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El presente artículo tiene el objetivo de clasificar y analizar los conflictos sociales vinculados a la temática de los recursos naturales en función a la visiones de desarrollo desde las cuales emergen, identificándose al menos tres grandes campos de tensión: competencia y apropiación por el excedente; sostenibilidad, contaminación y defensa del medio ambiente; y conservación de medios de vida y defensa del territorio indígena.
La información empleada y varios de los ejes de interpretación sintetizan contenidos del informe: Conflictividad y visiones de desarrollo: Recursos naturales, territorio y medio ambiente 2011-2012, elaborado y publicado por la Fundación UNIR Bolivia (UNIR, 2013), sin embargo, los criterios parten de una postura personal de los autores que no compromete aquella fijada por esta institución.
Recursos naturales en disputa
Manifestación conflictiva de las visiones de desarrollo en Bolivia
Cristian León Coronado1 y Alejandro Arze Alegría2
En los últimos años, Bolivia vive un incremento sustancial de la cantidad de conflictos y protestas sociales, con periodos altamente intensos. Si bien hasta el momento la escalada de conflictos no ha derivado en ingobernabilidad, su cantidad incidió en los procesos de gestión del Estado y afectó al desenvolvimiento normal de las actividades cotidianas de la población, causando pérdidas económicas para algunos sectores (Milenio, Informe nacional de coyuntura No189. Los conflictos en el 2012. La Paz, 2013).
Los factores que, en parte, explican la tendencia hacia una conflictividad creciente están relacionados a la continuidad de un desarrollo económico excluyente que no logra revertir los índices de desigualdad y pobreza, a pesar de la coyuntura económica favorable, ya que Bolivia se ha favorecido de crecimientos económicos que superan el 4% anual entre los años 2004 a 2011 (ONU DATA). Persisten, además, la crónica incapacidad institucional de atender las diferentes necesidades y demandas sociales, la diferenciación y la marginación social, y una realidad política que convierte a la protesta social en una de las pocas vías para visibilizar las problemáticas que aquejan a los distintos grupos que componen a la sociedad boliviana.
Un componente importante dentro de la conflictividad social en Bolivia tiene que ver con las pugnas en torno a los recursos naturales, ya fuesen por su apropiación, asignación, explotación, prevención o mitigación de impactos. Ciertamente, estos casos no representan la mayor cantidad de conflictos en el periodo, pero están entre los más violentos, radicales y paradigmáticos en cuanto revelan grandes problemas estructurales vinculados a la aspiración de desarrollo del país. Es por esto que su análisis y reflexión resulta pertinente, no sólo para entender la naturaleza misma de los conflictos, sino porque nos permite entender a un contexto social, político y económico aún mayor.
Competencia por el excedente
En Bolivia la visión de apropiación y aprovechamiento del excedente de los recursos naturales es una constante histórica. Desde la época colonial hasta nuestros días, los ejes de desarrollo han estado basados y sustentados en una matriz económico-productiva de tipo extractivista. Más allá de las recurrentes críticas a la base estrecha que implica esta matriz (PNUD, Informe temático sobre desarrollo humano. La economía más allá del gas. La Paz. 2006), el problema es que los recursos naturales son, por definición, escasos y finitos, más aún cuando su precio se encuentra en auge, convirtiéndose en motivo frecuente y justificado de disputa y conflictividad.
Pareciera que la violencia, radicalidad e intensidad de los conflictos por recursos naturales es proporcional al valor estratégico, de explotación o de renta, del recurso natural en disputa, ya que, al atribuirles un valor netamente monetario, se los libra de otras cargas problemáticas y externalidades negativas, como problemas ambientales, riesgos a la salubridad y significaciones culturales.
Diferentes autores, Zavaleta Mercado, Fernando Molina y Roberto Laserna entre otros, elaboraron teorías con respecto al imaginario social que explicaría, no sólo la constante pugna, sino también, la dependencia histórica de Bolivia a la explotación de recursos naturales. Esta percepción social condiciona significaciones, actitudes y prácticas en torno a los recursos naturales. También hay factores concretos que, históricamente, sedimentan, reproducen y refuerzan esa visión. El principal de estos componentes radica en que la explotación de los recursos naturales constituye la actividad económica más importante del país. Hasta 2012 las actividades mineras, hidrocarburíferas y agrícola representaban el 33% del total del Producto Interno Bruto de Bolivia, mientras que aquellas manufactureras simplemente el 13,5% (INE). De igual manera, sobre el valor total de las exportaciones en 2011, solamente la extracción de hidrocarburos y minerales representaron el 71,6% (45,1% y 26,5% respectivamente) (Exportaciones, fuente INE).
