Por :Laura Urbano
La absolución de la dirigente campesina Lucía Ruiz y los otros tres campesinos llevados a juicio a instancias de un empresario que disputa tierras, fue saludada como un precedente para defender a los productores familiares que enfrentan a impulsores de la producción extensiva.
En una jornada que generó tensión y expectativa en las afueras y puertas adentro de la Ciudad Judicial de Tartagal, en el departamento San Martín, el juez Anastasio Vázquez Sgardelis absolvió ayer por el beneficio de la duda a la dirigente campesina Lucía Ruiz y a los también campesinos Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz, por los delitos de robo en banda y en despoblado. También los absolvió de la acusación de coacción agravada con armas, abuso de armas y daños, por entender que estas imputaciones prescribieron a raíz del tiempo transcurrido desde el momento de estos hechos, el 5 de febrero de 2015.
La decisión del juez Sgardelis se correspondió con el pedido de la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, quien solicitó la absolución por el beneficio de la duda a todos los acusados. Igual pedido realizó la abogada Sarah Esper, quien representó a Omar Cruz y a Carlos Guerra, y el defensor oficial Luis Véliz, quien fue un poco más allá y pidió la absolución lisa y llana de sus representados, en su caso Lucía Ruiz y Antonio Guerra. La querella, representada por Pablo Tobío y Martín Bligaard, abogados del empresario Javier Vidizzoni (quien se sintió damnificado), solicitó 7 años de prisión efectiva e inmediata para los cuatro acusados.
La decisión judicial fue festejada por los campesinos, y celebrada como un precedente a favor de la desigual lucha que mantienen con empresarios que les disputan tierras. “El fuero penal no debiera ser utilizado para dirimir en cuestiones que hacen a derechos ambientales y territoriales”, afirmó el Defensor General de la provincia, Pedro García Castiella, al reconocer la actuación del defensor oficial Luis Véliz.
Precisamente, en su alegato este funcionario había afirmado que en la nueva “ingeniería” judicial han utilizado el derecho penal “para avasallar del derecho de los campesinos” y acallarlos, o “meterlos en cana”.
“Por muchos más Vidizzoni, que caigan los terratenientes”, dijo Lucía Ruiz al salir de la sala de audiencia, mientras era esperada por al menos una centena de personas que desde las 9 hasta cerca de las 15 de ayer esperaron el fallo fuera de la Ciudad Judicial de Tartagal. Para la dirigenta campesina lo acontecido es "una pulseada" ganada por quienes “no tienen voz” y están muchas veces “indefensos ante estas lacras terratenientes”.
El fallo se tomó como un triunfo pero también se vivió con alivio para los acusados y sus familiares más directos. La angustia que la denuncia y la asistencia a un ámbito poco conocido como el Poder Judicial, provocó en los campesinos, explotó por dos lados ayer. Durante la audiencia el padre de uno de los acusados no pudo dar su testimonio afectado por un pico de presión. Un poco después, uno de los imputados se sintió mal y también fue diagnosticado con presión alta.
Para María José Castillo, directora nacional de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCeI), esta absolución marca un precedente para defender al campesinado de estas modalidades de criminalización de la protesta, en este caso del sector campesino.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APCCHS), Alfredo Riera, consideró el fallo como un aliciente para las organizaciones campesinas, en tanto entendió que un proceso judicial como el que se llevaba adelante tenía como único objetivo disciplinar a los sectores que luchan por sus territorios.
La última audiencia del juicio fue acompañada también por las diputadas nacionales Verónica Caliva y Alcira Figuera, ambas del Frente de Todos.
Una denuncia con pocas certezas
El 5 de febrero de 2015 a las 9, campesinos de distintos puestos del departamento Rivadavia, decidieron acercarse al puesto San Isidro, de Elvesio Romero, tras escuchar un mensaje por la radio pidiendo ayuda. Si bien esta situación quedó sin comprobación (no se estableció quién llamó a la emisora, dado que Romero lo negó), todos los testigos indicaron que antes de ese día había habido una reunión en el paraje El Chañar donde Romero había pedido la ayuda de sus vecinos pequeños productores.
Romero sostuvo en aquel momento que Javier Vidizzoni, un empresario de la zona para el que trabajaba, le debía dinero por los postes que había sacado de la tala de madera en el puesto que ocupa. Los campesinos habían tenido otros conflictos con el empresario que en 2010 ingresó a desmontar en la finca Colonia La Juanita y La Santafesina. En aquel año los pobladores rurales ganaron un amparo contra Vidizzoni, dado que no contaba con título de las tierras. Ya desde entonces los campesinos conocían el proceder del empresario en la zona por lo que estaban alertas ante posibles nuevas intromisiones.
Pero en estos cinco años, según se ventiló en el juicio, se habrían homologado acuerdos con algunos poseedores. En principio, esos acuerdos implicaría que los poseedores reconocerían a Vidizzoni como propietario. En su calidad de tal, el empresario les entregaría, con papeles, extensiones menores de tierra a la que poseían los campesinos. Se desconoce si en esos acuerdos, que según el recuerdo de algunos, fueron avalados por la ya jubilada jueza Ana María de Feudis, existe alguna titularidad legal de las tierras o escritura. Mientras, hasta el momento se incumplen los convenios con las familias que los firmaron y que lo habrían hecho bajo amenaza de desalojos.
