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¿El enfoque de género en el desarrollo rural está paralizado?
Carmen Beatriz Ruiz*
Un sondeo rápido sobre el enfoque de género en el desarrollo rural en la oferta de contenidos y enlaces del ciber espacio arroja referencias desactualizadas, que datan de varios años atrás o se limitan a acápites insertos en documentos generales. Sin embargo, durante más de una década el mundo fue escenario de propuestas, diagnósticos y debates sobre y desde el enfoque de género, como parte de un impulso de grandes dimensiones para que los proyectos de desarrollo en general y de desarrollo rural en particular incluyeran o visualizaran los métodos y resultados de su trabajo en la vida de las mujeres. ¿Está efectivamente incorporado (transversalizado, se dice en la jerga del tema) el enfoque de género en las acciones e instituciones del desarrollo rural o sencillamente se trata de la parálisis inercial después de que los y las principales impulsores/as del enfoque cambiaron de foco de interés?
El enfoque de género en el desarrollo rural fue un impulso muy activo durante la década de los años noventa involucrando diversas experiencias metodológicas en proyectos de la mayoría de países del denominado Sur del mundo. Bajo ese impulso crecieron programas e instituciones especializadas y se elaboraron indicadores e instrumentos de planificación, medición de resultados y evaluación, buscando identificar de qué forma y en qué medida los proyectos de desarrollo rural afectaban la vida de las mujeres y cómo podrían lograrse efectos positivos. Instituciones especializadas en el área del desarrollo rural abrieron unidades de género y las que ya estaban trabajando en la dimensión de derechos de las mujeres aventuraron propuestas para el desarrollo rural. De este modo, se transitó entre diagnósticos sobre las condiciones de vida de las mujeres en el campo y estudios que mostraban los errores (y sus consecuencias) de acciones ciegas a la situación y participación de las mujeres, hasta propuestas de métodos específicos para visualizarlas y potenciarlas.
¿Una moda pasajera?
Debido a la cantidad de publicaciones y eventos sobre el tema, puede hablarse de una verdadera corriente de género en el desarrollo rural (hay quienes dicen que se trató de una moda). Una buena parte de los esfuerzos estuvo dirigida a lograr que instituciones estatales y privadas trabajando en el área con objetivos pensados de forma general para el conjunto de la población en sus territorios de intervención asumieran el enfoque de género, sus instrumentos y tareas específicas al respecto. Como un resultado más tangible muchas instituciones y proyectos incorporaron en sus equipos a una especialista encargada de las políticas y estrategias que mostraran su disponibilidad a incluir el enfoque en su acción.
Hubo varios/as protagonistas en el crecimiento de esa corriente. En primer término debe reconocerse el papel activo de las agencias multilaterales y bilaterales de cooperación e instituciones estatales y privadas (en realidad éstas mucho más que las primeras), que asumieron varios de los que se consideraban nuevos desafíos de equidad en la democratización de las sociedades. Un motor fundamental fueron los procesos previos y posteriores a la realización de sucesivas Conferencias Mundiales que cada cinco años estuvo realizando la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y de esos procesos, los resultados más asertivos produjeron convenios internacionales que, con matices, terminaron por ser incorporados en calidad de políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Una referencia imprescindible es la Plataforma de Acción Mundial (PAM), luego de la V Conferencia Mundial realizada en Pekín el año 1995, que cuenta con un acápite especial sobre mujeres campesinas e indígenas.
Este documento reitera una exigencia de la cooperación expresada en textos anteriores, proponiendo la creación de mecanismos de igualdad de oportunidades (oficinas, unidades, institutos, programas, etc.) en el nivel estatal. La mayoría de los Estados sudamericanos respondieron a esta demanda con la creación de instancias gubernamentales de diversas formas y jerarquías, por lo general, mediante dos líneas de dependencia: las que estaban insertas en el esquema formal de Poder Ejecutivo y las que dependían de estamentos, generalmente paralelos y temporales, de la acción de las esposas de los gobernantes. Los mecanismos del primer tipo han sobrevivido a los cambios de gobierno, aunque bajando cada vez un peldaño más en la jerarquía, con la honrosa excepción de Chile. Los del segundo tipo desaparecieron junto con la primera dama de turno.
El hecho de que existieran simultáneamente varias líneas de trabajo en distintos ámbitos ayudó mucho en la incidencia de instituciones y políticas con enfoque de género en el desarrollo. Esto también fue impulsado y en buena medida sostenido por la cooperación, como se demuestra en el enlace efectivo que se propiciaba entre políticas de población, derechos, desarrollo local, desarrollo económico y de fortalecimiento de la organización y participación política de las mujeres.
