Las leyes deberían ser reformadas para proteger los derechos de los pequeños propietarios

(Rangún) – El gobierno de Birmania debería proporcionar de inmediato reparación por las confiscaciones ilegales de tierras llevadas a cabo en el pasado, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El gobierno también debería promulgar leyes y reglamentos para proteger los derechos de los agricultores y otros pequeños propietarios de tierras de futuras confiscaciones.

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile defendió además la Ley Lafquenche, que ha sido catalogada por algunos sectores empresariales como entorpecedora del desarrollo y la inversión: "Efectivamente, la ley no está destinada a generar otros agentes económicos, está destinada a reconocer territorios marítimos indígenas", explicó Millaleo.

30 ene. CI.- Una denuncia pública realizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- del Departamento Sucre (Costa Caribe del país) indicó que los hermanos Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García y Manuel Eusebio Osorio Escobar fueron asesinados por hombres encapuchados que vigilan las inmediaciones de la finca La Concepción -a la cual se disponían a retornar- pero que fue adquirida en gran parte por William Martínez.

Entre las montañas de la cordillera occidental y el cañón del río Cauca se encuentra el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Este territorio alberga a campesinos, afros e indígenas que se encuentran organizados en consejos comunitarios, asociaciones campesinas y resguardos indígenas. De hecho, es un conjunto de comunidades culturales y étnicas que han vivido el abandono estatal desde décadas atrás y que desde sus expresiones organizativas le apuestan al buen vivir en armonía con la naturaleza.

De acuerdo con las organizaciones, desde el 2004 las comunidades indígenas han dejado de consumir el agua del río Majé

En una carta enviada al ministro de Ambiente, Emilio Sempris, tres organizaciones no gubernamental (ONG) manifestaron su preocupación por el conflicto de tierra entre los colonos y los indígenas de la comunidad de Majé y Unión Emberá.

Nos complace anunciar el lanzamiento de sitio web LandPortal.org completamente actualizado, rediseñado y reestructurado. El nuevo Land Portal está diseñado para satisfacer mejor las necesidades del amplio espectro de actores de la comunidad de la tierra que comparten un enfoque común en torno a una mejor gobernanza de la tierra para beneficiar a aquellos con derechos a la tierra más inseguros y con mayor vulnerabilidad a la carencia de este recurso

Ante el alarmante avance de los asuntos de carácter neoliberal que comprometen los derechos de los indígenas en Brasil, la Asociación de los Pueblos Indígenas advirtió que buscará apoyo de organismos internacionales.

De cara a las elecciones presidencial y legislativas de 2018 en Brasil, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) teme que se incrementen las amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, debido al enfrentamiento con grupos conservadores en el Congreso Nacional brasileño. 

El gobierno presentó ayer su agenda para los pueblos originarios, que apunta, dijo, a garantizar derechos básicos a las comunidades y la propiedad de la tierra, un reclamo histórico de las cerca de 1.600 comunidades que viven en el territorio nacional.

Los nombres de líderes indígenas asesinados el año pasado en el Caribe Norte como Camilo Frank López, Felipe Pérez Gamboa, y Celedonia Zelaya Point, aparecen en el listado de 312 defensores y activistas de derechos humanos asesinados en 27 países, según el informe anual 2017 de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo de Front Line Defenders, publicado al iniciar el 2018 en Dublín, Irlanda.

El organismo adjudicó durante el año pasado 13.000 hectáreas a colonos

El Instituto Nacional de Colonización (INC) adquirió 10 mil hectáreas de tierras en 2017 para "cumplir con la política de tierras destinadas a los asalariados rurales y productores de nivel familiar". Para ello invirtió una cifra aproximada a US$ 33 millones, informó a El Observador la presidenta del organismo, Jacqueline Gómez.