In this paper, we discuss ties between territoriality, and the construction of an indigenous identity and their own land-related judicial institutions, based on the case study on the indigenous community settled on reservation Cañamomo-Lomaprieta, located in the localities of Riosucio and Supía, department of Caldas, Colombia.

La Ley de Reforma Agraria de octubre de 1973, impuso severas penas a quienes mantenían la tierra explotada o inexplotada fuera del contexto de función social. El Estado aparece así no sólo como el ente que responde a las necesidades campesinas, aquel que sanciona las deficiencias sociales, sino también como aquel que conduce los hilos de las relaciones y no permite que el campesinado haga de la reforma agraria el campo de sus aspiraciones.

Este artículo tiene como objetivo analizar el derecho como un recurso empleado por los actores político-administrativos y sociales estratégicamente y con diversas funciones sociales en las políticas públicas territoriales, tomando como caso de análisis la Política Pública para la Prevención del Desplazamiento Forzado, la Protección, Reconocimiento, Restablecimiento y Reparación de la Población Afectada por el Desplazamiento Forzado en el Municipio de Medellín.

La nueva "Ley de prenda sin desplazamiento", contenida en el artículo 14 de la Ley Nº 20.190, autoriza la pignoración de "valores emitidos sin impresión física del título que los evidencie", que en otro lenguaje se llaman "valores desmaterializados".

En el artículo, basado en tres estudios sobre tenencia de la tierra en los municipios atendidos por el programa de Desarrollo Rural Integrado –DRI- en los departamentos de Córdoba (1986), Sucre y Atlántico (1987) se ilustran las ideas principales, relativas a la reforma agraria, que se desprenden de los mismos. Así: 1. la reforma debería afectar los predios de todos los tamaños pertenecientes a los terratenientes; 2. es necesario un plan de reforma que afecte tierras fértiles y bien situadas; 3.

El principal deber del Estado, es el de respetar y hacer respetar los derechos de las personas consagrados en la constitución y en los tratados internacionales, en la realidad material la actuación de los gobiernos autónomos municipales ha sido irregular y ha incumplido con su deber de respeto del derecho de propiedad, siendo una práctica reiterativa el establecer afectaciones a las propiedades de los particulares, las que en muchas ocasiones han resultado arbitrarias e ilegitimas, escapando sutilmente del control de legalidad; y, en la ejecución de los diversos proyectos de los planes de o

El presente artículo da cuenta de las relaciones entre indígenas y comunidades negras en la zona del Norte del Cauca (San Rafael y Monte Teta) y del Norte del Chocó (Unguía), enfocándose en las situaciones de conflicto por el territorio; ello con el objetivo de demostrar que los grupos étnicos no son homogéneos ni presentan un estado de inercia en el tiempo.

El problema de la distribución de la propiedad rural continúa vigente hoy en Colombia.

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el propósito de determinar en qué medida la Protección constitucional de la propiedad comunal estaría siendo afectada por las actividades mineras. Para ello se estableció la siguiente hipótesis: La Protección constitucional de la propiedad comunal estaría siendo afectada en manera perjudicial por las actividades mineras.

Environmental  ordering is a process  that promotes  adequate  land  use  through regulation, planning and management of the elements of a specific environment. Nevertheless, the process of environmental ordering has been assumed as static, considering only physical aspects in the analysis of environmental problems.

Civilmente se han definido los derechos personales, derechos de crédito o crédito, como aquellos que solamente pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o por la sola disposición de la Ley han contraído obligaciones correlativas.

La historia colombiana de la última mitad del siglo anterior se caracterizó por un fuerte conflicto armado en donde confluyeron múltiples fuerzas, tales como la insurgencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la violencia social. Como consecuencia de lo anterior, se generó al interior del territorio colombiano una gran cantidad de víctimas del conflicto que conformaron un universo de alrededor de 7 millones de personas, que constituyen la población desplazada más grande de la historia institucional colombiana.