La Corporación Jurídica Yira Castro de la mano con las víctimas y reclamantes de tierras del departamento, construyeron un documento que devela cómo la negación violenta del derecho a la tierra ha sido la cuestión de fondo de la estrategia de despojo forzado en esa zona del país.

Si bien el conflicto armado en Colombia ha permeado los diferentes escenarios que dan lugar al desplazamiento forzado, este fenómeno no ha sido simplemente un efecto colateral de las dinámicas bélicas. De hecho, ha sido el resultado de una estrategia de despojo forzado que no solo  ha involucrado a actores armados ilegales sino a toda una serie de estructuras con alianzas, en muchos casos, con miembros de la Fuerza Pública, políticos, empresarios o terratenientes.

Esa es la premisa bajo la cual parte el informe realizado por la Corporación Jurídica Yira Castro de la mano con las víctimas y reclamantes de tierras del departamento de Magdalena, con el objetivo de presentar ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz un documento que ayude a identificar las  causas estructurales que permitieron que el fenómeno se diera en el país y, por tanto, no permitir que se siga repitiendo.

El documento, titulado “Magdalena: Volver a nacer en nuestras tierras”, sostienen que dada la importancia que tiene la tenencia de la tierra -no solo por los intereses económicos derivados de actividades como la agricultura, la ganadería, la explotación minera, sino por su valor estratégico desde el punto de vista militar- en Colombia los conflictos por el dominio y el control han ocasionado graves problemas sociales sobre todo teniendo en cuenta los altos índices de concentración de tierra que tiene el país. 

"Todos estos intereses encontrados se traducen en conflictos y luchas por la tierra, por un lado, de quienes subsisten gracias a ella, de otra parte quienes a través de la apropiación de la tierra consolidan y expanden su poderío y riquezas. Por ello, el problema de la tierra en Colombia es interpretado como causa estructural del conflicto armado  y podría decirse  que es causa estructural de diversas violencias.
Esta alusión sobre el derecho a la tierra en el contexto colombiano, permite entender que el fenómeno del desplazamiento forzado está necesariamente imbricado en la problemática, pues ha sido de una u otra forma aprovechado para acrecentar la concentración de tierras", sostiene el texto.

En el caso del departamento de Magdalena, por ejemplo, el informe sostiene que a excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, el uso predominante de las tierras ha sido para la ganadería extensiva que, además, históricamente ha estado relacionado con una distribución inequitativa de la tierra, en gran parte como consecuencia de la apropiación y concentración a favor de terratenientes.

En ese contexto, ha sido precisamente el desplazamiento forzado el fenómeno que ha facilitado, o que ha reflejado el vaciamiento de tierras, para luego ser despojadas forzosamente: "Según las declaraciones de las víctimas que instauran solicitud de restitución de predios ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entre los departamentos donde predomina el despojo de tierras está Magdalena, y el fenómeno se asocia precisamente a las alianzas que estableció el paramilitarismo con sectores económicos del departamento".

El informe detalla que en el departamento la pérdida de tierras comenzó en 1998 y aumentó en 2002 guardando una correlación con las dinámicas de la incursión, expansión y consolidación del proyecto paramilitar en la zona. En últimas, se trata de ver el desplazamiento forzoso como una problemática que está directamente ligada a la cuestión de la tierra y su importancia en un escenario de dominio y control económico y político.

El documento propone cuatro factores o rasgos regionales que en el caso del Magdalena fueron caldo de cultivo para la expansión del fenómeno paramilitar, ligado a la incursión de la guerrilla: posición geográfica estratégica pues permite movilidad a través del puerto y los ríos que conectan con el mar Caribe; un sistema político caracterizado por ser clientelista y construido alrededor de gamonales; la cuestión casi estructural de la corrupción como un fenómeno histórico en la zona; y la marcada distancia social entre las élite propietaria de haciendas y el campesinado.  

