Ecuador, otra mirada

Hace apenas unos meses Ecuador y su proceso político estaban en las primeras planas de la agenda periodística. Como suele ocurrir, el silencio y el desinterés sustituyen a la cobertura del hecho noticioso puntual. En el IPDRS, sin embargo, creemos que hay procesos, como el de las promesas de los gobiernos recientes, por ejemplo, que deben merecer mayor seguimiento, ya que éste forma parte del tan mentado control social. Por ello, en esta oportunidad publicamos la visión de una joven abogada  ecuatoriana quien se pregunta si la actual situación de su país da motivos para esperanza o es, como dice la canción “servir pasado en copa nueva”.
 
Ecuador, otra mirada
Walleska Pareja Díaz*  
 
17 de febrero de 2013: en Ecuador ocurre lo que la mayoría de análisis y previsiones vaticinaban, el “Candidato Presidente”, como lo denominó la oposición, ganó en primera vuelta con el 57.17% de los votos. Asimismo, una fórmula matemática de asignación de escaños favoreció al partido de gobierno, que obtuvo la mayoría de los curules de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. De esta forma, la tendencia ratificó que el Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) tendría la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (con 106 de 137 miembros) y pocos asambleístas de otros partidos.
La realidad de América Latina no ha sido precisamente fácil en ninguno de sus ámbitos y la política no es la excepción. Nuestros pueblos han sido lesionados y perjudicados por una clase política irresponsable que ha puesto sus intereses por sobre el bien común y ha sabido manchar el término política hasta volverla “mala palabra”.
El Ecuador no se ha salvado de este cáncer. A partir del retorno a la democracia a finales de los años setenta, hemos sido víctimas de serias crisis políticas y económicas y hemos sido testigos del paso efímero por el poder de la mayoría de nuestros gobiernos que, desgraciadamente, fueron los eternos ausentes en cumplir sus principales y más básicas labores.
Tsunami político
Desde hace siete años, el país ha venido experimentando una serie de acontecimientos inéditos en su historia política contemporánea. En el libro La gobernabilidad democrática en Ecuador: factores condicionantes y las encrucijadas del cambio político, la investigadora argentina Flavia Freidenberg, calificó como un verdadero tsunami político el proceso iniciado en Ecuador a partir de las elecciones del año 2006.  
A mi parecer,  parte de dicho fenómeno son hechos como: el declive y desaparición de los partidos políticos tradicionales o de la llamada “partidocracia”; el triunfo continuo del economista Rafael Correa Delgado y, de mayor importancia, la nueva Constitución vigente, aprobada el 2008 por el pueblo ecuatoriano, mediante Referéndum. La nueva Constitución contempla temas de gran importancia para el país y es reconocida como una de las constituciones más progresistas del mundo.
Los tres hechos, sin duda, han significado un cambio estructural de la vida política nacional. En ese marco deben analizarse los resultados del reciente proceso electoral del año 2013, que concluyó con la reelección del Presidente Correa y la derrota de propuestas.
En el entendido de que los procesos electorales no comienzan precisamente el día en que se inicia una campaña, ni mucho menos cuando llega el día de las elecciones, puede afirmarse que un momento crucial para estos comicios ocurrió a finales del año 2011 y principios de 2012 cuando se discutió y aprobó la reforma al Código de la Democracia.
La propuesta de reforma contenía, entre otros temas, la inclusión del método de asignación de escaños con una fórmula que beneficiaba claramente al oficialismo; reglas ambiguas para la campaña a través de los medios de comunicación, que provocaron una fallida demanda de inconstitucionalidad de éstos, y uso de los recursos estatales para la campaña a través de nuevas excepciones y eliminando ciertas prohibiciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio obligado a mover fechas del calendario electoral para que no se incumpliera con la prohibición constitucional de realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones (Artículo 117). Pese a las críticas, la norma fue aprobada por la Asamblea Nacional.
Por otra parte, los partidos políticos ecuatorianos que aspiraban a ser partícipes del proceso verían su anhelo hecho realidad, si es que lograban re-inscribirse como tales, puesto que la Constitución y el Código de la Democracia contemplan este requisito. De igual forma, la Codificación del Reglamento del CNE, estipuló que solamente podrían presentar candidatos y candidatas si estos actores hubiesen obtenido su personería jurídica hasta seis meses antes del proceso electoral.
La fecha fijada para la presentación de las solicitudes de inscripción de los partidos fue el 18 de julio del año 2012, sumando el requisito constitucional de presentar el registro de las y los afiliados o adherentes, en el caso de movimientos políticos, mismo que ascendía al 1.5% del Registro Electoral Nacional. Este porcentaje indispensable de firmas (157.947) provenía en referencia al último proceso de las elecciones pluripersonales del año 2009.
