Aunque el ministro de ambiente reconoció que el acaparamiento es uno de los principales motores de la deforestación, no hay información oficial que detalle las dimensiones del problema.

Por Carlos Olaya

La creciente deforestación en el Guaviare está asociada al acaparamiento de tierras. Esto ya ha sido denunciado en varios medios y localmente es tratado como verdad sabida. En un viaje reciente con Dejusticia a San José, escuchamos la misma historia una y otra vez: personas de otras regiones llegan a comprar miles de hectáreas potrerizadas para meter ganado o sembrar palma mientras los campesinos son empujados, por su precaria situación, a deforestar predios para venderles y, luego, colonizar más selva para asegurar su sustento.

Sin desestimar la responsabilidad que tiene el gobierno para atender esta situación, reconozco que el asunto es difícil de atacar, debido a su invisibilidad. ¿Quiénes son estos acaparadores? Algunos dicen que son los “llaneros”, mientras otros hablan de los “paisas” y los “rolos”. Nadie se atreve a dar nombres. Durante el primer Foro de la Gran Alianza contra la Deforestación, un campesino relató que en Nariño conoció a alguien que afirmaba haber comprado 150 hectáreas en Calamar. Todo se queda al nivel del rumor. Con razón Margarita Pacheco les dice “ los intocables ” …hacen de las suyas sin ser tocados, gracias al privilegio que les da la invisibilidad.

Esta invisibilidad también se debe a que, en el Guaviare, las grandes compras de tierras son imposibles, formalmente hablando. Casi el 94% del departamento hace parte de figuras territoriales de conservación y uso sostenible (Zonas de Reserva Forestal, Parques Nacionales, etc.), dentro de las cuales no puede haber títulos de propiedad (exceptuando los resguardos indígenas o propiedades adjudicadas antes de la declaratoria de las figuras) ni transacciones entre privados. Por si fuera poco, el 6% restante está constituido como Zona de Reserva Campesina, donde debería evitarse la concentración de tierras y la expansión de la frontera agrícola mediante políticas que estabilicen la economía campesina. El departamento ni siquiera aparece entre las zonas de potenciales ZIDRES. Entonces, ¿cómo acaparan tierras en el Guaviare? La respuesta es que están apropiándose de tierras sin buscar la garantía de títulos de propiedad ni de derechos de uso.

Es una situación escabrosa. No se conoce información oficial que detalle las dimensiones del problema, y mucho menos, operativos contra acaparadores; a pesar de que el Ministro de Ambiente ya reconoció que el acaparamiento es uno de los principales motores de la deforestación. Sin embargo, podría formularse algunas hipótesis usando aportes de los de los estudios críticos rurales.

Se requieren muchos esfuerzos para apropiarse de la tierra, al tener esta una maternidad tan difícil de agarrar y de defender frente a terceros. En situaciones de ilegalidad e informalidad, la coerción y el mercado son mecanismos ideales. Si soy más fuerte, si tengo un brazo armado a mi servicio y si tengo más dinero, podría asegurar que la tierra que he demarcado y comprado no sea disputada por otros o por el Estado. Hay indicios de que esto está ocurriendo en el Guaviare, como la presencia de actores armados ilegales o el precio que están pagando por hectárea deforestada (entre $500.000 y $1.000.000, según se dice localmente). Sin embargo, esto no es suficiente.

También se necesitan mecanismos de regulación, así sean ilegales. Un ejemplo, es el uso de dispositivos de inscripción. Son las técnicas con las que se representa la tierra para indicar la existencia de una apropiación con el fin de excluir a terceros. Van desde marcadores físicos (como el cercamiento, o la evidencia de trabajo humano mediante potrerización, en contextos donde no se ve como necesario oponerse a apropiadores extralocales), representaciones escritas manejadas localmente, hasta los sistemas de registro y catastro que usan los Estados (más óptimos si se quiere ser un propietario absentista).

Es posible que en el Guaviare operen dispositivos informales para defender las compras de tierras frente a actores regionales, ya sean autoridades locales u otros acaparadores. Lo que podría verificarse con un examen escalonado: revisar primero las Oficinas de Instrumentos Públicos, por si se están validando negocios ilegales sobre figuras de protección agraria o ambiental; luego las Notarías, para no descartar que se esté optando por una formalidad incompleta, al registrar las compras de tierras sólo ante estas instituciones; y así, sucesivamente, hasta llegar a contratos de documentos que no reposen en ninguna oficina estatal. No se debería descartar tampoco el uso de testaferros para hacer pasar los predios como apropiaciones de campesinos, lo que facilitaría la formalización en un futuro… no sería la primera vez que usan esta figura para acaparar tierras.

Finalmente, se necesitan condiciones ideales que disminuyan el riesgo de la operación, o que presenten una recompensa que valga la pena. Puede que el contexto de informalidad sea útil para apropiar tierras impunemente, al poderse amasar una buena fortuna con especulación y lavado de capitales sin ningún control. Otra posibilidad es que en el Guaviare este ocurriendo un periodo de anticipación, en el que los acaparadores se estén adelantando a la implementación de regímenes regulatorios más restrictivos, ya sea para aprovechar el desorden mientras no se hagan efectivos o para intentar una formalización de sus apropiaciones a posteriori. Los intentos de formalizar tierras para campesinos en Zonas de Reserva Forestal (mediante sustracción u otorgamiento de derechos de uso) o el entusiasmo del gobernador del Guaviare por meter palma aceitera y ganadería al departamento, aunque son apuesta hechas en nombre de los campesinos, pueden jugar a favor del acaparador, si estamos en el último escenario.

Blog publicado en de Justicia