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La presente Ley establece el marco normativo para promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo. El objetivo principal de la Ley es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal. En este contexto se fija el principio en virtud del cual la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo. La Ley promueve la creación de cooperativas de producción y consumo, así como sistemas de créditos y seguros adecuados a la economía agropecuaria. Otras disposiciones se refieren a las adjudicaciones en venta, las restricciones al dominio y las concesiones en arrendamiento de las tierras rurales. La Ley establece asimismo normas relativas a las tierras urbanas.