Parece ser que en el marco de esos acuerdos Romero pasó de ser un campesino poseedor de tierras y trabajar para él mismo a trabajar de empleado de Vidizzoni en sus propias tierras, donde realizaba donde cortaba palos para postes que se llevaban otros trabajadores del empresario. Otros testigos y el mismo Romero ratificaron en las audiencias de juicio que sus diferencias con Vidizzoni tenían raíz en que le debía dinero por los postes.
En el medio de este conflicto entre el puestero y el empresario, se había señalado la apertura de picadas, pero los campesinos las denunciaron como lo que eran: desmontes, porque las supuestas "picadas" tenían 15 metros de ancho, algo nunca visto en apertura de caminos en zona de montes. Estos desmontes se habían realizado sin autorización del área de Ambiente de la provincia, y en tierras donde esta actividad está prohibida.
Lo único que quedó en claro en el juicio fue que el 5 de febrero de 2015 convergieron en el puesto de Romero cerca de 50 campesinos, Bernardo Castellanos y otros empleados de Viddizzoni que luego denunciaron a los campesinos, y la familia Romero.
A partir de ahí “se distorsiona en los testimonios qué hizo cada quien”, dijo Souto, al entender que con las declaraciones no se había logrado certeza sobre el delito denunciado. “El Ministerio Público Fiscal (MPF) no es un gladiador para buscar a culpables a diestras y siniestras”, dijo la fiscala en su alegato al pedir la absolución por el beneficio de la duda.
“Crucifícale”
El abogado querellante Tobío manifestó su disidencia absoluta con la Fiscalía al mantener su acusación en todos los delitos investigados y solicitar siete años de prisión efectiva e inmediata. “Los hechos acontecieron hace 6 años y llegan a juicio pese a todas las trabas” judiciales para demorarlos, aseguró el abogado.
Culpó al MPF de “invisibilizar” el delito y aseguró que los testimonios, además de certificados médicos de lesiones y la inspección ocular sobre daños a una camioneta que estaba en el lugar de los hechos, eran suficientes para condenar. “El dinero (en manos de Castellanos) estaba listo para pagar” lo adeudado a Romero, dijo. Supuestamente ese es el dinero que los campesinos habrían robado.
“Ellos no querían llegar a juicio", porque no querían escuchar "las tropelías que hicieron ese día al llevarse por delante a trabajadores”, dijo al intentar inculpar entre los presuntos responsables a la ex intendenta de Coronel Juan Solá o Estación Morillo, Marcela Carbajal. Afirmó que Vidizzoni estaba cumpliendo los acuerdos avalados por la Justicia pero no pudo continuar por los conflictos con los campesinos y por eso solicitó los 7 años de prisión para que el empresario pueda seguir cumpliendo los “acuerdos” con los pequeños productores.
La defensora particular de Carlos Guerra y Cruz, Sarah Esper pidió que se investigue por falso testimonio a cada uno de los testigos aportados por la querella, además de los denunciantes. Entre otros puntos, señaló que de haber tenido el dinero, Castellanos le habría pagado inmediatamente a Romero. Señalando irregularidades del proceso, añadió que entre los denunciantes contra los campesinos hubo un chico que en ese momento tenía 16 años y realizó la denuncia sin un adulto mayor presente. “Y al año siguiente declaró siendo menor de edad y ¿nadie se percató que precisaba a un mayor presente?”, interrogó la abogada. Apuntó a la presencia de una persona indocumentada que fue a declarar y en principio era trabajador de Vidizzoni. “¿Cómo es entonces que esta empresa contrata personas indocumentadas?”, agregó la abogada al referirse al relato de José Giménez.
Al final de su alegato, elaboró como hipótesis que los “hechos gravosos no ocurrieron. Evidentemente los testigos fueron manipulados y no sabemos hasta ahora por quién”, aseguró con picardía.
“El título de este alegato podría ser crucifícale, crucifícale, crucfícale”, dijo por su parte el defensor oficial Luis Véliz, al sostener que si bien había un Judas entre los campesinos (Romero) estaba claro que también tenía miedo de afrontar solo a Vidizzoni y sus trabajadores por las deudas que existían. “Que Romero vaya a pedir ayuda da el perfil de cómo la empresa avasalla el derecho de los campesinos”, afirmó. Dio a conocer que en los momentos en que quería hacer la denuncia contra los productores rurales, Vidizzoni mismo fue detenido en la comisaría por haber increpado a una agente policía a la que le exigía hacer la inspección de inmediato. “Actúan como patrones de campo”, sostuvo.
En la nueva “ingeniería” judicial, sostuvo, han utilizado el derecho penal “para avasallar del derecho de los campesinos” y acallarlos, o “meterlos en cana”, sostuvo al mostrarse contrario al pedido de la querella de detención inmediata. “Claro que los cuatro imputados son una amenaza, pero para los intereses capitalistas de quienes avasallan”, afirmó.
Terminó su alegato indicando que se pretende cruficicara quienes estorban a esos intereses, cuando a quien “hay que crucificar es a aquellos que no respetan lo ajeno y tienen en baja estima a la mujer campesina” o una líder como Lucía Ruiz.
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