Colombia aparece como uno de los ocho países con “muy altas limitaciones de acceso” a alimentos.

La inestabilidad económica, el desplazamiento, la violencia y la inestabilidad política serían los cuatro riesgos que dispararían la inseguridad alimentaria aguda en Colombia en los próximos meses, según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA).

El país, junto con otras 24 naciones como Honduras, Angola o la región del Sahel (que incluye a Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) fue reseñado dentro del informe ‘Puntos críticos del hambre: Alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda’.  

Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos. Esta puede experimentarse a diferentes niveles de severidad.

El documento, que mide la inseguridad alimentaria bajo 8 riesgos, como inestabilidad económica, ciclones tropicales, afectaciones por langostas, o daños por inundaciones, entre otros, alerta que de febrero a mayo de 2022 podría darse hambre aguda en estas zonas “a menos que se tomen medidas inmediatas”. Estos riesgos podrían afectar la capacidad de producción o movilización de alimentos en ciertas zonas de cada país.

Según reseñan la FAO y el PMA la mayoría de territorios que podrían sufrir este flagelo se encuentran en África; siendo, de hecho, Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur tres de los cuatro países con el mayor riesgo. La lista la completa Yemen. “En las últimas evaluaciones disponibles, todos estos países tenían partes de la población identificadas o proyectadas para experimentar la inanición y la muerte, que requieren atención más urgente”, señala el informe. 

En el caso de Latinoamérica y el Caribe,Colombia aparece junto con Honduras y Haití como los tres únicos países listados. “La actual crisis económica de Haití, caracterizada por el debilitamiento de la moneda y una inflación galopante, ha provocado una mayor reducción del poder adquisitivo de muchos hogares pobres y vulnerables. Mientras que tanto en Honduras como en Colombia, a pesar de la recuperación gradual de la contracción del 2020, las reducidas oportunidades de empleo junto con el aumento de los precios y la disminución del poder adquisitivo, están empeorando las pérdidas económicas generadas por la pandemia”, enfatiza el documento.  

Para enfrentar este flagelo existe en el país la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada para fortalecer los mecanismos de gobernabilidad y coordinación de las entidades rectoras de la política. De ella hacen parte los ministerios de Salud, Ambiente, Agricultura, Educación, Hacienda, Comercio, además de Bienestar Familiar y Planeación Nacional.

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, explicó las acciones que el gobierno viene realizando contra ese flagelo. Según el funcionario "como Gobierno Nacional hemos enfocado nuestros esfuerzos en mantener el normal funcionamiento de toda la cadena de suministro y abastecimiento de los alimentos, a pesar de las restricciones generadas a raíz de la pandemia, con lo cual hemos logrado garantizar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional y llevar la comida a la mesa de los colombianos, permitiendo la movilización de todo el sector primario y del resto de la cadena". 

Muy altas limitaciones de acceso

Colombia aparece clasificado como uno de los ocho países con “muy altas limitaciones de acceso” a alimentos para sus ciudadanos y habitantes migrantes. Según la FAO el país enfrenta esta problemática sobre todo en áreas donde se presenta conflicto armado, y estaría acompañado de otros Estados como Somalia, que enfrenta debido a hostilidades militares, impedimentos burocráticos y carreteras intransitables; o la República Democrática donde se espera que nuevas operaciones militares y el deterioro de la seguridad afecten la asistencia humanitaria.

Las razones, según el documento, son los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los grupos armados que ha provocado nuevas oleadas de ataques violentos, con 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021, tres veces más que en 2020. “Es probable que los disturbios causados por el malestar social y las perturbaciones económicas continúen en medio de los procesos electorales previstos para el primer semestre de 2022. Esto podría contribuir a que continúen los altos niveles de desplazamiento en los próximos meses”, destaca el documento.

Además, según el documento la pandemia causada por el covid-19 ha amplificado aún más las disparidades existentes y sus efectos económicos seguirán afectando a los hogares vulnerables, a pesar de un repunte económico en 2021 y un crecimiento del PIB previsto del 5,5 por ciento en 2022. 

