El canal fantasma de Nicaragua

El proyecto de una titánica obra pública amenaza a los campesinos e indígenas con perder sus tierras

El pasado diciembre se cumplieron dos años desde que se inauguró el inicio de la construcción del gran canal interoceánico de Nicaragua. Pero en lugar de máquinas y faenas obreras, un par de vacas deambulan en el camino de seis kilómetros que fue el primer y único avance de la gran obra, convertido en un sendero fangoso.

Pero el movimiento campesino, que surgió en contestación a la construcción de la mega obra, continúa manifestándose en contra del proyecto. El 30 de noviembre la marcha anticanal organizada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía fue reprimida, con balas reales y de goma, por la policía nicaragüense. El balance: siete heridos y 20 desaparecidos. El estancamiento de la construcción del canal no amortigua la furia de los campesinos, sino todo lo contrario. Para ellos, la situación es prueba de lo que han venido denunciando: “El canal es una cortina de humo, lo que quieren son las tierras”.

La ley detrás del canal

En 2013 el gobierno de Nicaragua entregó la concesión para la construcción de un canal interoceánico a la empresa privada china HKND, dirigida por el empresario Wang Jing, mediante la aprobación de la ley 840, también conocida como Ley Canalera: una concesión otorgada sin haberse realizado una licitación internacional, exonerada de todo tipo de tributación, exclusiva por 50 años y prorrogable por otros 50 para el desarrollo del canal y otros siete subproyectos como puertos, zonas de comercio, un oleoducto y un aeropuerto, entre otros. Más la posibilidad de construir cualquier otra infraestructura que el inversionista considere necesaria. Para ello, cualquier propiedad ya sea privada, comunal, indígena o pública, ubicada en cualquier parte del país, que sea requerida para la construcción de todo el proyecto o una parte de él, será expropiada, afectando a más de 100.000 familias.

Pero esta obra, que Gobierno y empresa califican como "la más grande construida hasta ahora en el mundo", no tardó en ponerse en duda, al revelarse su inviabilidad económica. A pesar de ello, la ley canalera ya había sido aprobada. Una ley que le quita el sueño a los campesinos nicaragüenses.

La abogada Mónica López, directora de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popolna, que asesora legalmente al Movimiento, explica que “esto es una llamarada de excusas para apropiarse del territorio”. Lo anterior debido a que, “según la ley 840, si la empresa no materializa el canal húmedo, la concesión no vencerá, puesto que el inversionista está facultado para realizar de igual manera los subproyectos”. En otras palabras, “el concesionario puede desarrollar subproyectos de manera ilimitada, lo que le permite expropiar terrenos de manera indiscriminada pagando la tierra a precio catastral”, asegura Carlos Fernando Chamorro, director de la revista Confidencial, de gran influencia en Centroamérica.

“Ortega vende patria”, reclaman los carteles de las marchas organizadas por el Movimiento Campesino que exige la derogación de la ley, a la que acusan de “poner en riesgo la soberanía de Nicaragua”.

Y es que la concesión establece que el Gobierno renuncia a cualquier derecho de inmunidad soberana comprometiéndose a efectuar una reforma a la Constitución para garantizar dicha renuncia. Y que ante cualquier “evento desestabilizador” que impida el normal desarrollo del proyecto o de cualquiera de los subproyectos, el Gobierno deberá indemnizar al inversionista. Para garantizar esto último, “el presupuesto anual del año, que en ese momento esté en curso, deberá incluir dichos egresos a través de enmienda o cualquier otra forma”. De esta manera, según Mónica López, la concesión “se constituye en una especie de cheque en blanco en el que el Gobierno ha dejado como garantía las reservas del tesoro de Nicaragua”.

“Esa es una percepción de un grupo aquí que tiene cierta afinidad política", explica el presidente de la Junta Gubernamental del Gran Canal, Manuel Coronel Kautz. “Porque uno lee la concesión y la compara con cualquier otro arreglo como el del Canal de Panamá, por ejemplo, y esto está de tal manera que a 50 años nosotros vamos a ser dueños del 51% del total de la obra. No así el Canal de Panamá, donde para esto tuvieron que esperar 100 años".

Por otra parte, en lo que concierne al inversionista, éste no será sujeto a acciones penales por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, puesto que no le pueden ser aplicadas las leyes nacionales. De todas maneras, la responsabilidad legal del inversionista se diluye en una maraña de 15 sociedades que están detrás de HKND, y que gestionan el proyecto del canal. La información sobre quiénes son los accionistas de estas empresas permanece en una nebulosa, por lo que la pregunta de a quién fueron cedidos estos derechos queda aún sin responder.

