Colombia was one of the three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Ecuador and Venezuela). A five-decade-long conflict between government forces and antigovernment insurgent groups, principally the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) heavily funded by the drug trade, escalated during the 1990s. More than 31,000 former paramilitaries had demobilized by the end of 2006 and the United Self Defense Forces of Colombia as a formal organization had ceased to function. In the wake of the paramilitary demobilization, emerging criminal groups arose, whose members include some former paramilitaries. The insurgents lacked the military or popular support necessary to overthrow the government. Large areas of the countryside were under guerrilla influence or contested by security forces. After four years of formal peace negotiations, the Colombian Government signed a peace deal with the FARC in November 2016, which was subsequently endorsed by the Colombian Congress. The agreement calls for members of the FARC to demobilize and be incorporated into mainstream society and politics. The Colombian Government has stepped up efforts to reassert government control throughout the country, and now has a presence in every one of its administrative departments. Despite decades of internal conflict and drug related security challenges, Colombia maintains relatively strong democratic institutions characterized by peaceful, transparent elections and the protection of civil liberties.
Colombia is a presidential republic.
Members:
Resources
Displaying 61 - 65 of 228Decreto Nº 1.170 - Disposiciones relacionadas con con la enajenación de bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
El presente Decreto reglamenta parcialmente el artículo 2° de la Ley Nº 1.150 de 2007, en lo relacionado con la enajenación de bienes sobre los cuales se ha proferido decisión judicial ejecutoriada de extinción de dominio o comiso o recibido en dación en pago, que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Implementa: Ley Nº 1.151 - Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010: Estado Comunitario, desarrollo para todos. (2007-07-24)
Decreto Nº 1.660 - Reglamenta parcialmente la Ley Nº 387, sobre medidas para la prevención del desplazamiento forzado.
El presente Decreto reglamenta la Ley que adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia, en lo relacionado con la permuta de predios de propiedad de la población en condición de desplazamiento.
Resolución Nº 722 - Modifica la Resolución Nº 842, sobre criterios para definir la composición poblacional en cada proyecto de vivienda.
La presente Resolución modifica la que establece los criterios para definir la composición poblacional en cada proyecto de Vivienda, en relación a la modificación de la composición poblacional que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) podrá realizar variando el porcentaje asignado a cada grupo de población en cada proyecto en cualquier tiempo.
Resolución Nº 225 - Índices de productividad mínima de producción agropecuaria.
La presente Resolución establece los índices de productividad mínima de producción agropecuaria, pesquera y forestal que deberán ser observados por la Unidad Nacional de Tierras Rurales dentro del procedimiento de adquisición directa y expropiación de los bienes rurales calificados de improductivos.
Implementa: Decreto Nº 640 - Reglamenta la Ley Nº 1.152 de 2007, en lo relacionado con la adquisición directa de los bienes rurales calificados como improductivos. (2008-03-04)
Decreto Nº 1.272 - Modifica el Decreto Nº 564, sobre disposiciones relativas a las licencias urbanísticas y a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de interés social.
El presente Decreto modifica el que reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y a la legalización de asentamientos humanos, en lo relacionado con el sistema de categorización para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción en función de su complejidad.