“Aunque las pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia se han recuperado casi por completo, la tasa de desempleo sigue siendo alta, con más del 11 por ciento en octubre de 2021. También preocupa la inflación, que se situó en el 12,4 % interanual en septiembre de 2021, y que probablemente seguirá afectando al poder adquisitivo de los hogares vulnerables”, puntualiza. 

Otro problema que identifica la FAO es la gran cantidad de migrantes venezolanos radicados en el país, siendo el lugar del mundo donde más migrantes venezolanos se encuentran radicados. “Aproximadamente el 64 por ciento (1,1 millones) de los migrantes venezolanos en Colombia padecían inseguridad alimentaria en julio de 2021, incluido el 14 por ciento con inseguridad severa”, enfatiza el documento.

Recomendaciones para enfrentar la inseguridad alimentaria

Entre las recomendaciones que entrega el informe con acciones para evitar que se presente dicha problemática en el país están distribuir transferencias de dinero a las personas más vulnerables de las zonas rurales y urbanas, para mitigar el impacto de los aumentos previstos en los precios de los alimentos de los precios de los alimentos en la seguridad alimentaria.  

Además la FAO y la PMA también recomiendan proporcionar asistencia alimentaria e insumos agrícolas (semillas, fertilizantes y materiales) para la producción rápida, diversificada y segura de alimentos en contextos rurales, urbanos y periurbanos, para cerrar la brecha alimentaria de las personas afectadas por el conflicto/violencia, las crisis sociales y otros choques económicos.

Al respecto, el ministro de Agricultura señaló que en el tema de insumos agropecuarios, en 2020, con el fin de empezar a reactivar la economía en el campo, se destinaron casi $30.000 millones para apoyar a los pequeños productores en la provisión de estos productos.

"Además, en 2021 logramos sacar adelante la Ley de Insumos Agropecuarios, que buscará mejorar el acceso al mercado de insumos a los pequeños productores, por medio de diferentes apuestas como un fondo, que este año tendrá recursos por mas de $70.000 millones para darle apoyo directo a nuestros campesinos; logrando adicionalmente arancel del 0% para las importaciones de agroinsumos, con el fin de disminuir costos y mejorar la rentabilidad de nuestros productores", explicó el funcionario.

El informe también señala que en el caso de los migrantes venezolanos, las organizaciones de la ONU recomiendan apoyar a los migrantes y a las comunidades de acogida en las zonas rurales limítrofes, rehabilitando los sistemas de agua, estableciendo áreas para la producción rápida de alimentos y apoyando la producción rápida de forraje (bancos de forraje, bancos de proteínas y cercas vivas). 

Otra de las acciones claves según el informe, es “aumentar los ingresos de los hogares y el empleo local, preservando los medios de vida agrícolas y mitigando la inflación que afecta el acceso a los alimentos, apoyando la cadena de suministro a los mercados locales”. 

Al respecto, puntualizó el ministro Zea a través de la Agencia de Desarrollo Rural, el gobierno actual ha invertido $ 63.028 millones para la rehabilitación de distritos de riego y drenaje que impactan 87.044 hectáreas (92 % de la meta del cuatrienio). Beneficiando así a 20.512 familias rurales colombianas.

"Durante todo el Gobierno del Presidente Duque, hemos generado más de 50.000 títulos de propiedad rural en todo el territorio colombiano, equivalentes a más de 1.177.000 hectáreas regularizadas para más de 60.000 familias de población campesina y étnica del país. Este Gobierno ha incorporado en el Fondo de Tierras un total de 1.429.000 hectáreas, de las cuales hemos entregado a través del mismo alrededor de 448.000 hectáreas, que benefician a la población rural y aportan al cumplimento de los Acuerdos de Paz", enfatizó el jefe de la cartera de Agricultura.