Colombia was one of the three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Ecuador and Venezuela). A five-decade-long conflict between government forces and antigovernment insurgent groups, principally the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) heavily funded by the drug trade, escalated during the 1990s. More than 31,000 former paramilitaries had demobilized by the end of 2006 and the United Self Defense Forces of Colombia as a formal organization had ceased to function. In the wake of the paramilitary demobilization, emerging criminal groups arose, whose members include some former paramilitaries. The insurgents lacked the military or popular support necessary to overthrow the government. Large areas of the countryside were under guerrilla influence or contested by security forces. After four years of formal peace negotiations, the Colombian Government signed a peace deal with the FARC in November 2016, which was subsequently endorsed by the Colombian Congress. The agreement calls for members of the FARC to demobilize and be incorporated into mainstream society and politics. The Colombian Government has stepped up efforts to reassert government control throughout the country, and now has a presence in every one of its administrative departments. Despite decades of internal conflict and drug related security challenges, Colombia maintains relatively strong democratic institutions characterized by peaceful, transparent elections and the protection of civil liberties.
Colombia is a presidential republic.
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Displaying 71 - 75 of 228Decreto Nº 2.368 - Crea el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras.
El presente Decreto crea el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras, como un organismo del Gobierno nacional encargado de formular lineamientos generales, coordinar y articular la implementación de políticas públicas en materia de restitución de tierras de los despojados en los términos establecidos en la Ley Nº 1.448 de 2011.Son funciones del Consejo Superior de Restitución de Tierras: 1) actuar como instancia máxima en asesoría y coordinación en materias relacionadas con la restitución de tierras de los despojados; 2) servir de organismo coordinador de las acc
Decreto Nº 1.504 - Reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.
El presente Decreto, considereando que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular y en cumplimiento de la función pública del urbanismo, dispone que los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.
Decreto Nº 3.444 - Modifica el Decreto Nº 2.217, Programa especial de adquisición de tierras en beneficio de la población campesina desplazada.
El presente Decreto modifica el procedimiento de selección de los beneficiarios de los programas especiales de adquisición de tierras por campesinos de escasos recursos que hubieren sido desplazados del campo por causa de la violencia, deportados de zonas fronterizas o afectados por calamidades públicas naturales.
Enmienda: Decreto Nº 2.217 - Programa especial de adquisición de tierras en beneficio de la población campesina desplazada. (1996-12-05)
Acuerdo Nº 136 - Excepciones a la regla general que dispone la titulación de los terrenos baldíos.
El presente Acuerdo establece excepciones a la regla general que dispone la titulación de los terrenos baldíos de la nación en unidades agrícolas familiares, y los requisitos para su adjudicación.
Implementa: Ley Nº 1.152 - Dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). (2007-07-25)
Decreto Nº 1.100 - Modifica el Decreto Nº 564, sobre disposiciones relativas a las licencias urbanísticas y a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de interés social.
El presente Decreto modifica el que reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y a la legalización de asentamientos humanos, en lo relacionado con el concurso de méritos para la designación o redesignación de los curadores urbanos y los criterios para la evaluación de su actividad.