La reforma agraria chilena, un proyecto de modernización y transformación social radical, incluía tanto las mujeres como a hombres campesinos a través de un modelo de "familia moderna" en el cual el hombre se transformaría en buen proveedor para la familia y productor para la nación, mientras la mujer se transformaría en una dueña de casa moderna. Este proyecto beneficiaba a las mujeres casadas pero las hizo económicamente más dependientes de los hombres, lo que generó agudos conflictos conyugales.

Es preciso reconocer las diferencias de género existentes en cuanto a la tenencia de la tierra para poder conseguir objetivos tales como aumentar la productividad de la tierra, facilitar el acceso a una vivienda asequible o promover la gestión sostenible de los recursos.

La reforma agraria creó nuevas divisiones entre las mismas personas campesinas. Los procesos de expropiación y reorganización de la tierra incluyeron solo a una minoría, compuesta casi exclusivamente por hombres. Esto devino en el surgimiento de una élite de clase trabajadora masculina, que por la posibilidad de acceder a la tierra y la capacidad de "ser su propio patrón" se transformó en el modelo masculino al cual aspiraban los hombres que aún no gozaban de esos privilegios.

Como fruto de esta división del trabajo socialmente reconocida y aceptada, las mujeres rurales se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas, con miras a asegurar la subsistencia de sus familias. De hecho, barreras de orden jurídico, sociocultural e institucional limitan el acceso de las agricultoras a la tierra, así como su control sobre ella.

Con la presente publicación se busca fomentar la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

TIERRA y MUJER investiga diferentes aspectos del derecho a la tierra para mujeres en el Perú.

En el Perú el derecho a la tierra se cambió fundamentalmente en los años noventa. A través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, el PETT, la formalización de las tierras se llevó a cabo en una primera fase durante los años 1993 a 2000, y una segunda de 2000 a 2006. Después de su primera fase, el PETT dio un giro en sus políticas y estrategias de ejecución de modo tal que los derechos de las mujeres a la tierra fueron mejor atendidos.

En los años noventa la intervención estatal en la agricultura latinoamericana se concentró en los programas de titulación de predios (TIERRA), diseñados para promover la seguridad de tenencia y fortalecer los mercados de tierras. Un examen de siete de estos programas sugiere que con frecuencia se diseñaron sin prestar atención suficiente a los códigos civiles y los regímenes matrimoniales que protegen los derechos de propiedad de las mujeres. Muchas veces ignoraron que en un hogar la tierra puede formar parte de tres tipos de propiedad: la de la esposa, del esposo y el patrimonio común.

A partir de las solicitudes de Apoyos de Respuestas Rápidas (ARRs) el FAU-AL creó la Iniciativa Colaborativa: Mujeres, Territorios y Medio Ambiente con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las defensoras de derechos de la Madre Tierra y a las organizaciones ambientalistas.

Este trabajo analiza las consecuencias que la neutralidad de género ha dejado para la política pública, en el caso específico de las reformas agrarias y el acceso de la mujer a la tierra en América Latina.

Se recogen los principales resultados de la investigación sobre la tenencia de la tierra y sus implicaciones en la vida de las mujeres de dos organizaciones campesinas ubicadas en el Departamento de Antioquia – Colombia, las cuales se desenvuelven en un contexto de agricultura campesina, donde se presenta una tendencia a la feminización de la pequeña agricultura, debido a que los hombres emigran a otras actividades económicas y/o se vinculan a grupos armados.

This report presents results from nationally representative surveys with 1,000 residents aged 15 and older in eight countries — Brazil, Colombia, Egypt, Greece, Indonesia, Nigeria, Peru and Tanzania — and with 3,000 residents in India. Each survey attained comprehensive coverage of both urban and rural areas of the country using multi-stage stratified cluster sampling.1 Standardized interviewer and supervisor training, as well as robust validation of data collection/data entry, help to ensure rigorous quality standards. 

The Constitution of the Republic of Tanzania was ratified in 1977. Since 1977, several amendments have been applied to the original Constitution. Many of these are related to the relationship between the united government and the Zanzibar government. This Constitution shall apply to Mainland Tanzania as well as Tanzania Zanzibar.