeans.

[57] OEC. (2020). Paraguay.

[58] Enciso, V. (2020). Maize. Data, statistics and comments. December 2020. National University of Asuncion. 

[59] Imas, V. J. (coord.) (2020). Agricultura Familiar Campesina. Risks, Poverty, Vulnerability and Social Protection. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

[60] Ibid.

[61] Human Rights Committee (2019). Views adopted by the Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol in respect of communication 2751/2016. CCPR/C/126/D/2751/2016

[62] Human Rights Committee (2021). Views adopted by the Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol in respect of communication 2552/2015. CCPR/C/132/D/2552/2015

[63] UNOPS. (2022). Modernization and Integral Development of Family Agriculture in Paraguay. Systematization of Lessons Learned in Project Implementation 2014-2021.

[64] Ibid.

[65] Imas, V. J. (coord.) (2020). Agricultura Familiar Campesina. Risks, Poverty, Vulnerability and Social Protection. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

[66] Ibid.

[67] La Via Campesina (2012). Paraguay, more than 50% of the rural population lives in misery.

[68] Ibid.

[69] Imas, V. J. (coord.) (2020). Agricultura Familiar Campesina. Risks, Poverty, Vulnerability and Social Protection. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

[70] Parliamentary Front against Hunger and Malnutrition (2020). Bill for the Creation of Insurance for Peasant Family Farming.

[71] COPROFAM. (2021). Deputies reject the creation of insurance for Family Farming.

[72] Ibid.

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[78] Steiner, A., Andersen, I. and Dongyu, Q. (2020). Why Paraguay can be a "magnet country" on forest management. El País.

[79] National Forestry Monitoring System of Paraguay

[80] Steiner, A., Andersen, I. and Dongyu, Q. (2020). Why Paraguay can be a "magnet country" on forest management. El País.

[81] National Forestry Institute. Land Use Plan.

[82] Ibid.

[83] Law No. 6676 Prohibits the Transformation and Conversion of Forest Covered Surfaces in the Eastern Region (2020).

[84] Última Hora (2019). Senate rejects zero deforestation bill.

[85] Arce, E. (2010). Paraguay will be a world titanium production center. BBC.

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[87] Kretschmer, R., Irala, A. and Palau, M. (2019). Land occupations: marks of rural conflict (1990-2019). BASE Investigaciones Sociales.

[88] La Vanguardia (2014). Paraguay opens its doors to Brazilian companies to attract

[89] Castilho, A. L. and Stankevicius Bassi, B. (2017). Brazilian landowners hold 14% of the land in Paraguay. Paraguay en la Mira. De Olho Nos Ruraristas.

[90] Kretschmer, R., Irala, A. and Palau, M. (2019). Land occupations: marks of rural conflict (1990-2019). BASE Investigaciones Sociales.

[91] Valor Agro (2022). "Investing in land in Paraguay is profitable due to production and the potential for price increases".

[92] Cronista (2014). "Uruguayan investors buy more and more land in Paraguay".

[93] Canonico, P. (2022). "The new promised land: the neighboring country that keeps attracting Argentine investments". Clarín.

[94] Ibid.

[95] Land Matrix (2020). Large Land Transactions in Paraguay. A country perspective.

[96] Ibid.

[97] La Nación (2000). "La secta Moon compró un pueblo en Paraguay".

[98] Land Matrix (2020). Large Land Transactions in Paraguay. A country perspective.

[99] Guereña, A. (2017). Kuka Ha Ivy. Gender inequalities in access to land in Paraguay. Oxfam. UN Women.

[100] Ibid.

[101] Ibid.

[102] Ibid.

[103] Law 1863 Establishes the Agrarian Statute (2002).

[104] Campos, C. (2016). Policies and territorial experiences relevant to the empowerment of rural women in Paraguay: An analysis from a territorial approach. UN Women. Latin American Center for Rural Development (RIMISP).

[105] FAO. (2008). Situation of rural women. Paraguay.

[106] Ibid.

[107] Ibid.

[108] Campos, C. (2016). Policies and territorial experiences relevant to the empowerment of rural women in Paraguay: An analysis from a territorial approach. UN Women. Latin American Center for Rural Development (RIMISP).

[109] Government of Paraguay (2014). National Development Plan Paraguay 2030.

[110] Campos, C. (2016). Policies and territorial experiences relevant to the empowerment of rural women in Paraguay: An analysis from a territorial approach. UN Women. Latin American Center for Rural Development (RIMISP).

 

[111] Ibid.

[112] Agricultural Enabling Credit (2021). CAH has loans to finance women's entrepreneurial projects

[113] Government of Paraguay (2014). National Development Plan Paraguay 2030.

[114] FAO. (2008). Situation of rural women. Paraguay.

[115] Campos, C. (2016). Policies and territorial experiences relevant to the empowerment of rural women in Paraguay: An analysis from a territorial approach. UN Women. Latin American Center for Rural Development (RIMISP).

[116] FAO. (2008). Situation of rural women. Paraguay.

[117] Campos, C. (2016). Policies and territorial experiences relevant to the empowerment of rural women in Paraguay: An analysis from a territorial approach. UN Women. Latin American Center for Rural Development (RIMISP).

[118] Veit, P. and Sarsfield, R. (2017). Land Rights, Beef Commodity Chains, and Deforestation Dynamics in the Paraguayan Chaco. USAID.

[119] Walcott, J. et. al. (2014). Mapping multiple benefits of REDD+ in Paraguay: the use of spatial information to support land use planning. UN-REDD Program, Secretariat of the Environment. National Forestry Institute.

[120] World Bank (no year). Risk Analysis of the Agricultural Sector in Paraguay. Identification, Prioritization, Strategy and Action Plan.

[121] Imas, V. J. (coord.) (2020). Agricultura Familiar Campesina. Risks, Poverty, Vulnerability and Social Protection. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).