Pese a que el “mandato constitucional” exige al Estado peruano realizar consultas previas a las comunidades indígenas sobre la concesión de una actividad minera en sus territorios, Perú sigue reportando casos en los que se “hace caso omiso a la ley”, vulnerando así los derechos de los pueblos nativos.

Estos deben acudir a los tribunales sistemáticamente, ante un modelo de Justicia culturalmente discriminador, para hacer valer unos derechos que son de obligatorio cumplimiento legal para todos los funcionarios.

En las últimas tres décadas, más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas para ser destinadas al desarrollo urbano, turístico, energético y agroindustrial, a pesar de la “fuerte repercusión” social y ambiental para la región, indica un informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 18 de enero de 2021 - La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Guatemala, con más de 1000 ataques a personas defensoras en el 2020 y la falta total de una agenda pública que garantice el derecho a defender derechos humanos. Fue lo que denunció el Observatorio (OMCT-FIDH) y la UDEFEGUA en un informe publicado hoy.

Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron al Estado peruano brindar mayor protección a líderes indígenas y defensores de los derechos indígenas, medioambientales y de la tierra en las regiones amazónicas e informar en un plazo de 60 días sobre las medidas adoptadas para proteger a los defensores.