Por último, la ley establece que no podrán ser aplicados los controles de la superintendencia de banco a la gestión financiera del proyecto, y el inversionista podrá proponer al presidente nuevas leyes o modificaciones a las ya existentes para garantizar su éxito.

Todo esto ha hecho que emerja la indignación del movimiento campesino que, con canal o no, continua persistente. Indignación que en palabras del Manuel Coronel Kautz, "ha sido una constante y seguirá siéndolo… porque es lógico que si las personas escuchan que se van a afectar sus modos de vida, reaccione”. “El terreno sigue siendo nicaragüense. Todo allí es bajo las leyes nicaragüenses y todo lo que es el ámbito de la soberanía está totalmente claro y definido”, añade.

Un arriendo poco claro

Según el Presidente de la Junta Gubernamental del Gran Canal “el gobierno ya ha comunicado el diseño de la casas que se van a entregar y los lugares donde serán reubicadas las personas”. Además, asegura que el ejecutivo ha confirmado su compromiso en lo que respecta la compensación económica que, “aunque aún no se ha revelado, obviamente va a ser mucho mejor de lo que tienen ahora, puesto que las personas viven en condiciones muy precarias”. Sin embargo, no existen documentos públicos que confirmen lo anterior y, según señalan las comunidades, a la fecha no se ha realizado entre los posibles afectados una consulta pública, ni se ha presentado una propuesta detallada para la adquisición de tierras, reubicación y compensación.

En mayo del año pasado se llevó a cabo un arriendo indefinido de tierras indígenas de la costa caribe, en el marco de la construcción del gran canal. Sin embargo, una comisión conformada por miembros de la Fundación Popolna, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y observadores internacionales, aseguraron que las poblaciones de las comunidades involucradas en el acuerdo no fueron consultadas de manera previa, libre e informada, para dar su consentimiento a la firma. Además, los dirigentes comunales aseguran haber sido suplantados, en la firma de dicho acuerdo, por personas asignadas por el Gobierno. "Hizo otra certificación, poniendo en representación a otra persona. Yo soy el presidente de la comunidad y mi firma es la única que tiene validez", asegura Carlos Wilson Billis presidente de la comunidad Bangkukuk, de la costa Caribe. Al respecto, Manuel Coronel Kautz asegura que eso no es cierto. "El Gobierno no se mete de esa manera tan directa en esos temas. Hizo un arreglo, firmamos unos documentos, personalmente lo hice con un grupo de 20, 30 representantes; cuando hicimos eso todo el mundo estuvo de acuerdo”.

El puño antiorteguista

Desde la reelección de Daniel Ortega en 2006, diferentes movimientos contestatarios han surgido en el territorio nacional y los nicaragüenses coinciden en que el movimiento campesino de lucha contra el canal, es el más representativo de todas estas batallas.

El discurso de apoyo a los pobres sobre el que Ortega sostiene su popularidad “por primera vez es enfrentado, de forma directa y descarnada, por militantes mismos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que están entre ese campesinado”, señala el sociólogo Manuel Ortega, exasesor presidencial del Frente Sandinista en la década de los ochenta.

Para los protagonistas del principal movimiento contestatario al gobierno, el proyecto del gran canal es un ataque personal, a sus bienes, a sus modos de vida y también a su ideología. “Nos sentimos traicionados”, dice Medardo Mairena, campesino y vicecoordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. “La gente siente ser sandinista, pero el Frente no está respondiendo a las promesas que les hicieron y lo que están haciendo es quitarles lo que ellos tienen, lo que a ellos les ha costado”.

A pesar de esto, el Frente Sandinista continúa gozando de la gran popularidad que le otorgó la reelección en noviembre del 2016 . Las demandas de los campesinos, consideradas demasiado puntuales a sus intereses, mantienen al movimiento alejado de la ciudad donde se concentra el apoyo al FSLN, según explica Manuel Ortega.

Sin embargo, el aumento del autoritarismo del Estado, la debilidad de la oposición política y la presión de los movimientos sociales tienen preocupados a los nicaragüenses. Temen que la falta de alternativas por la vía cívica pueda derivar en situaciones de violencia y que se abra para Nicaragua lo que el sociólogo augura como “una etapa de inestabilidad, ingobernabilidad, polarización y conflicto”. Mónica López, por su parte, espera que el gobierno sepa rectificar y no cometa el "error de arrinconar a las comunidades" que han estado protestando.