Los beneficios de la competencia institucional se alcanzan bajo ciertas normas que impiden la violación de derechos y la depredación de los recursos. La competencia horizontal puede tomar la forma de agresión violenta entre jurisdicciones (guerra) o la de cooperación y comercio. Su impacto puede ser “negativo” si substrae recursos de gobiernos benevolentes comprometidos con el bienestar general de la comunidad, pero “positivos” si se los considera como otra forma de controlar el Leviatán.

Los conflictos de tierras en comunidades aimara, a pesar de ser numerosos, han sido poco estudiados. Este artículo se adentra en el examen de las contradicciones por dominios de tierras entre las comunidades de Chulluncane y Villablanca del altiplano de Tarapacá. Analiza la dimensión simbólica y material de las disputas territoriales, el carácter histórico de las desavenencias y los aportes de geógrafos y otros cientistas para comprenderlos.

Este trabajo da cuenta de la visión de desarrollo y su incidencia en la implementación del acuerdo uno (1) de la Habana sobre Desarrollo Rural Integral, desde el enfoque de paz territorial y los mecanismos construidos para la consecución de la paz en sus territorios por las comunidades negras en el Medio Atrato Chocoano.

Este trabajo de investigación analiza el conflicto generalizado en la Amazonía peruana por el derecho y el uso del territorio, cuyo punto más visible es lo ocurrido en Bagua en junio del 2009, con lamentables resultados y donde se puso en evidencia una difícil relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades nativas de la Amazonía.

Las redes organizativas de los campesinos costeños en algunas zonas de Guayas y Los Ríos fueron muy importantes en la década de 1970 cuando la reivindicación principal era la tierra. Esto cambió después de 1980 con la existencia de otras demandas campesinas que no pudieron ser resueltas por las organizaciones. Sin embargo desde 1990 se observa la aparición de organizaciones de segundo grado articuladas por la Iglesia Popular que se sustentan en las comunidades eclesiales de base cuya acción busca la satisfacción de múltiples demandas de los pequeños productores rurales.

La promulgación de la Ley 387 de 1997 en Colombia, funda un nuevo sujeto jurídico que será nombrado, definido y reconocido bajo la categoría "desplazado". Desde la promulgación de la Ley 387 de 1997, “En Colombia, el empleo de la categoría "desplazado" se encuentra usualmente acompañado del verbo ser y no del estar, generando que ser "desplazado" no sea asumido como una situación transitoria de la cual pueden salirse quienes han quedado registrados en dicha categoría sino que, por el contrario, ser "desplazado" comienza a ser asumido como una identidad (Osorio, 2000:177).

Desde el reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado, el Estado ha ampliado y fortalecido la protección para los derechos de las víctimas. No obstante, las vulnerabilidades asociadas a la situación de desplazamiento se han agudizado. Este escenario da cuenta de una relación paradójica. En este trabajo pretendo mostrar una de las caras de esa situación, la forma en que el Estado ha administrado el asentamiento de la población en situación de desplazamiento como una forma de respuesta a las demandas de las víctimas para la cesación de la situación de desplazamiento.

La presente tesis tiene como objetivo principal realizar una descripción sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia, así como de los avances que el Estado ha implementado en la política de prevención y atención de la población afectada por este fenómeno, en especial de los mecanismos de reparación establecidos para lograr el restablecimiento de derechos a través de la restitución de tierras.

As reflexões e discussões contidas neste artigo são oriundas de ações realizadas no projeto “Interface entre extensão e pesquisa no acompanhamento de empreendimentos econômicos e solidários em comunidades tradicionais e áreas de quilombo no território da Cidadania na Baixada Cuiabana MT”.

This study provides a case study of the mango value chain in Kenya and seeks to better understand key linkages between land rights and project outcomes. It explores (1) whether and how land rights for Kenya’s mango farmers affect project uptake and success; and (2) what (if any) are this project’s unintended consequences on land tenure in implementation areas.