La urgencia por proteger a la comunidad campesina mundial ha impulsado, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el estudio de una declaración para que, sin ninguna excusa, las naciones le den un especial amparo a esta comunidad.
En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se está llevando a cabo un debate que podría cambiar de forma radical la vida de campesinos de Colombia y de todo el mundo. Su trabajo, la manera en que viven, las constantes violaciones a sus derechos humanos y las pésimas condiciones a las que se enfrentan día a día son factores que tienen tremendamente preocupados a un grupo de trabajo de la ONU que, desde 2012, se ha dedicado a estudiar de fondo los dramas de esta población.
La situación es crítica. Y por eso, los delegados del comité de asesor del Consejo están estudiando la propuesta de promover una declaración sobre los derechos de los campesinos que obligaría a los países miembros de las Naciones Unidas a proteger, de una vez por todas y sin ninguna excusa, a quienes dependen de la tierra para vivir.
Se trata de una iniciativa como ninguna otra que está avanzando en el Consejo de Derechos Humanos sin descanso. Detrás de este trabajo se encuentra una colombiana: Ana María Suárez Franco, una abogada de la Universidad Javeriana y defensora de derechos humanos que trabaja en la organización FIAN International sobre el derecho a la alimentación. Desde el comienzo, la jurista se interesó en la iniciativa que comenzó a impulsar la Vía Campesina, un movimiento que aglomera a más de 100 organizaciones de todo el mundo. “Surgió porque los campesinos empezaron a documentar violaciones de derechos humanos de todas partes y necesitan con urgencia una protección especial”, anotó Suárez, quien además tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Mannheim en Alemania.
En términos sencillos, la importancia de este proyecto de declaración es reconocer que en necesario proteger de manera especial a los campesinos porque, explica la abogada colombiana, la asimetría de poder en la que la sociedad está inmersa con respecto al campesinado es tan poderosa que la podría destruir. “No solo significa destruir a estas personas, sino también a la gente que produce alimentos de una manera sostenible y, al mismo tiempo, la comida que nos permite, normalmente, tener una dieta saludable”, recalcó Ana María Suárez, quien ha seguido el proyecto en las cinco sesiones que se han realizado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza).
Según el documento que presentó el comité de trabajo a los miembros del Consejo, la sugerencia para acabar con la asimetría a la que hace referencia Suárez es una declaración puntual que ellos mismos se encargaron de redactar. En seis páginas, los expertos en el tema propusieron 13 artículos que serían la clave para garantizar la protección de los campesinos. Después de analizar la situación en por lo menos 50 países, el comité anotó: “Los pequeños agricultores, las personas sin tierra, los agricultores arrendatarios, los trabajadores agrícolas asalariados y las personas que viven de las actividades tradicionales de pesca, caza y pastoreo se hallan entre las personas más discriminadas y vulnerables en muchas partes del mundo”.
Una de las cifras claves del documento final que está en estudio en el Consejo de Derechos Humanos es el que muestra que los campesinos son el 80 % de los habitantes del mundo que pasan hambre. Además, le entregaron al Consejo una contundente descripción en la que expusieron pruebas de cómo, desde hace por lo menos 60 años, “cuando los campesinos se organizan para reivindicar sus derechos, se los suele tratar como delincuentes, sufren detenciones o arrestos arbitrarios, o son torturados o ejecutados extrajuicialmente”. Para hacer énfasis en este tema, el comité de trabajo recordó lo que en 2007 evidenció el relator especial para la situación de los defensores de los derechos humanos.
Para el delegado de la ONU, era evidente que los defensores que más recibían amenazas y cuya vida peligraba de manera inminente era quienes luchaban por causas sobre derechos de la tierra y recursos naturales. Un caso cercano a Colombia que refleja esta situación es el asesinato, en diciembre del año pasado, del líder reclamante de tierras, Hernán Bedoya, en el Chocó. Como Bedoya hay por lo menos 50 líderes más que en los últimos dos años han perdido su vida en la defensa del territorio. La situación impulsó al comité a crear la declaración cuyo contenido, por un lado, muestra ciertos puntos que podrían ser repetitivos, pero que en países como Colombia, no lo son, pero por el otro, menciona temas que nunca antes se habían tenido en cuenta en declaraciones.
