La construcción y el mantenimiento de infraestructura en Colombia han sido definidos como una de las locomotoras de desarrollo económico del país. Esto requiere de grandes inversiones. Estudios económicos recientes en países en vía de desarrollo, como Colombia, muestran que gran parte del financiamiento de proyectos de infraestructura se logra por medio de la inversión del sector privado. De este, más de la mitad es inversión extranjera. Colombia ha adoptado recientemente una política de apertura a la inversión extranjera.

Una de las principales banderas de lucha de los agricultores desde las primeras décadas del siglo XX, ha sido la conquista del derecho a ser propietarios de la tierra que trabajan. Desde el proceso de Reforma Agraria iniciado en el gobierno del General Velasco Alvarado (1969-1975) y durante los años sucesivos, se otorgaron miles de títulos de propiedad a los agricultores, sea directamente o por medio de empresas asociativas de propiedad común.

La restitución de tierras como instrumento de reparación en el contexto de la justicia transicional en Colombia, incorpora importantes herramientas que denotan su potencialidad en la consecución de objetivos de justicia que van más allá de la justicia correctiva.

Este artículo tiene como finalidad explorar la relación que existe entre las dinámicas de la inversión extranjera y la migración formada en el contexto del conflicto armado colombiano. Mediante la presentación de una serie de casos recientes, se muestran las diversas formas en que la operación de las empresas multinacionales ha generado efectos negativos a las comunidades vulnerables ubicadas en las zonas de influencia de esos proyectos, lo que implica procesos de movilidad humana involuntaria.

The American Convention on Human Rights embodied in an extensive way, the protection of the use and enjoyment of property, including land property. The Inter-American Court of Humans Rights has interpreted this right in an evolutionary way, according with the particular necessities of the people under the jurisdiction of the State Parties of the Convention.

La experiencia de reubicación de 62 familias desplazadas en el Departamento del Guaviare que accedieron a un Subsidio Integral de Tierras (SIT) en el año 2006, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, se investigó cubriendo un horizonte temporal de una década (2005 al 2015).

El efecto de los recursos naturales en el progreso de los países ha sido ampliamente discutido en la literatura económica. Predomina un impacto negativo en el crecimiento, que puede ser neutralizado por medio de estrategias conducentes a una estructura y especialización industrial más intensiva en conocimiento. Este trabajo analiza los determinantes del crecimiento en países que han avanzado sin abandonar los recursos naturales como motor de su economía.

Comenzando con una breve revisión histórica, este artículo pretende exponer las razones principales que determinan la improcedencia de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la que se publicó en el Suplemento del Registro Oficial N.-711, de 14 de marzo de 2016.

El trabajo consiste en un estudio histórico y crítico de los mecanismos jurídicos de protección de las tierras de la población desplazada, en el cual se revisan las políticas públicas y la legislación que ha tenido incidencia en la materia.

La presente investigación titulada: “La restitución de tierras en Colombia: un instrumento para reparar las víctimas del conflicto armado o un instrumento político para el desarrollo económico”, se enmarca dentro de los estudios de instrumentos de la política pública y la plantea como interrogante central: ¿Por qué se privilegió la restitución de tierras, Ley 1448 del 2011, como el instrumento para reparar los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia?

El siguiente artículo argumenta cómo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia, iniciado el 21 de noviembre de 2008, aumentará las condiciones de vulnerabilidad de la población dedicada al corte de caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. En este sentido, el poder de los organismos internacionales y el de las empresas multinacionales contribuirán a la violación de los Derechos Humanos manteniendo un orden global injusto que ahonda las condiciones de pobreza de las personas que ejercen estas actividades

Los beneficios de la competencia institucional se alcanzan bajo ciertas normas que impiden la violación de derechos y la depredación de los recursos. La competencia horizontal puede tomar la forma de agresión violenta entre jurisdicciones (guerra) o la de cooperación y comercio. Su impacto puede ser “negativo” si substrae recursos de gobiernos benevolentes comprometidos con el bienestar general de la comunidad, pero “positivos” si se los considera como otra forma de controlar el Leviatán.