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El boletín Apuntes de esta quincena contiene en la sección Diálogos un artículo sobre la problemática alimentaria en Colombia que se viene agudizando en los últimos años, producto de la violencia, del desplazamiento permanente de campesinos hacia las ciudades.
El autor afirma que la problemática alimentaria en Colombia se viene agudizando en los últimos años, producto de la violencia, del desplazamiento permanente de campesinos hacia las ciudades y la ausencia de políticas públicas destinadas a contribuir a la solución de los conflictos de tierras y a fortalecer la producción agrícola campesina. El presente artículo informa y reflexiona sobre la inseguridad alimentaria en el país en un contexto de violencia. Al mismo tiempo, da cuenta de experiencias esperanzadoras para atender el problema. El Diálogos 92 es un resumen del texto mismo nombre publicado en esta página como documento de trabajo Exploraciones 14, mismo que mereció el segundo premio de la categoría Ensayos en el Concurso Alimentos y pensamiento, siempre en agenda, llevado a cabo por el IPDRS en alianza con ICCO y OXFAM.
Despojo significa el arrebatamiento de las condiciones necesarias para llevar una vida digna. La categoría puede comprender la desposesión de los recursos, de los medios económicos, las riquezas, los bienes, la cultura, la identidad y los derechos con los cuales cuentan los pueblos y comunidades para el desarrollo pleno de su vida, en la mayoría de los casos mediante el uso de la fuerza y la violencia. El despojo está ligado al arrebatamiento legal e ilegal de la tierra, el territorio, las semillas, la producción, la cultura y la vida. El concepto no sólo refiere a la desposesión de bienes y riquezas en términos económicos sino, sobre todo, a que impide las posibilidades de llevar una vida autónoma, libre y digna, y está estrechamente ligado con la reproducción de las condiciones de desigualdad material y la injusticia social.
La precarización de la vida en el campo y las ciudades están generando déficits nutricionales y de acceso a productos alimenticios suficientes y de calidad, necesarios para la preservación de la vida y la salud de las poblaciones marginadas y pobres del país. Colombia es el tercer país a escala mundial con mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado interno, después de Congo y Sudán. Las poblaciones desplazadas son las primeras afectadas por el despojo. El crecimiento demográfico de los grandes centros urbanos del país es el resultado del desplazamiento forzado hacia las grandes ciudades de poblaciones campesinas pobres en busca de oportunidades, de empleo y de mejores condiciones de vida. Tal situación trae consigo efectos permanentes sobre la inseguridad alimentaria de esta población.
El 87 % de los hogares desplazados se encuentra en una gravosa situación de inseguridad alimentaria. Las mismas fuentes señalan que en el 85% de hogares de la población desplazada manifiestan reducción del número de sus comidas debido a la falta de ingresos y, lo que es aún más preocupante, que el 56 % de sus niños y niñas y el 70 % de adultos, se acuestan a diario con hambre (Derecho a la alimentación: Hambre, desnutrición y dependencia alimentaria. FIDH, junio 26 de 2007). Para la población desplazada el principal problema es la incapacidad de generar suficientes ingresos para la manutención familiar diaria.
De otro lado, el fomento de la producción agro-exportadora de productos no esenciales de la canasta familiar ligados a la producción de biocombustibles (caña de azúcar, palma africana, transgénicos, etc.) ha dejado de lado la producción de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias fundamentales. Esta cadena de acciones se apareja a la desprotección del sector rural no vinculado con esas grandes estrategias productivas, generando dependencia alimentaria (Caso Carimagua - Agro-Ingreso Seguro). Además, la baja incorporación de incentivos a los sectores marginados para la producción agrícola coincide con el aumento de las importaciones de alimentos de primera necesidad.
La situación se agrava cuando se constata que apenas el 0,06% de los propietarios son dueños del 53,5% del área rural registrada catastralmente, poniendo al país entre uno de los más inequitativos del mundo. En otras palabras, se está hablando de alrededor de 44 millones de hectáreas, con un promedio de 18.093 Ha por propietario, mientras que 2.2 millones de propietarios corresponden a un sistema de minifundios menores a 3 Ha, lo que equivale al 1.7 del territorio registrado catastralmente (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia, 2010).
Modelo de desarrollo para el despojo
Las definiciones clásicas sobre desarrollo involucran únicamente elementos del ámbito económico. Para considerar una nación como desarrollada se formulan preguntas tales como: ¿a cuánto equivale su producción industrial?, ¿cuál es su capacidad de consumo?, ¿a cuánto asciende la capacidad de ganancia del sistema financiero y bancario?, etc. Esta noción de desarrollo privilegia el crecimiento económico entendido como el aumento del valor real del conjunto de la producción de bienes y servicios de una sociedad durante un periodo determinado de tiempo, cuantificados económicamente por ejemplo, a través del Producto Interno Bruto (PIB).
