En 2016 hubo 200 casos, de los cuales el 40% iban dirigidos contra indígenas. También preocupan el tráfico de fauna silvestre, la deforestación (subió 44%) y la minería ilegal, que genera pérdidas al Estado por $2.000 millones de dólares anuales.

Colombia, según informe de la Universidad Antonio Nariño,  es el país en el que más asesinatos se comenten anualmente contra activistas ambientales. El año pasado se registraron 200 casos, de los cuales el 40% fueron contra indígenas, que en comparación con 2015 aumentaron con 15 casos. 

“Los homicidios registrados en el país alcanzaron un máximo histórico el año pasado, debido a que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares”, afirma Andrea Beltrán, profesora investigadora de la facultad de Derecho de la U. Antonio Nariño.

Entre las causas principales de estos crímenes están la protección de tierras, bosques y ríos de las empresas mineras, madereras y agrícolas.   

“Lo más escalofriante de este delito, es que tiene un índice de impunidad del 99% ya que solo en el 1% de los casos se ha juzgado a los responsables”, señala la investigación.

En 35 países, entre los que se resaltan Brasil, Perú, Honduras, India y Filipinas, fueron asesinados 1.024 activistas ambientales entre 2002 y 2014, a pesar de que los investigadores perciben que pueden ser más los casos, esos fueron los documentados por la Asociación Global Witness.

Esta situación es apenas uno de los cuatro crímenes que flagelan el equilibrio ambiental del país. Otro es el tráfico de fauna silvestre, que según este informe,mueve unos 25 millones de dólares al año en el mundo, ganancias que se han equiparado con el tráfico de armas, drogas y personas. Entre 2013 y 2015 fueron $22 billones los que circularon por las redes de este ilegal negocio. 

 “En Colombia, en los últimos cuatro años, de acuerdo con la policía y luego de capturas en operativos contra esta modalidad criminal, en 2014 se recuperaron 87 animales silvestres en promedio por día y 195 en 2015. La cifra global de aprehensión de animales en un mes puede llegar hasta las 1.200 animales”, dice la investigadora Beltrán.    

Debido a esta práctica, en los últimos 40 años, ha habido una reducción del 52% de las más de 10.000 especies de animales que tiene el país, según informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de 2014.

La especie que es más apetecida por los narcotraficantes es la rana dorada, “considerada el vertebrado más mortífero del mundo. Su veneno se usa en Europa para el tratamiento del cáncer. Con él se les alivian a los pacientes terminales los fuertes dolores. Un solo gramo de este veneno puede llegar a costar en el mercado negro europeo hasta cuatro millones de pesos”, agrega la Andrea Beltrán.

Las regiones del país donde más se evidencia esta problemática son: Amazonas, Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá, Huila, Chocó, Antioquia, Atlántico, Nariño y Valle del Cauca. Independiente del lugar de origen del tráfico animal, la cadena de este delito pasa por Bogotá, de donde las especies afectadas son llevadas por vía aérea hacia Estados unidos y Europa.  En los departamentos de frontera el traslado de especies exóticas hacia el exterior se hace por vía terrestre y fluvial. 

A esto se le suma otro caso, y es la deforestación, que ha aumentado en el país en un 44% durante los últimos dos años, causando una reducción de terreno forestal de 124.035 hectáreas en 2015 a 178.597 en 2016, reflejan datos del Ideam.

Los departamentos más afectados son: Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare y Putumayo, lista lidera por la región Amazonia con 70.074 hectáreas arrasadas en 2016.

La principal causa de deforestación en el país, según este informe, es el acaparamiento de tierras para explotación comercial (45%), en segundo lugar están los cultivos ilícitos con un 22%, seguidos por construcciones (10%),  incendios forestales (8%), ganadería extensiva (8%) y minería (7%).

Las principales consecuencias de esta páctica son: “la pérdida de la biodiversidad, la afectación de las comunidades indígenas, el cambio climático y la pérdida de símbolos y creencias por la desaparición de los bosques, entre otros”, advierten los académicos.

Pero esto no es todo, el otro crimen que se le suma a esta degradación ambiental es la minería ilegal, que deja pérdidas anuales de 2.000 millones dólares para el Estado, lo que se traduciría en $6 billones que estarían dejando de recibir las regiones del país en regalías, según documentos de la Contraloría General de la Nación.   

Los departamentos Chocó y Antioquia cuentan con el 79% de las 78.939 hectáreas explotadas por esta práctica de extracción ilegal.

A esto se le suma que “el 80% de las violaciones de derechos humanos que ocurren en Colombia se presentan principalmente en los municipios donde hay actividad minera, legal o ilegal. Que el 87% de los desplazamientos ocurren en estas regiones y que el 89% de las violaciones más graves a los derechos humanos afectan directamente a las comunidades indígenas”, señala informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito.

Artículo publicado originalmente en El Espectador.