PUEBLOS INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA UNEN SUS VOCES PARA EXIGIR LA APLICACIÓN DE MARCOS INTERNACIONALES PARA LA DEFENSA DE TERRITORIOS INDÍGENAS

Ante la creciente presión ejercida por las industrias extractivas y la falta de reconocimiento de los derechos ancestrales a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, la International Land Coalition América Latina y el Caribe (ILC LAC), junto con más de 25 organizaciones indígenas y de la sociedad civil, se unen en la campaña "Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida" para instar con urgencia a los Estados a aplicar cabalmente la normativa internacional vigente para la defensa de los derechos territoriales indígenas.

Durante el Foro Regional de lanzamiento de la campaña, llevado a cabo el miércoles 16 de agosto, líderes y lideresas indígenas denunciaron las complejidades que atraviesan sus pueblos, así como la necesidad de que se garantice su seguridad jurídica de la tierra y el respeto por sus propias formas de gobernanza y gestión de los territorios. “No estamos en un momento sencillo. En los últimos meses hemos presenciado el desalojo de comunidades indígenas sin ningún respeto por sus derechos. También vemos retrocesos a nivel legislativo promovidos por los propios gobiernos. Y esto se está dando en un contexto de una crisis climática que no podemos pasar por alto”, explica Neydi Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Guatemala.

Actualmente, de los 404 millones de hectáreas que habitan los pueblos indígenas en la región, aún en el 30% no se han reconocido sus derechos colectivos de propiedad o usufructo (FAO y FILAC, 2021). Asimismo, entre el 2017 y el 2021, se registraron más de 2 mil casos de comunidades afectadas por industrias extractivas en cinco países de Latinoamérica (RRI, 2022). Es esta realidad la que lleva a las comunidades a la férrea protección sobre sus territorios.

“En las comunidades de la provincia de Jujuy, Argentina, estamos en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos. La reforma constitucional provincial abre las puertas al extractivismo para la explotación del litio. Esto causa daños ambientales irreversibles y vulnera nuestros derechos a la tierra, al agua y a vivir en un medio ambiente sano”, explica Beatriz Débora Sajama, del Grupo Mujeres Defensoras del Hábitat Natural. “Exigimos una Ley de Propiedad Comunitaria, dando cumplimiento a nuestra constitución nacional y a la consulta previa, libre e informada”, agrega.

Por su parte, las lideresas Diocelinda Iza y Elvia Martínez de Luna Creciente, Ecuador, dando voz a las mujeres indígenas que luchan por la defensa de sus territorios ante el extractivismo, denuncian la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní: “Ha ocasionado la destrucción de ecosistemas, deforestación y contaminación, y también la criminalización, desaparición y asesinato de líderes y lideresas comunitarias”. Este 20 de agosto se realizará una consulta popular por el Yasuní, “una oportunidad histórica para proteger y preservar lo que nos queda de la Amazonía, su biodiversidad y la vida de los pueblos indígenas”, enfatizan.

Otra problemática expuesta fue el caso de la región de las Cuatro Cuencas, en la Amazonía peruana, un territorio indígena afectado por la extracción petrolera y donde se está vulnerando el derecho de propiedad comunal. “En Perú, el Estado mantiene todavía la propiedad sobre los recursos naturales, como los bosques, que en la mayoría de los casos son espacios ancestrales de los pueblos indígenas, y sobre los que solo se les otorga el derecho de cesión de uso. Esto pone en riesgo a los pueblos indígenas porque el Estado podría no respetar ese derecho”, afirma Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).

El líder indígena Omar Jerónimo, de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’ort’i Nuevo Día, Guatemala, también resalta la resistencia histórica de pueblos indígenas como los Ch’ort’i, que han defendido su territorio por siglos ante opresiones coloniales y estatales. “Se nos considera un pueblo violento, pero solo estamos resistiendo a ser sometidos por el Estado y a una institucionalidad que no es propia. En los últimos 500 años hemos sido invadidos y agredidos, pero hemos desarrollado múltiples estrategias para asegurar el futuro de nuestros pueblos”.

RETOS EN LA APLICACIÓN DE LOS MARCOS INTERNACIONALES

A pesar de la existencia de diversos marcos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio, existen serias dificultades para que estos se apliquen a niveles nacionales. “Nos encontramos ante la encrucijada de identificar las limitaciones que coartan la implementación de estas herramientas en nuestros territorios. El desafío radica en apropiarnos de estas herramientas y, simultáneamente, en desarrollar estrategias pertinentes en nuestros propios países”, afirma Tarcila Rivera, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA).

Un marco crucial es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Nos hallamos frente a desafíos de magnitud que restringen la puesta en marcha de dicha Declaración, especialmente a nivel nacional, donde perdura la criminalización y ataques sistemáticos a líderes y lideresas de las comunidades indígenas. Esta problemática se agrava con la proliferación del narcotráfico, el cambio climático y la explotación de recursos naturales”, indica Dario Mejía, Presidente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. “Asimismo, vemos crecer los discursos de odio en medios de comunicación que buscan disminuir la capacidad organizativa y de movilización de los pueblos indígenas. Las protestas no son más que el ejercicio del derecho a la participación, pues estos pueblos muchas veces están excluidos de los mecanismos de toma de decisión” añade.

El Marco Mundial para la Biodiversidad, adoptado en la COP15, es un instrumento internacional que reconoce la contribución y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. “El mensaje de este marco no solo es que los esfuerzos de conservación no pueden vulnerar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, sino que incluso considera que asegurar los territorios indígenas puede ser una vía para la conservación”, explica Q’apaj Conde, del Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

A su turno, Jesús Amadeo Martínez, líder indígena lenca y coordinador del Foro Indígena de Abya Yala, afirma que es necesario coordinar esfuerzos a nivel regional “para que los derechos que hemos conquistado a nivel internacional sean garantizados por los gobiernos nacionales. Debemos alzar la voz a todo nivel, porque no habrá paz en nuestros territorios si se siguen violentando nuestros derechos.”

En el cierre, Kantuta Conde, joven mujer Aymara integrante de la Red de Jóvenes Indígenas de AL, recupera la dimensión intergeneracional de la lucha, al sostener que las juventudes indígenas tienen la responsabilidad de continuar con los esfuerzos de quienes las precedieron.

La campaña “Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida” se extenderá por las próximas semanas, desplegándose no solo en redes sociales y medios de comunicación a nivel regional, sino también con acciones de incidencia en distintos países de la región. Para conocer más, visitarhttps://territoriosindigenasparalavida.org/