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La presente Ley tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. En lo que se refiere al patrimonio paleontológico, éste está constituido por los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil y por el artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional. Con respecto a la distribución de competencias, el artículo 4º enumera las facultades exclusivas del Estado Nacional, mientras que el artículo 6º atribuye facultades exclusivas a las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 7º enumera facultades concurrentes. Los artículos 35, 36 y 37 introducen limitaciones a la propiedad particular. Las disposiciones siguientes establecen sanciones que deberán aplicarse a las transgresiones a lo establecido por la presente Ley. Se incorporan nuevas figuras delictivas al código penal.
