Bogotá, 27 de octubre de 2023
Durante la semana del 23 al 27 de octubre, una delegación conformada por autoridades tradicionales y representantes de los pueblos amazónicos Pɵɵsiɵhɵ (Andoke), Nonova ɨɨni (Nonuya), Feenemɨnaa (Muinane) y Uitoto de habla Nɨpode, denominados la Gente de Centro —dueños de territorios de vida en los departamentos del Amazonas y Caquetá, que conforman la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indigena del Medio Amazonas (CRIMA)—, estuvimos en Bogotá para exigir, ante distintas instancias del Gobierno Nacional, nuestra participación efectiva y directa en los instrumentos ordenados por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sentencia 4360-2018. También, para obtener las garantías frente a nuestros derechos fundamentales como el ejercicio del autogobierno, la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.
Esta Sentencia de la Corte Suprema Justicia de Colombia ordenó crear mecanismos concretos para frenar la deforestación y mitigar el cambio climático y, con ello, salvaguardar el futuro de la vida en la Amazonia colombiana y proteger los derechos de las generaciones futuras. Han pasado cinco años desde el fallo y, aún así, los pueblos indígenas amazónicos que habitamos la cuenca Media del Río Caquetá, Gente de Centro, no hemos sido informados oportunamente sobre el proceso y, si que menos, consultados en nuestros territorios ancestrales y tradicionales.
Esto nos genera una inmensa preocupación, pues somos nosotros, la Gente de Centro, los dueños ancestrales de nuestros territorios, los cuales ocupan casi 3 millones de hectáreas. Vemos con preocupación la expansión de la frontera agrícola y nos inquieta que el Estado colombiano no haya podido controlarla, vulnerando así los derechos fundamentales de las generaciones futuras.
Preocupados por la Amazonía y la vulneración de nuestros derechos fundamentales, los cuatro pueblos de Gente de Centro solicitamos una audiencia con el Tribunal Superior de Bogotá para expresar nuestras inconformidades frente a la STC 4360/2018. Esta fue celebrada el miércoles 25 de octubre con la presencia de instituciones con las que también mantuvimos espacios de diálogo durante la semana, entre ellas el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los ministerios del Interior y Agricultura y Desarrollo Rural, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Consideramos que esta audiencia fue histórica, pues somos los primeros Pueblos indígenas amazónicos que han dado evidencias y presentado peticiones directamente al Tribunal encargado de dar seguimiento a la Sentencia.
En esta audiencia compartimos directamente nuestra preocupación frente al avance de la frontera de la deforestación y el cambio climático, los cuales han afectado nuestros territorios de vida de varias maneras, entre ellas: el incremento de la temperatura, la alteración de los cultivos en nuestras siembras tradicionales, la pérdida de fertilidad de la tierra y la perturbación en los ciclos reproductivos de especies como los árboles frutales de bosque y lo peces de nuestros ríos. Todo esto vulnera nuestro derecho fundamental a la vida. Amenaza nuestra salud, seguridad alimentaria y pervivencia a futuro, y pone en riesgo la salud de nuestra madre Tierra. Nuestra madre está enferma, y esto afecta a sus hijos humanos y a todos los seres de la naturaleza.
Para reivindicar nuestros derechos y sostener la vida de las generaciones futuras en nuestros territorios ancestrales y tradicionales, presentamos nuestras preocupaciones y propuestas sobre la Sentencia ante las instancias estatales y el Tribunal. Algunas de ellas son:
- El Gobierno Nacional nos debe garantizar un proceso de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, con garantías y recursos adecuados, antes de formular y ejecutar cualquier plan o acción que podría afectar a nuestro territorios de vida. Esto debe conectarse con todos los planes, programas, proyectos, medidas, ordenanzas, contratos, tratados internacionales, convenios y decisiones judiciales en los que se han tomado decisiones sobre nuestros territorios tradicionales y ancestrales. Este derecho fundamental está protegido bajo la Constitución de Colombia y en la jurisprudencia derivada de las decisiones de las altas cortes colombianas. Además, es reconocido en la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
- El Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá nos deben garantizar los derechos de acceso a la información y a la participación plena, efectiva y directa con la Gente de Centro. Esto, a través de un espacio o mecanismo nuevo intergeneracional que nos permita incidir en todos los procesos de la STC 4360, que nos podrían afectar a nosotros y a nuestras generaciones futuras.
- Nos deben garantizar el ejercicio de nuestros derechos a gobernar, controlar y administrar los territorios de los cuatro pueblos de la Gente de Centro en todo plan, programa, medida o iniciativa nacional o internacional asociados con la Sentencia que podrían tener afectaciones (directas o indirectas) en nuestros derechos e integridad cultural y territorial.
- Para asegurar el beneficio de las generaciones presentes y venideras, así como el futuro de la vida en nuestros territorios tradicionales y ancestrales en la Amazonía colombiana, se debe derogar o por lo menos modificar la Ley Segunda de 1959 y establecer garantías legales y recursos públicos adecuados para reforzar el gobierno propio y manejo ambiental territorial de la Gente de Centro.
- El Gobierno Nacional, las ONGs y los fondos internacionales para el clima y el medio ambiente deben asegurar una financiación y asesoría técnica directa con nuestros Pueblos de la Gente de Centro, con el fin de apoyar nuestras iniciativas y sistemas de conocimientos ancestrales para cuidar la vida en nuestros territorios. Nuestra prioridad es construir nuestros Planes de Vida de acuerdo a nuestra palabra de vida para garantizar la pervivencia de nuestras generaciones presentes y futuras.