Los recursos naturales devienen esenciales para la población boliviana, producto de la ausencia de otras actividades económicas del mismo talante, además de una coyuntura favorable de precios internacionales que los vuelve un bien altamente rentable, por tanto, en muchos casos son la fuente principal de subsistencia y un medio para mejorar las condiciones de vida en una economía con un mercado laboral reducido y predominantemente informal.
Todos estos factores generan y condicionan a este tipo particular de conflictos, que si bien representa sólo el 7% sobre la conflictividad global del periodo estudiado, son relevantes por los temas que involucran, por la larga duración de algunos y los elevados niveles de violencia que presentan en sus episodios. Se registraron un total de 77 casos, los cuales se dividen de la siguiente forma: 45% por disputas por recursos mineros; 35% por tierra cultivable; y 12% por renta hidrocarburífera, mientras el restante 3% lo componen conflictos por recursos forestales, acuíferos (UNIR, 2013).
Los conflictos mineros se centraron en tres tipos de demanda: adjudicación de nuevos parajes, rechazo a avasallamientos y aceleración de proyectos extractivos mayores. Las dos primeras categorías se caracterizan por ser disputas vinculadas a la demanda de apropiación, control y explotación de reservorios mineralógicos, ya fuese para mantenerlos u obtenerlos,mientras que la segunda se refiere a aquellos conflictos destinados a la consecución de rentas y/o beneficios provenientes de grandes proyectos mineros, fundamentalmente por regalías mineras. Una diferencia sustancial con años precedentes, es que en su generalidad los conflictos mineros ya no son de raíz laboral. Una diferencia sustancial con el año que antecede al periodo, es que en su generalidad los conflictos mineros ya no son de raíz laboral (por mejores condiciones laborales, generación de fuentes de empleo, incremento salarial, etc.).
Los principales casos por adjudicación de parajes se dieron en la mina La Veloz y Mallku Kota en Potosí; la mina Totoral en Oruro; Sayaquira y Colquiri en La Paz. Los conflictos por avasallamientos, por lo general, enfrentaron a comunidades campesinas con trabajadores mineros y a mineros asalariados con cooperativistas; los casos más significativos fueron los de Colquiri y Amayapampa en La Paz; Porco en Potosí; y la mina Bolívar en la frontera entre Oruro y Cochabamba. Finalmente, el principal caso referido a conflictos por grandes proyectos extractivos es el del Mutún en Santa Cruz.
Los conflictos por tierras cultivables están vinculados con la escasez y la concomitante elevación de precios de los alimentos, no solamente a nivel local sino también internacional. Así se generó un alta demanda para laconcentración de la tierra cultivable, lo que ha llevado al Gobierno incluso a extender la frontera agrícola. Los principales casos movilizaron a campesinos de diferentes regiones - entre ellas de Pando, Bermejo (Tarija) y Yapacaní (Santa Cruz)- por dotación y titulación de tierras productivas; la promoción de estos conflictos por organizaciones como el Movimiento Sin Tierra en Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. Tienen relación con este tema dos grandes conflictos que determinaron la tensión político social de aquel momento: la presión de los sectores cocaleros en el área del TIPNIS; y la pugna limítrofe entre Coroma y Quillacas (Oruro), en tanto están en disputa zonas aptas para la producción de quinua.
Entre los conflictos por producción hidrocarburífera el más significativo fue el del pozo Margarita que tuvo la capacidad de masificar movilizaciones articuladas por sectores cívicos-territoriales en los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Además de éste se registraron movilizaciones protagonizadas por el Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), pidiendo la explotación de hidrocarburos en el área. Los elevados intereses por la rentabilidad hidrocarburífera llevaron, también, a la conformación un comité de defensa empresarial a favor de la industrialización de los hidrocarburos que demandó, obviamente, cuotas de participación en esta actividad.
Bajo esta tipología de conflictos por recursos naturales se movilizaron 93 actores distintos, de los cuales aquellos pertenecientes al sector minero fueron los más activos (lo más visibles dentro de estos fueron los asalariados), seguido por el sector agropecuario-campesino (comunidades interculturales y productores de coca) y finalmente por el cívico (UNIR, 2013).
Sostenibilidad, contaminación y defensa del medio ambiente
En Bolivia, la visión del desarrollo sostenible está cada vez más vigente; se evidencia por ejemplo un gran conjunto de normas destinadas a la protección del medio ambiente y un discurso político común a diversos agentes políticos y a varias organizaciones sociales que defiende la armonización entre las prácticas productivas y la naturaleza (con matices).Pero el discurso político, por su propia naturaleza, al procurar la empatía de sus destinatarios y una interpelación política efectiva, puede permanecer en un plano simbólico, no comprometiendo a las prácticas concretas de sus enunciantes.Esto explica que gran parte de los operadores económicos no cumpla la normativa debido a vacíos y ambigüedades, falta de control estatal y flexibilización de ésta ante la existencia de intereses diversos.