El texto expone que en el departamento hay una clara relación directamente proporcional entre la cantidad de hectáreas pérdidas o abandonadas, y el desarrollo y posicionamiento del poderío del Bloque Norte pues según cifras de la Comisión de Seguimiento para el desplazamiento forzado, del número total de tierras abandonadas o perdidas entre 1980 y junio de 2010, el 79.3% corresponden al período entre 1998 – 2008, mientras que el 15.4% se ubica entre los años 1980 a 1997, y el 5.4% se ubica entre 2009 y junio de 2010.

Precisamente entre 1997 y 2006 fue la época de más auge del Bloque Norte al que en ese periodo de tiempo se le atribuyeron 15.700 homicidios selectivos, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700, 344 masacres y el reclutamiento de 410 menores de edad.

De acuerdo con la investigación, los beneficiarios de los despojos fueron muchas veces los mismos paramilitares, que tenían la doble calidad de ganaderos o terratenientes, además de empresarios e incluso clanes políticos.

"En el entramado de las dinámicas del conflicto armado y la estrategia del despojo, quedaron en medio los campesinos, quienes serían víctimas de terribles crímenes y del desarraigo. Se fragmentaría el análisis de estos terribles sucesos para entenderlos como solamente efectos colaterales de las dinámicas bélicas, pues en realidad siempre hubo un proyecto para despojar forzosamente. Prueba de ello son las alianzas de tan diferentes actores que bien fuera con la fachada de la legalidad o sin ella, se unieron para justificar y apoyar un régimen de terror, allí donde el Estado fue débil, nulo o corrupto", detalla el documento.

Y existen casos emblemáticos que dan cuenta del fenómeno y visibilizan la forma en la que los paramilitares actuaron en alianza con otros actores, y en desarrollo de una estrategia de despojos de tierra: el de los municipios de Chibolo, Sabanas de San Ángel, y Plato; las veredas La Pola y La Palizúa; los asentamientos en la vereda El Encanto; los predios de Oceanía y anexidades; y el del sector de Los Patos, entre otros. 

El de Los Patos, por ejemplo, es una muestra de cómo las consecuencias del desplazamiento y la violencia paramilitar terminaron afectando incluso el uso y vocación misma de la tierra. "Sus pobladores venían cultivando no sólo para el propio consumo, sino para abastecer
otros municipios, y aun cuando también se dedicaban a la cría de animales, el uso del suelo se mantuvo dentro de un respeto y  racionalidad que permitió que estas tierras siguieran fértiles; sin embargo tras los cambios de uso que vendrían con el despojo violento, se registra debilitamiento del suelo, y daños al punto que estas tierras al parecer ya no son aptas a para la vivienda y la explotación agropecuaria". En general en el departamento, la vocación natural de la tierra se vio afectada por el uso en ganadería extensiva no sólo con ganado vacuno sino con búfalos, y en otros casos con monocultivos especialmente de palma africana.

Pero más allá de la documentación de casos históricos, el informe propone varias recomendaciones para que la verdad y la justicia prevalezcan en estos casos de despojo y para que el fenómeno no se siga replicando sobre todo si se tiene en cuenta que persisten en el territorio "actores que gozan de la invisibilidad necesaria para seguir impunes y para obstaculizar la construcción de verdaderas garantías de no repetición".

En primer lugar se llama la atención sobre la urgencia de avanzar en la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, vista como una oportunidad para atacar el problema de fondo del desplazamiento forzado en Colombia:  la lucha por la tierra. Asimismo el documento insiste en la puesta en marcha de garantías efectivas  de no repetición respecto al fenómeno del paramilitarismo, algo que implica reconocer la existencia actual del fenómeno.

Asimismo se habla de la necesidad de que "una vez emitida la sentencia de restitución por el Jugado o el Tribunal de Restitución, éste último en los casos donde haya opositor, la adjudicación sobre el predio deberá hacerse en nombre de ambos solicitante (hombre y mujer según sea el caso), garantizando con esto el acceso que le ha sido negado a la tierra a las mujeres en la ruralidad colombiana".

Finalmente el documento recomienda destinar un presupuesto mayor para las restituciones y reparaciones necesarias para las víctimas de desplazamiento y una mayor articulación interinstitucional para que los procedimientos de la restitución de tierras sean más eficaces.

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