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La privatización de la Amazonía brasileña
Raúl Zibechi
El primer punto a considerar es la hegemonía de la bancada ruralista en el Parlamento y en el Gobierno. Se trata de las viejas oligarquías que protagonizaron la historia de Brasil, aliadas ahora con una nueva camada de ocupantes ilegales de tierras que los sucesivos Gobiernos han legalizado. Pero en estos momentos los ruralistas están promoviendo leyes que prevén incluso la extinción de las Unidades de Conservación si no hay indemnización a los “propietarios” que las ocupan de modo legal o ilegal.
De aprobarse el proyecto de ley presentado por los ruralistas, sería un enorme paso atrás en la conservación de la Amazonia y en el combate a la deforestación. Datos oficiales muestran que el 21% de la selva amazónica ya fue devastada pero que dentro de las Unidades de Conservación se mantiene prácticamente intacta.
Por otro lado, la nueva legislación vulnerará los compromisos adquiridos por Brasil en la Conferencia del Clima para contener la deforestación, proceso que debería estar detenido en 2030 y reducido a sólo 3.900 kilómetros cuadrados anuales en 2020.
La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado “Dueño es el que deforesta”, sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.
Luego venden la tierra a los ganaderos y los sojeros, legalizándola de forma también irregular, usando a su favor resquicios legales y la corrupción de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la Amazonia.
La ocupación ilegal de tierras va de la mano de la violencia contra campesinos, indígenas y pescadores, según un reciente informe de la periodista Eliane Brum en el diario brasileño El País. Desde que Temer ocupa el Palacio de Planalto, se registra
un incremento sustancial de las muertes por conflictos de tierra, a razón de un asesinado cada seis días. Son 47 en lo que va de 2017, como señalan los informes periódicos de la Comisión Pastoral de la Tierra.
La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado “consorcio de la muerte” está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.
El Gobierno debió dar marcha atrás en su intento por anular la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), un área de 46.000 kilómetros cuadrados creada en 1984 que fue bloqueada a los inversores privados. Su objetivo es abrir la reserva, entre los estados de Pará y Amapá, a la minería aurífera. La oposición de la sociedad fue tan grande, que en apenas un mes Temer debió retirar el decreto.
La tercera cuestión es la más compleja porque tiene un carácter estratégico. Podemos focalizarla en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, con acceso privilegiado a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco que conectan la Amazonia con el Caribe. En Roraima están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil en 2003.
Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.
El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un “espacio económico común”, en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.
Los militares nacionalistas brasileños tienen perfecta conciencia de esta situación. Afirman que el declive estratégico de Estados Unidos implica retrocesos en todo el mundo menos en el área del Caribe, que es la fuente histórica de su poder. Citando un trabajo de los periodistas Robert D. Kaplan y Karen Hooper, publicado en Stratfor bajo el título 'La fuente del poder estadounidense', recuerdan que el Gran Caribe del imperio abarca desde Yorktown (Virginia) hasta las Guyanas, o sea hasta la selva amazónica.
En esa región, aseguran los nacionalistas, se está produciendo una "ocupación internacional silenciosa" de la mano de ONG ambientalistas que han promovido la instalación de reservas indígenas y forestales que "obstaculizan cualquier actividad económica moderna". Sostienen que a través de organismos internacionales,
Washington sigue aspirando a controlar la Amazonia, acotando la soberanía de Brasil sobre la región con la excusa del conservacionismo ambiental.
Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.
Fuente: Sputnik News