Por mencionar algunos puntos, en el documento se habla de que todos los campesinos son libres e iguales a cualquier otra persona y tienen el derecho de ser libres de cualquier tipo de discriminación, especialmente de la discriminación basada en su condición económica, social o cultura. “Los campesinos tienen el derecho a ser propietarios de tierras de manera individual, o colectivamente para tener sus casas o fincas y tienen también el derecho a no ser desalojados forzosamente de sus tierras o territorios. Ningún cambio de vivienda debe ser llevado a cabo sin su conocimiento, su aceptación, una compensación y, cuando sea posible, la opción de regresar”.
Uno de los puntos que resultan llamativos de la propuesta de declaración es el que tiene que ver con las semillas. Según lo anotado en el documento, la idea es que los campesinos tengan el derecho de determinar qué variedad de semillas quieren sembrar y de decidir, sin ningún tipo de represalia, cuáles tipos de plantas consideren económica, ecológica o culturalmente peligrosas. Para apoyar esta posición, el comité de trabajo recordó que en la segunda Conferencia Mundial sobre Semillas, organizada por la FAO en septiembre de 2009, los participantes resaltaron la importancia de proteger el acceso a las semillas en la agricultura, “sin embargo, esa libertad se ve ahora amenazada por unas pocas empresas transnacionales”.
De acuerdo con sus hallazgos, estas corporaciones controlan el mercado de las semillas y sus patentes mejoradas o genéticamente modificadas. “La tercera parte del mercado mundial de semillas está en manos de solo diez empresas, entre ellas Aventis, Monsanto, Pioneer y Syngenta. Monsanto controla el 90% del mercado mundial de semillas genéticamente modificadas”, recuerda el documento. "Cada año, miles de campesinos se suicidan porque no tienen dinero suficiente para comprar las semillas que necesitan para alimentar a su familia. En la India solamente, se calcula que 200.000 campesinos se han suicidado desde 1997, en gran medida porque dependían de las semillas de las empresas transnacionales y habían acumulado deudas que no podían pagar", reseña el comité de trabajo.
Colombia, en este debate, ha brillado por su silencio absoluto. O eso demuestran las sesiones que se han llevado a cabo en el Consejo de Derechos Humanos, en las cuales la delegación colombiana no ha tomado ninguna posición. “Para nosotros debería ser una prioridad porque además es un tema que tiene que ver directamente con lo que se acordó en La Habana en el punto de tierras. Se trata de una iniciativa importantísima porque además, por primera vez en la historia de nuestro país, se está hablando de que los campesinos tendrían derecho a la tierra y no solo al acceso a ella a través de un título y esto, en los procesos que tenemos de restitución, desplazamiento y despojo, es fundamental”, resaltó Suárez.
La propuesta de hacer de esta iniciativa una declaración oficial de la ONU iría en contra, señala la abogada colombiana, de programas en los que las multinacionales o grandes empresas reciben grandes extensiones de tierra para producir, según sus lineamientos, con el trabajo de los campesinos o menos favorecidos. Esta dinámica es, precisamente, la que se ha criticado de la Ley Zidres desde diferentes sectores de la sociedad. El senador Iván Cepeda la tildó de ser una declaración de guerra en contra de los campesinos y demandó el norma ante la Corte Constitucional que, hace dos semanas, dejó en firme lo aprobado en el Congreso. Es en ese mismo alto tribunal en donde se está discutiendo otro tema clave sobre tierras.
Es el que tiene que ver con la reforma rural, la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Según la ponencia que presentó la magistrada Gloria Ortiz, el decreto va en contra de la Constitución pues se desconoció la necesidad de deliberación democrática para adelantar la reforma rural integral. Sin embargo, para quienes estuvieron de cerca en la negociación en La Habana, y quienes conocen sobre el tema de la tierra en Colombia, cualquier ataque a lo acordado en el punto de tierras, podría ser un ataque mortal al Acuerdo de Paz. Mientras el tema se resuelve en el país, en Ginebra los temas avanzan al ritmo de la diplomacia que, aunque suele ser lento, en el tema de los campesinos avanza a buen paso.
Los cálculos de quienes están detrás de la iniciativa, como Ecuador, Indonesia, Cuba y Bolivia, es que el próximo mes el Consejo de Derechos Humanos le dé el visto bueno a la propuesta del comité de trabajo y, de esta manera, el tema pase a ser discutido en la Asamblea General de la ONU. Si las proyecciones se hacen realidad, a final del año la declaración estaría aprobada y, sin ninguna excusa, la protección especial de los campesinos entraría a regir en todos los países de las Naciones Unidas, incluido Colombia.
* El Espectador está cubriendo el Examen Periódico Universal de Colombia ante la ONU desde Ginebra, Suiza, gracias a una invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos.