El proceso de inscripción estuvo protagonizado por una serie de irregularidades. Si bien el CNE procedió a calificar a las organizaciones políticas que cumplían con el requisito a través de un sistema informático de verificación de autenticidad de firmas, estalló el escándalo de que supuestamente existían firmas falsas en los registros y que se debía realizar nuevamente el proceso de validación de firmas. El organismo público contrató, en un abrir y cerrar de ojos, gente para verificar nuevamente las firmas de los partidos que aspiraban participar en los comicios venideros. Luego de la hazaña, que incluyó desvelos, millones de dólares invertidos y una dura crítica pública al CNE, así como el descrédito de las organizamos políticas tachándolas de “falsificadoras” sin que medie una resolución judicial, finalmente se lograron inscribir diez movimientos y partidos de carácter nacional y provincial.
El CNE anunció el 18 de octubre a las organizaciones que participarían en el proceso 2013 y, un día, después convocó oficialmente a elecciones. Dado el escándalo del reprocesamiento de firmas, era necesario cumplir con el plazo de 28 días para inscribir candidaturas, tiempo que se vencía a mediados del mes de noviembre. Todo fue como una carrera de nunca acabar.
Finalmente, el CNE registró y calificó ocho binomios presidenciales, contradiciendo la expectativa de que la oposición tuviera una o un candidato único, para hacerle contrapeso a la candidatura del Gobierno. De este modo, el cuatro de enero de 2013 arrancaron los 45 días de campaña electoral oficial para las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos. Este periodo estuvo plagado de críticas sobre el uso de recursos públicos en la campaña gobiernista y el exceso de gasto electoral de algunos partidos, sin un aparente control sobre el tema.
Mirar y preguntar
Varios analistas políticos señalan como un progreso para Ecuador el hecho de que, al parecer, hemos llegado a una cierta estabilidad política traducida en el apoyo constante a un partido y un candidato, a diferencia de sus clásicos episodios de golpes de Estado y gobiernos poco duraderos.
Freidenberg sostiene que durante el período 1978-2006 el sistema político ecuatoriano sufría de recurrentes cambios de las reglas de juego y los resultados confusos de esos cambios institucionales eran: una alta fragmentación, bajos niveles de disciplina, gobiernos de minoría, el carácter centrífugo de la competencia, escasa capacidad para generar acuerdos estables por parte de los actores partidistas y cálculos estratégicos de grupos con alta capacidad de veto que privilegiaban los beneficios a corto plazo. Por todo ello se generaba un escenario inestable y pocos incentivos para la gobernabilidad democrática.
Sin embargo, me pregunto: ¿Han cambiado realmente las prácticas políticas nefastas en Ecuador? ¿Podemos dar por sentado que la vieja política murió y está enterrada en alguno de los cementerios locales? Desgraciadamente, parece que estamos lejos de poder llevar flores a su tumba.
Sería iluso, e incluso soberbio, no reconocer que la gestión del Presidente Correa ha alcanzado logros importantes. Por ejemplo, la mejora de la infraestructura vial nacional y una serie de avances en materia social, son algunos de los avances que el Ecuador ha tenido en este último tiempo, que han llevado, sin ser exhaustiva respecto de otras razones, al gobierno a una nueva reelección. No obstante, tampoco considero justificable que, por haber sido víctimas de gobiernos inoperantes, hoy nos refugiemos en la idea de que un gobierno que no hace más que “aquello que le corresponde”, desmejore la calidad de la democracia y de la vigencia de los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y los aplique, o no, a su conveniencia.
La historia política ecuatoriana ha estado marcada por una cantidad importante de acontecimientos que han dejado huella en nuestras vidas. No ha sido fácil, sin duda, pero las y los ecuatorianos hemos aprendido mucho a lo largo de este tiempo y esperamos que días mejores vengan para nuestra sociedad.
Si la POLÍTICA, así, con mayúsculas es aquella que “se preocupa por lo colectivo, cuando quizás a corto plazo no parezca lo mejor para el interés privado (…) y “es un tema de generosidad y sobretodo de responsabilidad” (Leire Pajín, en una transmisión televisiva de 2010). Estas palabras, sencillas, pero llenas de significado son las que deben inspirar a cualquier persona que tenga una vocación política, que sienten un llamado de servicio al pueblo, a la gente, a las y los que más lo necesitan.
El contexto electoral de Ecuador de este año, como ha sido descrito, fue bastante complicado. A partir de sus resultados, deja de ser especulación que hay una total concentración de poder por parte del movimiento Alianza PAIS, actual partido de gobierno, y por lo tanto, poca cabida para el diálogo y los acuerdos políticos. Esperemos, por el bien del país, que estas aseveraciones no representen la crónica de una muerte anunciada.
 
 
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* Abogada, especialista en Género, con maestría en estudios políticos aplicados y maestrante en Derecho Internacional del Delito y Justicia, Universidad de Turín, Italia.
 
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.