La Plataforma Agraria es una red nacional de más de 30 organizaciones, cuyo objetivo es el cumplimiento del mandato de la Constitución de la República que establece una reforma agraria, y lograr cambios en las políticas públicas a favor de los campesinos y campesinas a través de la Ley de Transformación Agraria Integral -TAI-, presentada al Congreso Nacional de Honduras en 2011.

Los artículos 344 y 345 de la Constitución vigente, 1982, establecen la reforma agraria “de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción, en el proceso de desarrollo económico, social y político de la Nación”.

Sin embargo, en 1992 se aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que permitió que las tierras destinadas a la reforma agraria se vendieran, no siempre de forma legal. Esto promovió de nuevo la concentración de la tierra en empresarios agrícolas y latifundistas y agravó la situación del campesinado.

El golpe de Estado de 2009 creó una nueva situación de impunidad, motivando reclamos por justicia seguidos de masivas recuperaciones de tierra, sobre todo en la zona del Bajo Aguán. La respuesta del Estado hondureño, por una parte fortaleció la seguridad armada de los agro exportadores, y por otra, fomentó el uso tergiversado de recursos legales, la prensa y la televisión, para convertir las peticiones justas de los campesinos, en crímenes. Esto terminó en volver a los juzgados, a la policía y al ejército nacional, en cómplices de un sistema obsoleto, de tenencia de la tierra, que solamente se puede mantener mediante la fuerza. 

En respuesta a esta situación, surge la Plataforma Agraria, a la campaña Vamos al grano se suma la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria –SARA-, organizaciones campesinas, cooperativas, indígenas, garífunas, de derechos humanos y de desarrollo vinculadas a la problemática agraria en Honduras, conformando así una alianza histórica que propone soluciones para resolver la crisis del sector agrario en el marco del estado de Derecho.