300 familias del corregimiento de Guáimaro que acceden colectivamente a la tierra, luego de ser víctimas de desplazamiento forzado a causa del paramilitarismo y que en un segundo momento, al retornar a su tierra, se enfrentaron con un proceso de desconocimiento y vicio institucional en lo concerniente al proceso de restitución de tierras.

30 familias organizadas resisten la expulsión por parte de los hacendados, defendiendo la tierra donde han vivido. Luego de largas negociaciones, donde los campesinos resisten las acciones de los hacendados en su contra, se llega a un acuerdo y cada una de las 300 familias recibe una parcela de tierra, titulada familiarmente, en contraprestación por sus años de trabajo en las grandes haciendas

El acceso a la tierra depende de su defensa ante el intento de expropiación, especialmente si tienen potencial económico. Una familia campesina difícilmente podría defender su tierra de forma aislada ante empresas, grandes propietarios, el propio Estado; la estrategia de afirmar la organización comunal es fundamental en la lucha por consolidar la tenencia y propiedad de la tierra campesina.

Se trata del caso de una comunidad indígena que se organiza para recuperar tierras en manos de terratenientes, basados en sus derechos ancestrales, y el reconocimiento de su territorio.

El caso de comunidades migrantes que se establecen en tierras baldías y luego, el Estado construye una represa que inunda sus tierras, y los desplaza, afectando su vida, y obligándolos a años de lucha demandando una justa indemnización y la dotación de nuevas tierras.

Se trata de un caso de legitimación y legalización de la posesión de tierra, que permite a los comunarios acceder a mayor participación dentro de los recursos y programas productivos de su municipio. Ubicada en plena frontera Brasil-Bolivia, se disputa el control territorial con los intereses de empresas madereras y expone las peculiaridades de la extranjerización de la tierra.

Caso de comunarios que a pesar del régimen de violencia material y simbólica que enfrentan, continúan la lucha por un pedazo de tierra para reproducir la vida. La Calera es el territorio donde durante 20 años de disputas entre 17 comuneros y comuneras indígenas y el poder financiero y los terratenientes de herencia colonial, se enfrentaron por la propiedad y el uso de nueve hectáreas.

Las autoridades campesinas de Zongo en la lucha por la defensa de su territorio demostraron que legítimamente son autoridades para ejercer justicia en sus territorios y en lugares donde la gente quiera acogerse a su jurisdicción, se abrió un camino para practicar su autodeterminación recuperando las tierras que había acaparado un empresario minero.

La familia mapuce de María del Carmen Puel vive ancestralmente en su territorio y desde el año 2000, se constituyen, junto a otras cuatro familias, como comunidad “Plácido Puel”, luchando por defender su territorio de las amenazas de las inversiones inmobiliarias ligadas al turismo, que pretenden quitarles sus tierras

Caso sobre la persistencia y la vigencia de la lucha por la tierra en el Ecuador, sobre todo en territorios donde se profundiza el modelo de acumulación capitalista en el campo. Las organizaciones campesinas pasan de la posesión de la tierra a procurar su legalización; proceso en el que se involucran con la política pública que termina desalojándolas de esos predios.

Este caso se centra en un territorio amenazado por la minería a gran escala en donde las comunidades han construido estrategias para proteger su espacio de vida ante la amenaza, entre ellas, la compra de predios con bosque nativo a otros propietarios para manejo comunitario.

Caso de la otorgación estatal de un título de propiedad comunal y sus límites a la comunidad Kichwa Ayapata con una serie de conflictos de por medio, y su repartición a 40 familias de la comunidad