Colombia was one of the three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Ecuador and Venezuela). A five-decade-long conflict between government forces and antigovernment insurgent groups, principally the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) heavily funded by the drug trade, escalated during the 1990s. More than 31,000 former paramilitaries had demobilized by the end of 2006 and the United Self Defense Forces of Colombia as a formal organization had ceased to function. In the wake of the paramilitary demobilization, emerging criminal groups arose, whose members include some former paramilitaries. The insurgents lacked the military or popular support necessary to overthrow the government. Large areas of the countryside were under guerrilla influence or contested by security forces. After four years of formal peace negotiations, the Colombian Government signed a peace deal with the FARC in November 2016, which was subsequently endorsed by the Colombian Congress. The agreement calls for members of the FARC to demobilize and be incorporated into mainstream society and politics. The Colombian Government has stepped up efforts to reassert government control throughout the country, and now has a presence in every one of its administrative departments. Despite decades of internal conflict and drug related security challenges, Colombia maintains relatively strong democratic institutions characterized by peaceful, transparent elections and the protection of civil liberties.
Colombia is a presidential republic.
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Displaying 66 - 70 of 228Decreto Nº 1.272 - Modifica el Decreto Nº 564, sobre disposiciones relativas a las licencias urbanísticas y a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de interés social.
El presente Decreto modifica el que reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y a la legalización de asentamientos humanos, en lo relacionado con el sistema de categorización para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción en función de su complejidad.
Acuerdo Nº 139 - Reglamenta el pago y la restitución del subsidio para adecuación de tierras.
El presente Acuerdo reglamenta el pago y la restitución del subsidio para la compra de tierras, con la finalidad de realizar obras de adecuación de tierras que tengan como propósito mejorar las condiciones de riego, drenaje o control de inundaciones, o para ampliar, rehabilitar o transformar obras ya existentes.
Implementa: Ley Nº 1.152 - Dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). (2007-07-25)
Decreto Nº 554 - Suprime el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe).
El presente Decreto suprime el el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), establecimiento público del orden nacional creado por la Ley Nº 3 de 1991, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Enmienda: Ley Nº 3 - Crea el Sistema nacional de vivienda de interés social. (1991-01-15)
Decreto Nº 2.368 - Crea el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras.
El presente Decreto crea el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras, como un organismo del Gobierno nacional encargado de formular lineamientos generales, coordinar y articular la implementación de políticas públicas en materia de restitución de tierras de los despojados en los términos establecidos en la Ley Nº 1.448 de 2011.Son funciones del Consejo Superior de Restitución de Tierras: 1) actuar como instancia máxima en asesoría y coordinación en materias relacionadas con la restitución de tierras de los despojados; 2) servir de organismo coordinador de las acc
Decreto Nº 1.504 - Reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.
El presente Decreto, considereando que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular y en cumplimiento de la función pública del urbanismo, dispone que los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.