Se trata del caso del Consejo Comunitario comunidad negra de Pilamo y Palenque, reconocido como territorio por ley, a partir de procesos de ocupación pacífica de ttierras, negociación de compra de las mismas por parte del Estado y la correspondiente adjudicación.
Belén de Andamarka titula su territorio de forma colectiva y cambia su estatus orgánico de ayllu a marka, apligando su derecho a la libre determinación y la gestión del territorio, para acceder a mayores recursos municipales. Su apuesta por la reconstitución territorial es la autonomía administrativa pues el Estado les impone su burocracia y centralismo.
Es el caso del Cabildo Indígena del Resguardo de Corinto, que accede colectivamente a su territorio ancestral a través de procesos de recuperación de tierras de la mano del Estado, y también, mediante compra convencional de tierras, para añadirlas al espacio comunitario.
La violencia política entre el Estado peruano y un grupo levantado en armas (PCP-Sendero Luminoso) obligó a los habitantes de Viscatámpata a un desplazamiento forzado para salvar sus vidas. El caso relata la historia del retorno y recuperación de la tierra abandonada en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, Perú.
La familia mapuce de María del Carmen Puel vive ancestralmente en su territorio y desde el año 2000, se constituyen, junto a otras cuatro familias, como comunidad “Plácido Puel”, luchando por defender su territorio de las amenazas de las inversiones inmobiliarias ligadas al turismo, que pretenden quitarles sus tierras
Esta es la historia de la Comunidad Indígena Yvyratymi (Vega Cué), en Paraguay, que apenas logró recuperar una parte de su territorio, 205 hectáreas. Se trata de su retorno y el arraigo al territorio como el principio de la reconstrucción de su identidad y la armonía en sus vidas. La titulación de sus tierras se concretó en 2006, con el apoyo y gestión constante de las Carmelitas Misioneras.
La experiencia está ubicada cerca a la propuesta de área de conservación regional Señor de la Cumbre – Inambari, en provincia Tambopata, Perú, donde ocurren y se desencuentran diferentes actividades económicas y formas de organización social que se sujetan a los procedimientos oficiales de acceso a la tierra, pero también que ejercen formas de control social y alternativas al extractivismo.
Maroba dos Teixeiras foi reconhecida como comunidade quilombola pela Fundação Palmares no 26 de janeiro de 2009. Comunidades quilombolas são aqueles grupos formados por sujeitos afrodescendentes que resistiram ao sistema escravista que perdurou dos séculos XVI a XIX no Brasil. Além do acesso à terra, as comunidades lutam por ter sua cultura respeitada, acesso à educação e saúde.
Se trata del caso de la población afro de La Alsacia, que se encuentra organizada como Empresa Comunitaria para promover el desarrollo de la comunidad en términos productivos, culturales y organizacionales, a parir de haber accedido a la tierra colectivamente luego de sufrir desplazamientos por la violencia en Colombia.
El caso de la familia Nina Puma se constituye en un ejemplo de acceso a la tierra a través de transferencia de tierras por medio de la herencia en la comunidad de Acopía y la compra de un terreno en la ciudad de Cusco, Perú. El retorno a la comunidad de Acopía se transformó en un emprendimiento familiar vinculado a proyectos de mejoramiento de viviendas y la oferta turística vivencial.
A comunidade quilombola Guajará Mirim é formada por cinco povoados e conta com 140 famílias. Está localizada no município de Acará, região do Baixo Acará, nordeste do estado do Pará. A área da comunidade soma 1.024,1954 hectares titulados em 2002 pelo Instituto de Terras do Pará. O título foi dado em nome da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos Filhos de Zumbi.
O Assentamento Oziel Alves Pereira é um caso de dotação territorial efetuada pelo Estado. O Assentamento foi criado em 2002 e reúne 553 famílias, organizadas pelo MST. Corresponde ao processo tradicional de Reforma Agrária realizado pelo governo brasileiro, na qual famílias de camponeses pobres sem-terra recebem do governo um contrato de uma propriedade rural por 10 anos.