El presente Decreto tiene por objeto la implementación de la Ley Nº 23.302 en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas formará parte de dicho instituto y tendrá carácter público. Podrán establecerse registros locales en el interior. El Decreto prevé el desarrollo de porgramas de asistencia sanitaria de las comunidades indígenas, prestando prioridad a la salud infantil.

La politique de développement agro-sylvo-pastoral est marquée par le retrait progressif de l’Etat et est conforme aux principes de recentrage de ses missions sur des fonctions régaliennes, de poursuite de la politique de décentralisation, d’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural, ainsi que de création d’un environnement propice aux investissements privés en milieu rural. La réduction de la pauvreté est la principale priorité de la politique de l’Etat, en particulier dans les zones rurales.

La presente codificación de la Ley de Desarrollo Agrario, tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema.El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 1) Política de capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos

Est adoptée la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural du Burkina faso dont le texte est joint en annexe au présent décret. La sécurisation foncière des acteurs ruraux est une condition incontournable pour un développement économique et social durable. Pour apporter des réponses efficaces et durables au problème de la sécurisation foncière des acteurs ruraux, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d’entreprendre l’élaboration d’un document de politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR).

La presente Ley reforma parcialmente la Ley de tierras y desarrollo agrario, tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental

En el marco de la política pública de desarrollo social, este Decreto prioriza la eliminación de la pobreza extrema en la República del Paraguay como causa nacional. La Ley incluye a las familias rurales, urbanas e indígenas entre los participantes de los programas y proyectos implementados en virtud de este Decreto. Uno de los objetivos de estos programas es asegurar las condiciones necesarias para el acceso al derecho de propiedad de la tierra y el arraigo en sus comunidades, así como la seguridad alimentaria y nutricional de la población, incluyendo la cobertura de agua potable.

El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. En este marco se definen las siguientes categorías de áreas: a) áreas productivas agropecuarias urbanas, que son espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal de extensiones influenciables o colindantes con urbanizaciones; b) áreas rurales de vocación productiva, cuyas características, tengan continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria.

La presente Ley establece los mecanismos y políticas sectoriales para la prevención, protección y fortalecimiento de las naciones y los pueblos indígenas originarios que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Los mecanismos de protección contemplan el impedir cualquier tipo de perturbación en los territorios ocupados por dichas naciones y pueblos, como así también la promoción de iniciativas comunitarias para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, facilitando la rehabilitación de la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos.

La presente Ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. Para ello establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.

La presente Resolución introduce algunas modificaciones a la Resolución Nº 8 de 2008, por la que se estableció el Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores. En primer lugar se sustituye el texto del Anexo, el cual enumera los objetivos generales y específicos del Plan. En cuanto al objetivo general, se establece que el Plan se propone apoyar a los pequeños y medianos productores rurales, por su elevado potencial y su importante papel multiplicador en las economías regionales de las distintas zonas rurales del país.

La presente Ley tiene por objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional.

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades es una estrategia de desarrollo con enfoque de género, de carácter multisectorial y alcance nacional, cuya premisa es el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo del país. Este reconocimiento implica promover igualdad de oportunidades de las mujeres para el acceso a los servicios públicos, su plena participación en espacios de decisión, en la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, y en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género.