Los actores inmersos en los conflictos ambientales, perciben a los recursos naturales en directa asociación con la incidencia que éstos tienen – en su explotación y/o aprovechamiento – en su vida cotidiana. Es por ello que estos conflictos son una forma de mecanismo de defensa en contra de las empresas, grupos o entidades estatales responsables de los problemas mencionados – o de su falta de prevención y control – y sus efectos nocivos. Sin embargo, sorprendentemente, este tipo de conflictividad es mínima: son poco frecuentes y de baja o nula intensidad.
Las causas de esto pueden ser varias. Hay un desconocimiento de los impactos ambientales ante el aislamiento de algunas zonas afectadas; segundo, es difícil llegar a demostrar la correspondencia entre alguna actividad y algún problema ambiental, generalmente son requeridos estudios técnicos de alto costo; tercero, en zonas bastante empobrecidas es relativamente fácil poder cooptar a dirigentes locales y familias para lograr su aprobación con respecto a la realización de actividades contaminantes, al mismo tiempo que, sin necesidad de hacerlo, algunas comunidades ponderarán más los potenciales beneficios inmediatos que los riegos ambientales futuros; cuarto, existen enormes asimetrías de poder entre las empresas y entidades, y las comunidades afectadas; y finalmente, dada la importancia esencial de determinadas actividades humanas masivas – transporte, consumo de agua, uso de alcantarillado, generación de residuos sólidos, etc. –, la prevención y mitigación de la contaminación que éstas generan suelen ser vistas como secundarias, en particular por los altos costos que suponen.
En el periodo de análisis, se registraron 55 conflictos de los cuales casi la mitad tuvo relación con el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por lo que es posible que esta cifra en realidad sea mucho menor. Los casos que se pudieron estudiar surgieron a partir de situaciones de contaminación demasiado críticas y ante la mínima atención por parte de las autoridades. No obstante, se ha observado que aún en casos muy paradigmáticos, la escasa respuesta recibida tiende a generar pasividad en los afectados, causando su retroceso y la adopción de medidas alternas, como la migración o abandono de las zonas contaminadas o, incluso, la aceptación y convivencia con el problema.
Los diferentes actores movilizados por esta temática sumaron un 86, de los cuales 16 no estaban directamente vinculados con las problemáticas, se movilizaron por solidaridad o empatía con algún otro actor y por lo menos 28 lo hicieron desde organizaciones sociales matrices. Exceptuando el caso del TIPNIS, la conflictividad de este tipo tiene a una particularización y localización del conflicto, por lo que tiene menor probabilidad de expansión geográfica y sectorial.
Este tipo de conflicto puede ser dividido en conflictos ambientales urbanos y conflictos por impactos de actividades extractivas. Los primeros representaron el 41,8% del total de conflictos ambientales y son efecto del intenso crecimiento urbano en Bolivia, sin planificación adecuada o control, como el de Kara Kara en Cochabamba. Los segundos representaron el 13% del total pero, la cifra no expresa la magnitud real de esta problemática ambiental. Dos de las situaciones más críticas estuvieron relacionadas con la contaminación de la cuenca del Desaguadero (La Paz, frontera con Perú) y de las aguas del Pilcomayo (Tarija frontera con Argentina).
Conservación de medios de vida y defensa del territorio indígena
La demanda territorial de los pueblos indígenas nace de la necesidad por conservar y/o defender sus sistemas de producción y modos de vida tradicionales frente a la creciente presión de la economía capitalista y la expansión institucional del Estado. Por supuesto, dicha presión carga al mismo tiempo un componente ideológico-civilizatorio que, además de transformar el espacio ocupado por los pueblos indígenas, trastorna a mediano plazo su vínculo identitario. El territorio constituye por así decirlo, el último reducto indígena.
El conflicto del TIPNIS tiene múltiples dimensiones (UNIR Bolivia, 2011), que se evidencian en las demandas de diversa raigambre plasmadas en los dos pliegos petitorios (VIII y IX Marchas) de las organizaciones indígenas y en las posturas de los actores sociales involucrados. De todas ellas se identifican dos centrales: la resistencia al avasallamiento de un área doblemente protegida (parque nacional y territorio indígena),para la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) San Ignacio de Moxos (Beni), en relación a las implicaciones que ello tendría en la vida diaria de las comunidades indígenas asentadas, y el rechazo a actividades que podrían generar daños irreversibles en la biodiversidad natural y el medio ambiente.