Las principales interlocutoras y participantes activas de estos múltiples emprendimientos fueron casi siempre mujeres. Esto puede entenderse en la medida en que el enfoque de género tiene como fin explícito evidenciar primero y actuar después sobre las condiciones y posiciones de las mujeres, en relación con los hombres, en la sociedad. Sin embargo, allí donde está la fortaleza de su definición precisa se ubicó también una de sus debilidades: que se considerara únicamente un “asunto de mujeres”. Esta afirmación no desmerece el importante esfuerzo y aporte de muchas instituciones, generalmente no gubernamentales, gestionadas por mujeres y diversas expresiones de los movimientos de mujeres en Sudamérica, que llegaron a conformar potentes y activas redes y plataformas temáticas y territorialmente regionales.
Preguntas (im)pertinentes
Para obtener algunas respuestas sobre el estado actual de la aplicación del enfoque de género en el desarrollo rural se puede mirar resultados en dos áreas de participación de las mujeres: la económica y la política.
La participación económica de las mujeres en el desarrollo rural nunca estuvo en duda, pero fue proverbialmente invisible, sobre todo a la hora de la distribución de los beneficios y oportunidades. El enfoque de género propicia que proyectos y funcionarios/as trabajen reconociendo que la población contraparte tiene siempre dos sexos; es decir que está compuesta de mujeres y de hombres y que este hecho biológico básico e incontrastable produce efectos de género, es decir respecto a la relación entre mujeres y hombres; lo cual genera, a su vez, efectos en la condición y posición de ellas. Desde esa perspectiva se promovieron innumerables formatos de participación económica. La mayoría, sin embargo, terminan por sobrecargar enormemente las tareas de las mujeres, debido a que no contemplan -o no logran- una distribución democrática del trabajo doméstico. Otra dificultad es que se ofrece a las mujeres emprendimientos que puedan combinar con sus tareas domésticas y las propias de las estrategias de sobrevivencia, con lo cual, ellas terminan con empresas minúsculas, de consumo familiar y ninguna rentabilidad. ¿Se puede culpar a las mujeres pobres de su poco interés por participar en iniciativas que las mantienen con funcionamiento del tamaño de una caja chica, sin poder dejar de cumplir las labores de género a las que las condena la sociedad?
Aunque Argentina y Chile tengan Presidentas de la República, haya una candidata con posibilidades de éxito en Brasil y se encuentren en ejercicio varias ministras de defensa y relaciones exteriores (áreas tradicionalmente asumidas por hombres) en la región, la participación política de las mujeres tuvo en la última década mejores momentos que el actual, ya que en la mayoría de los países sudamericanos el número de mujeres en cargos de decisión por voto disminuyó en los ámbitos municipal, regional/departamental y nacional con cada nuevo período gubernamental. Las leyes de cuota adoptadas por varios países no lograron subir significativamente las vallas y tampoco detener su caída. Parece que, también en este campo, se trata de un efecto de sobrecarga de trabajo y de costos personales. Efectivamente, para desempeñar un cargo electivo las mujeres tienen que combinar con malabarismo sus responsabilidades como autoridades con las domésticas, llegando a cumplir hasta más de 16 horas diarias de trabajo en tres jornadas sucesivas. A esto se suma la tensión permanente para lidiar con las estructuras patriarcales de los partidos y sus líderes y, además, al peso de las prácticas culturales de vigilancia, maledicencia y disciplinamiento del mundo público. Un caso expresivo de esas prácticas se puede ver en los escaños municipales en Bolivia, donde por exigencia de la Ley los partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas deben presentar listas con “paridad y alternancia” de sexos... y generalmente lo hacen, aunque una vez conseguidos los puestos hostigan a las elegidas que asuman los suplentes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Las mujeres perdieron también el interés por la política?
Mientras el descenso de la participación económica y política de las mujeres sigue, las voces de expertos/as en desarrollo rural, líderes de la política, activistas del enfoque de género e integrantes de la cooperación internacional también han descendido en tono y frecuencia. ¿Será que también ellas y ellos perdieron el interés?
La Paz, 31 de julio de 2009
* Carmen Beatriz Ruiz es licenciada en Comunicación Social y Magíster en Antropología, integrante del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPRDS) en Bolivia y del Just Governance Group (Canadá).