Se asume que a mayor crecimiento económico mayor desarrollo, es decir bienestar de la población, representado en el acceso a bienes y servicios: si el crecimiento del PIB, calculado anualmente es mayor que el crecimiento demográfico (de la población de un país) se supone que el nivel de vida de los habitantes de ese país aumentó. La consecuencia lógica y aceptada es la necesidad de generar procesos de desarrollo, íntimamente ligados al crecimiento económico, para consolidar la modernización de estos países y sus pueblos. Para ello se idearon los Planes de Desarrollo, en diferentes escalas (nacional, departamental, municipal), que generalmente iniciaban con un diagnóstico negativo de la población y el territorio, y relacionando las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos con su condición de “atraso”.
En Colombia, la implementación del modelo económico neoliberal, preocupado fundamentalmente por el crecimiento paulatino del PIB, genera políticas públicas con un porcentaje elevado de sus esfuerzos para atraer inversión extranjera, con beneficios exorbitantes para las grandes empresas multinacionales proclives al extractivismo de los hidrocarburos y el petróleo, la minería, el cultivo de palma africana, la caña de azúcar y la incorporación de productos transgénicos.
Legislación, política pública y despojo
El Estado Colombiano se niega a implementar formas más adecuadas de protección de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991 y en los tratados internacionales y demás disposiciones que conforman el Bloque de Constitucionalidad. El Estado ha hecho caso omiso a los llamados que la Corte Constitucional ha elevado, a través de su jurisprudencia, en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del desarrollo pleno de los principios y derechos de los niños, de las mujeres, de los productores campesinos y urbanos, de las poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado en relación con la alimentación y el territorio.
La incidencia efectiva de la política mundial gobernada por el mercado en Colombia es el fiel reflejo de los acuerdos de las elites políticas y económicas transnacionales con las nacionales, como preámbulo necesario para abonar el terreno para la inversión extranjera, la que se incorpora y formaliza mediante los Tratados de Libre Comercio (TLC), parte del proyecto político de las elites transnacionales y nacionales comprometidas con el proceso de neo liberalización donde los ciudadanos se convierten en consumidores y sus derechos en mercancías.
Entre las normas más importantes se destacan la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Régimen Común de Derechos de Obtentores Vegetales; la ley 1032 de 2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal referido a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; la Resolución 187 de 2006 del Instituto colombiano Agropecuario (ICA), que reglamenta la producción, procesamiento, certificación, comercialización y control de la producción agropecuaria ecológica; el Decreto 4525 de 2005, que reglamenta la implementación en Colombia del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, permitiendo a las empresas la entrada de semillas y alimentos transgénicos en el país y, entre otras, la Resolución 970 de 2010 del ICA, mediante la cual se reglamentan los requisitos relacionados con producción, importación, exportación, comercialización y uso de semillas en el país. Esta norma señala, además, que los agricultores deben inscribir los lotes de semillas que van a utilizar para cada siembra.
El pensamiento latinoamericano crítico propugna un humanismo integral y solidario, que anime un nuevo orden social, político y económico fundado en la dignidad y la libertad de toda persona humana y por condiciones sociales óptimas que garanticen la realización efectiva de las expectativas de la vida en comunidad que en términos jurídicos se viene traduciendo en Derechos Sociales Económicos y culturales (DESC), derechos colectivos y del medio ambiente, todos ellos fundamentales. Desde una perspectiva ética, dicho pensamiento se realizará al promover un modelo de sociedad basado en la convivencia, la paz, la justicia y la solidaridad.
El modelo de economía que se fomente debe considerar, en cualquier caso, de manera integral y estructural los valores, prácticas, saberes y perspectivas propias de los pueblos. Desde esa perspectiva, en las formas de habitar, percibir y relacionarse con el territorio de las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas y urbanas en nuestro país y en América Latina deben regir el tipo de vida que se proyecta colectivamente, en lugar de ser arrasadas por un modelo de desarrollo que las considera “atrasadas”.
Los Planes de Vida Comunitarios son una herramienta originada en las experiencias de algunas comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas del país desde la década de los ochenta. Han sido procesos marcados por la intención manifiesta de llevar a cabo ejercicios colectivos de construcción de horizontes posibles con miras a habitar, gobernar, decidir y legislar sobre su territorio, sus formas de vida, su economía y su cultura.
