El presente Decreto tiene por objeto la implementación de la Ley Nº 23.302 en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas formará parte de dicho instituto y tendrá carácter público. Podrán establecerse registros locales en el interior. El Decreto prevé el desarrollo de porgramas de asistencia sanitaria de las comunidades indígenas, prestando prioridad a la salud infantil.

La politique de développement agro-sylvo-pastoral est marquée par le retrait progressif de l’Etat et est conforme aux principes de recentrage de ses missions sur des fonctions régaliennes, de poursuite de la politique de décentralisation, d’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural, ainsi que de création d’un environnement propice aux investissements privés en milieu rural. La réduction de la pauvreté est la principale priorité de la politique de l’Etat, en particulier dans les zones rurales.

La presente codificación de la Ley de Desarrollo Agrario, tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema.El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 1) Política de capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos

Est adoptée la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural du Burkina faso dont le texte est joint en annexe au présent décret. La sécurisation foncière des acteurs ruraux est une condition incontournable pour un développement économique et social durable. Pour apporter des réponses efficaces et durables au problème de la sécurisation foncière des acteurs ruraux, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d’entreprendre l’élaboration d’un document de politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR).

La presente Ley reforma parcialmente la Ley de tierras y desarrollo agrario, tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental

A landscape simulation was designed and tested in Viengkham, a mountainous district in the north of Lao PDR. This social learning process was introduced by researchers affiliated with national research institutions to improve land use planning practices and increase the ownership of local people in the planning process. Twelve members of the village land management committees participated in the role play called PLUP Fiction, which is part of a stepwise process of participatory land use planning (PLUP).

En el marco de la política pública de desarrollo social, este Decreto prioriza la eliminación de la pobreza extrema en la República del Paraguay como causa nacional. La Ley incluye a las familias rurales, urbanas e indígenas entre los participantes de los programas y proyectos implementados en virtud de este Decreto. Uno de los objetivos de estos programas es asegurar las condiciones necesarias para el acceso al derecho de propiedad de la tierra y el arraigo en sus comunidades, así como la seguridad alimentaria y nutricional de la población, incluyendo la cobertura de agua potable.

This article reviews recent research on contemporary transformations of global land governance. It shows how changes in global governance have facilitated and responded to radical revalorizations of land, together driving the intensified competition and struggles over land observed in many other contributions to this special issue. The rules in place to govern land use are shifting from ‘territorial’ toward ‘flow-centered’ arrangements, the latter referring to governance that targets particular flows of resources or goods, such as certification of agricultural or wood products.

Mediante la presente Resolución se aprueba el Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores, que ejecutará la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. El Plan se implementará a partir de una estrategia de intervención que apunta al desarrollo autónomo y sustentable de los productores de la agricultura familiar, con el propósito de generar las bases materiales y humanas de un verdadero desarrollo genuino con inclusión en un marco de concertación de políticas, entre el Estado nacional, las provincias, los municipios y las organizaciones de productores.

El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. En este marco se definen las siguientes categorías de áreas: a) áreas productivas agropecuarias urbanas, que son espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal de extensiones influenciables o colindantes con urbanizaciones; b) áreas rurales de vocación productiva, cuyas características, tengan continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria.

La presente Ley establece los mecanismos y políticas sectoriales para la prevención, protección y fortalecimiento de las naciones y los pueblos indígenas originarios que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Los mecanismos de protección contemplan el impedir cualquier tipo de perturbación en los territorios ocupados por dichas naciones y pueblos, como así también la promoción de iniciativas comunitarias para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, facilitando la rehabilitación de la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos.

La presente Ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. Para ello establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.