En el Día Internacional de la Mujer Rural, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Argentina presentó una campaña bajo el lema “Mujeres Rurales, motores del desarrollo” con el propósito de instalar en la agenda nacional la problemática que tienen hoy las mujeres rurales en la Argentina. Al respecto opinó para Télam Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres.

Por Fabiana Tuñez (*)

La violencia hacia las mujeres, es la violación a los derechos humanos más frecuente, extendida y generalizada en todo el mundo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres sufre o sufrirá violencia de género (física, sexual y psicológica) a lo largo de su vida. Esta es una realidad que nos duele, nos indigna, pero que fundamentalmente nos impulsa a actuar. La violencia no sólo es una violación a los derechos humanos en sí misma, sino que también representa una barrera para el pleno acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. De tal suerte, desde el Consejo Nacional de las Mujeres trabajamos en la prevención, atención y erradicación de la violencia como el punto de partida para garantizar que todas las mujeres de nuestro país puedan disfrutar de los mismos derechos.

En lo que refiere particularmente a las mujeres rurales, es dable destacar que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), hace una referencia puntual al consignar en su artículo 14 el reconocimiento de los derechos y la especificidad de las necesidades y problemáticas de este colectivo.

La CEDAW reconoce la importancia del rol que desempeñan las mujeres en la supervivencia económica de las familias rurales, tanto en lo que refiere a la producción de alimentos y productos artesanales como a las labores domésticas no remuneradas. En este sentido, la literatura especializada en la temática reconoce la histórica invisibilización de las mujeres rurales ligada a una división sexual de trabajo que subordina el trabajo femenino al masculino y posiciona al varón como jefe de la unidad de producción. Esta subyugación del trabajo y rol de las mujeres tiene efectos contundentes en términos de un desigual acceso a recursos naturales y económicos, al control de la tierra y acceso al crédito así como también a espacios de socialización y participación. Desigualdad que se traduce en desventajas concretas -por mencionar algunas- como la sobrecarga de tareas, la escasa o nula autonomía económica, la falta de valoración respecto de su contribución a la producción agropecuaria y la sub-representación de las mujeres en los espacios de participación y toma de decisión.

Por eso desde el Consejo Nacional de Mujeres apoyamos y difundimos la campaña de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) que busca visibilizar las problemáticas específicas de las mujeres rurales y sensibilizar a los distintos poderes del estado, en todos sus niveles, para el diseño y la efectiva implementación de políticas públicas y legislación que aseguren la transversalización de género para lograr cerrar la brecha en la agricultura.

En lo que refiere a las condiciones de vida, todo política de género sensible a las realidades locales debe reconocer las distancias, el aislamiento y la escasez de medios de transporten que caracteriza la mayor parte de las zonas rurales del país.

Así cómo es posible advertir que la necesidad de recorrer largas distancias en búsqueda de leña y agua -en épocas de sequía- explica en gran parte la sobre-carga de trabajo para las mujeres; en lo que refiere a la violencia de género: el estado de los caminos, la geografía y la falta de transporte público dificulta la accesibilidad de las mujeres a los servicios integrales durante la ruta crítica. Sumado a patrones socioculturales que naturalizan la violencia hacia las mujeres, el aislamiento por un lado y los vínculos de cercanía característicos de estas zonas dificultan la visibilización de esta problemática al tiempo que su abordaje.

Teniendo en consideración la diversidad geográfica del país, las disparidades regionales en términos de acceso y calidad de los servicios de salud, educación y justicia, y la variable cultural como características particulares de estos territorios, desde el Consejo Nacional de las Mujeres consideramos necesario adecuar el Plan Nacional de Acción de acuerdo a las características de las diferentes regiones al tiempo que la especificidad de las necesidades de las mujeres rurales.

Por un lado, el Plan plantea un eje de prevención vinculado a la difusión de la Línea gratuita 144 y a las campañas masivas de concientización y promoción de derechos especialmente diseñadas para los diversos colectivos de mujeres: las migrantes, las mujeres trans, aquellas rurales y las pertenecientes a pueblos originarios.

Con la firme certeza que de la violencia se puede salir, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género (2017-2079), representa una apuesta hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Desde el Consejo Nacional de las Mujeres consideramos que el Plan es una oportunidad para empoderar a todas las mujeres del país, desde la Orán (Salta) a Tolhuin (Tierra del Fuego), con miras a garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias.

(*) Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres.

Publicado originalmente en  Telam