ORDINANCE WAR DEPARTMENT LANDS
An Ordinance for giving Possession to the War Department of Land at Kortright Hill and Kennedy Ridge for the purpose of Constructing Barracks and a Rifle Range thereon
An Ordinance for giving Possession to the War Department of Land at Kortright Hill and Kennedy Ridge for the purpose of Constructing Barracks and a Rifle Range thereon
An Ordinance for vesting all Estates and Property in the Colony of Sierra Leone, in Africa, occupied by or for the Naval Service of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, in the Lord High Admiral, or the Commissioners for executing the office of Lord High Admiral of the said United Kingdom for the time being.
An Ordinance for Transferring to one of Her Majesty's Principal Secretaries of State the Powers and Estates within the Colony of Sierra Leone, in Africa, heretofore vested in the Principal Officers of the Ordnance.
Common approaches to mapping green infrastructure in urbanised landscapes invariably focus on measures of land use or land cover and associated functional or physical traits. However, such one-dimensional perspectives do not accurately capture the character and complexity of the landscapes in which urban inhabitants live. The new approach presented in this paper demonstrates how open-source, high spatial and temporal resolution data with global coverage can be used to measure and represent the landscape qualities of urban environments.
Community and Customary Land - 12 files ...
Dispute Mechanisms and Approaches - 9 files...
General - 45 files
Human Rights - 14 files...
Land and the Ceasefire Process...
Land Grabbing - 68 files...
Land Titling - 7 files...
Community Mapping: Overcoming Complexities...
Free, Prior, Informed, Consent: Policy Brief...
Looks at agricultural leasehold rights, freehold tenure and land markets, foreign land ownership and tenure security, rentals and sharing of redistributed land, modifying customary rights, gender and class relations, farm workers, land administration and tenure security.
La acción de los grupos armados al margen de la ley ha generado profundas transformaciones en los territorios donde han logrado ejercer su control. En el mundo rural, una de las principales afectaciones especialmente asociada con la acción de los grupos paramilitares, se dio en el abandono y despojo de tierras mediante de diversos mecanismos de violencia y constreñimiento tales como el desplazamiento forzado.
La Ley de Reforma Agraria de octubre de 1973, impuso severas penas a quienes mantenían la tierra explotada o inexplotada fuera del contexto de función social. El Estado aparece así no sólo como el ente que responde a las necesidades campesinas, aquel que sanciona las deficiencias sociales, sino también como aquel que conduce los hilos de las relaciones y no permite que el campesinado haga de la reforma agraria el campo de sus aspiraciones.
Este artículo tiene como objetivo analizar el derecho como un recurso empleado por los actores político-administrativos y sociales estratégicamente y con diversas funciones sociales en las políticas públicas territoriales, tomando como caso de análisis la Política Pública para la Prevención del Desplazamiento Forzado, la Protección, Reconocimiento, Restablecimiento y Reparación de la Población Afectada por el Desplazamiento Forzado en el Municipio de Medellín.
Civilmente se han definido los derechos personales, derechos de crédito o crédito, como aquellos que solamente pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o por la sola disposición de la Ley han contraído obligaciones correlativas.
doi: 10.12957/geouerj.2017.24786Este artículo tiene como objetivo realizar un análisis, mediante revisión bibliográfica, de los conflictos que se han dado entre los indígenas y la población no indígena en la comunidad Bribri de Salitre. Donde se determinó que la principal problemática que enfrenta la población autóctona, son actos de violencia por parte de los no indígenas, a causa de la tenencia de la tierra, quienes han organizado grupos de carácter paramilitar con el objetivo de reprimir a los nativos.
El principal deber del Estado, es el de respetar y hacer respetar los derechos de las personas consagrados en la constitución y en los tratados internacionales, en la realidad material la actuación de los gobiernos autónomos municipales ha sido irregular y ha incumplido con su deber de respeto del derecho de propiedad, siendo una práctica reiterativa el establecer afectaciones a las propiedades de los particulares, las que en muchas ocasiones han resultado arbitrarias e ilegitimas, escapando sutilmente del control de legalidad; y, en la ejecución de los diversos proyectos de los planes de o