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Las investigaciones y los testimonios directos de los participantes constataron cuán dramática es la situación de los pueblos indígenas/autóctonos y de las comunidades rurales en general (campesinas, forestales, pastoriles y de pescadores). Son 2,5 mil millones de personas las que pertenecen a estos pueblos, que viven en tierras compartidas y las usan de modo comunitario. Sin embargo, sólo una quinta parte de estas tierras está registrada como territorio comunitario por los gobiernos nacionales. En la mayoría de los casos, el Estado no ofrece ningún tipo de protección de los derechos comunitarios sobre las tierras, aun cuando están ocupadas desde hace siglos por pueblos indígenas/autóctonos. Eso hace que sea muy difícil para estos pueblos, conservar tierras y recursos naturales en contra de los procesos de acaparamiento. Esta inseguridad de la tenencia colectiva de la tierra deja que los Estados consideren estas tierras como su propiedad y las asignen a empresas extranjeras o nacionales.