Estas problemáticas ya habían sido visualizadas varios años antes, cuando los pueblos indígenas del TIPNIS - mojeños, yuracarés y chimanes - denunciaron no haber sido consultados con respecto al proyecto carretero que atravesaría su territorio, además de continuos avasallamientos por parte de productores de coca del Chapare (Cochabamba). Estos últimos produjeron violentos enfrentamientos en las zonas perimetrales del TIPNIS, con saldos de heridos de gravedad y destrucción de bienes.
A raíz de la persistencia del Gobierno en construir la carretera, a la cual sólo le faltaba el tramo central, los indígenas del TIPNIS, enmarcados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), decidieron recurrir una vez más al simbólico uso de la marcha. Así, durante julio y octubre del 2011, por algo más de 70 días, se llevó a cabo la VIII Marcha Indígena que recorrió alrededor de 600 km entre Trinidad y la ciudad de La Paz. Un hecho particular fue la adhesión de actores urbanos no directamente involucrados, como el magisterio, estudiantes universitarios, activistas políticos, organizaciones cívicas, posiblemente debido al trasfondo de defensa ambiental y el fuerte momento de interpelación al gobierno.
A favor de la construcción de la carretera se movilizaron alrededor de 31 diferentes actores pertenecientes en su mayoría a sectores agropecuarios/campesinos (41%), organizaciones articuladas por lineamientos políticos (9%) además de varias otras de extracción vecinal/comunitaria (UNIR, 2013). En su mayoría, estos actores provenían de comunidades situadas en cercanías del proyecto carretero, ya fuese del lado del departamento de Beni o de Cochabamba, evidenciándose una sectorialización en tanto los intereses vertidos en sus demandas implicaban sólo a aquellos directamente afectados.
Si bien el conflicto del TIPNIS fue el más representativo con respecto a las tensiones territoriales y de defensa de derechos indígenas, en el periodo se observaron al menos una docena de otros casos. La mayoría de estos ocurrieron en la parte oriental del país, demostrando que la incidencia de esta problemática es sobre todo en tierras bajas. Las demandas planteadas tuvieron en su mayoría relación con el saneamiento de tierras ante presiones de campesinos locales y el Movimiento sin Tierra, el respeto a la autodeterminación indígena, y la otorgación de recursos para la consolidación de autonomías indígena.
En su mayoría estos conflictos tuvieron baja repercusión, quizás por su baja radicalidad: las medidas de presión ejercidas fueron de baja afectación a terceros. La mínima atención que recibieron, tal como sucede con los ambientales, llevó a que en casos extremos, se asuman soluciones alternativas: en el caso de los Weenhayek, los cuales perdieron su capacidad de reproducción social debido a la contaminación del Río Pilcomayo y la presión de las actividades económicas en la región, éstos se vieron obligados a la modificar sus actividades cotidianas, en este caso la pesca, y la migración hacia el norte argentino.
Discurso y realidad
De las tres visiones mencionadas, la percepción del desarrollo basado en la apropiación del excedente, en el caso boliviano de tipo extractivista, en mayor o menor medida, parece ser transversal a los grupos sociales del país, acto que se refleja en el propio manejo político/económico de la presente gestión gubernamental, en las fragmentación interna en las comunidades que habitan el TIPNIS, y en varios sectores. Incluso se ha podido observar algunos casos de defensa del territorio indígena en los cuales la visión pragmática de uso de los recursos naturales a costa de los impactos ambientales es aceptada a cambio de la recepción de compensaciones económicas.
La existencia de todos estos conflictos, sus repercusiones e implicaciones proyectan la necesidad de replantear varios aspectos del entendimiento del desarrollo en Bolivia. Las críticas que se han venido dando desde la misma aparición del paradigma modernizador y progresista del desarrollo en la década de 1940 hasta el Vivir Bien de nuestros días, no han logrado una transformación profunda más sólo en los aspectos teórico-filosóficos. El vivir bien, es una gran apuesta que, pese a su positiva recepción en los círculos académicos y políticos, no ha logrado concretarse, especialmente cuando es confrontado con los intereses de los operadores económicos, quienes siguen promoviendo una generación de excedentes, y de desarrollo, a costa de una explotación depredadora de la naturaleza.
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1 Licenciado en Ciencias Políticas y actual analista e investigador en la Fundación UNIR Bolivia.
2 Licenciado en Ciencias Políticas y actual profesional de análisis de conflictos en la Fundación UNIR.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
