Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, líderes del Movimiento Campesino, enfrentan a la justicia nicaragüense por los delitos de crimen organizado, asesinato, terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos, ante el Juez Sexto Penal de Audiencia, Henry Morales, en la ciudad de Managua, la capital del país.
Los sindicados fueron arrestados el pasado 13 de julio en medio de las manifestaciones antigubernamentales realizadas por los ciudadanos nicaragüenses, que han dejado a centenares de muertos, heridos, desaparecidos y presos en enfrentamientos contra las fuerzas armadas.
Mientras el juicio se llevaba a cabo, se realizaban aglomeraciones frente al Complejo Judicial de Managua en apoyo a los campesinos, considerados por muchos sectores de la sociedad local como presos políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Para Edwin Carcache, líder del Movimiento 19 de Abril, es un juicio injusto. "Medardo y Pedro están siendo juzgados de manera injusta, todos los presos por la crisis son los que han estado con nosotros, no hay policías ni paramilitares presos", afirmó.
"Las garantías son nulas, no conoce el juez natural del caso según la constitución política. No hubo defensor en primera audiencia porque negaron el ingreso", afirmó Julio Montenegro, abogado defensor de los acusados, quien denuncia irregularidades en el procedimiento, debido a que hicieron la audiencia a puerta cerrada, cuando la ley nicaragüense contempla que las audiencias sean orales y públicas.
Criminalización del manifestante
Mairena es integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que adelantaba un diálogo nacional con el Gobierno, actualmente suspendido, para encontrar una salida a la actual crisis, considerada como la más sangrienta desde la década de los años 80, cuando Daniel Ortega también era presidente de Nicaragua.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país centroamericano vive una especie de "tercera fase" de represión gubernamental, mucho "más ruda, más explícita y burocrática" que lleva a la "criminalización del manifestante", una etapa posterior después de haber agredido a quienes protestaba en las calles.