Los planes de vida implican un ejercicio de planeación, de proyección colectiva del futuro deseado. En la vida cotidiana las personas, familias y comunidades constantemente realizan planes: por ejemplo, para cosechar primero hay que preparar el terreno, después abonarlo, sembrarlo y cultivar y eso requiere organizar tiempos y tareas. En la formulación de Planes de Vida Comunitarios, la planeación se realiza de manera más sistemática como un proceso de organización y proyección que permite estructurar ideas, estrategias y acciones para lograr objetivos definidos sobre el futuro deseado de la comunidad.
Pero los Planes de Vida no son fórmulas mágicas o recetas definitivas para buscar soluciones correctas, sino que depende de la variedad de formas y metodologías basadas en las particularidades de cada una de las comunidades. Las condiciones históricas de cada pueblo matizadas por las circunstancias específicas de vida, su relación con el territorio, las instituciones, las formas de intercambio económico y cultural, lleva a las diferentes comunidades a plantearse la necesidad de repensar participativa y concertadamente, su unidad, autonomía, organización y bienestar (Janjasoy yamp; Pérez Vargas, 2005: 9). Por ello, el ejercicio de planeación es tanto real como ideal, en la medida en que, de un lado, parte de las condiciones históricas, sociales, políticas y culturales específicas de cada comunidad y de otro lado, busca la realización de un horizonte utópico de sentido que puede ser proyectado a corto, mediano o largo plazo.
El buen vivir es un concepto en construcción que va ajustándose a las circunstancias históricas, sociales y territoriales de cada comunidad, por ello se hace imposible una definición unívoca. Sin embargo, como plantea Eduardo Gudynas (2011), el buen vivir puede entenderse como una plataforma donde se encuentran múltiples formas de entender el mundo desde la interculturalidad para producir alternativas al desarrollo.
Los ejes del concepto pueden identificarse de la siguiente manera: otra ética para reconocer y asignar valores, descolonización de saberes, superación de la racionalidad de instrumentalización y manipulación, vocación orientada al encuentro, diálogo o interacciones entre saberes, concepciones alternas de la naturaleza que no la separan de la sociedad, construcción de comunidades ampliadas y recreación de un lugar para la vivencia y los afectos.
Alternativas en Colombia por la defensa de la soberanía alimentaria
En Colombia hay múltiples experiencias, organizaciones y procesos sociales que evidencian avances en la construcción participativa de alternativas al desarrollo pensando en el buen vivir de las comunidades y sus pobladores.
Las comunidades indígenas de Cañamomo y Lomaprieta han venido avanzando en la recuperación y protección de semillas, la defensa del territorio, la incorporación de productos orgánicos libres de fungicidas, la construcción de mandatos y la declaración de territorio libre de transgénicos, a la cual se sumó la comunidad indígena Zinu, en el norte del país.
Otras propuestas vienen trabajando por la consolidación de Bogotá capital libre de transgénicos liderada por SALSA (Soberanía y Autonomía Alimentaria), una federación de organizaciones preocupada en trabajar por la problemática agroalimentaria y la generación de alternativas desde la soberanía alimentaria para Bogotá y la región. En la misma vía vienen caminando a nivel nacional las propuestas generadas alrededor de la Minga Popular y el Congreso de los Pueblos en el marco del cual se viene realizando el Congreso de tierras, territorio y soberanías.
Otras organizaciones vienen articulando propuestas organizativas en torno a los ciclos productivos y de comercialización replanteando la relación campo ciudad en términos de equidad. En el sur de Colombia la experiencia de Redcom y Mercajusto ha avanzado en la combinación de estas estrategias a nivel regional involucrando personas de diferentes sectores y orígenes sociales creando redes de trabajo, solidaridad, vida digna y “Buen Vivir”.
En la región de Antioquía y la Zona Cafetera, el trabajo de las redes campesinas, economías solidarias y producción biológica, construidas por la RECAB (Asociación, Red Colombiana de agricultura Biológica); y, el Jardín Botánico y la Universidad de Caldas de Manizales que cada 2 años organizan un encuentro de productores y organizaciones de todo el país: Eco-vida, respectivamente.
Finalmente, en Bogotá - Región, que comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, a parte de los avances logrados en SALSA, el Colectivo Puentes (grupo interdisciplinario y diverso de profesionales, jóvenes, campesinos y mujeres que busca promover un relacionamiento permanente entre organizaciones sociales mediante la generación de procesos pedagógicos de carácter ecológico y productivo) viene construyendo una propuesta de articulación campo-ciudad alrededor del fortalecimiento organizativo, la construcción de mandatos y planes del vida para el “Buen Vivir”, por un lado; y la consolidación de procesos urbanos de agricultura limpia y orgánica, alternativas de comercialización y la conformación de núcleos de consumo consciente, solidario y responsable sobre la base de una actividad denominada Canasta Solidaria, por el otro.
